No se trafica con las instituciones

“Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros. Es sabido que la gobernanza del país no se limita al Consejo de Ministros, sino que incluye relevantes instituciones que tienen encomendadas funciones muy destacadas en distintos ámbitos, desde lo social o lo fiscal, desde lo jurídico a lo energético. Nuestra propuesta incluye también responsabilidades capitales al frente de esas instituciones y órganos que no están supeditados al Consejo de Ministros”. Pedro Sánchez, Estación de Chamartín, 3 de septiembre de 2019.

Transcribo el párrafo completo para certificar que lo que narraron las crónicas del mitin del PSOE en Chamartín refleja fielmente lo que allí se dijo. Admito que tuve que escucharlo varias veces hasta convencerme de que mis sentidos no me engañaban.

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Sí, se trata del líder de un partido nacional, presidente del Gobierno en funciones y aspirante a la investidura, ofreciendo a otro partido el conjunto de las instituciones del Estado como mercancía de trueque. Todas menos el Consejo de Ministros, que resulta ser la única que cabe legítimamente en una negociación como esta, y también la única de la que un eventual jefe del Ejecutivo puede disponer sin quebrantar la letra y el espíritu de la ley.

El Gobierno que preside Sánchez ha dado abundantes muestras de la impresionante elasticidad de su concepción institucional. Desde el abuso de los decretos-leyes para vulnerar el procedimiento legislativo ordinario y sortear su minoría parlamentaria hasta la sistemática utilización de las plataformas oficiales como tribunas propagandísticas de partido, pasando por la tómbola de cargos entre amigos y enemigos íntimos del presidente (la clave está en la palabra 'íntimos'), la destrucción sectaria de organismos antaño respetados como el CIS, el planificado secuestro de la radiotelevisión pública y, sin duda, lo más grave: las intentonas de interferir en el curso de la Justicia para proteger su relación privilegiada con los partidos insurreccionales de Cataluña.

Todo el acontecer político desde las elecciones del 28 de abril ha estado atravesado por una constante y deliberada confusión entre el plano partidario y el institucional. Moncloa haciendo de Ferraz, el Consejo de Ministros suplantando a la dirección del PSOE, el candidato a presidente travestido en presidente-candidato, Hacienda usando la financiación de las comunidades autónomas como cachiporra de convicción y/o disuasión política, la portavoz del Gobierno ejerciendo de relatora y prescriptora de la no-negociación, la vicepresidenta encabezando a los centuriones, el director del Gabinete presidencial actuando como sumo nigromante de las maniobras en la sombra —incluidas las de intoxicación mediática—… No se ha visto una negociación poselectoral seria en el Parlamento, sino un aparato de poder gubernamental defendiendo a dentelladas su supervivencia.

Lo del martes en Chamartín superó todo lo anterior. Para asegurarse el monopolio del Gobierno, Sánchez sacó a subasta todo aquello de lo que no puede disponer. Su mensaje a Pablo Iglesias fue inequívoco: te cierro las puertas del Gobierno, pero te abro las del resto del Estado. Releamos con atención:

“Altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros”. Puesto que el Consejo de Ministros es (nada menos, pero nada más) la cúpula del poder ejecutivo, hemos de entender que, en el ideario sanchista, el Gobierno dirige el cotarro y todo el entramado institucional del Estado se limita a complementar su trabajo. Como diría un peronista, uno conduce y los demás acompañan. La única salvedad es que la Constitución dice algo muy diferente.

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¿Cuáles serían esas instituciones que se ponen a la venta para engolosinar a Podemos? Sánchez no quiso ponerles nombre, pero dejó claras tres cosas: a) que tienen encomendadas funciones muy destacadas en ámbitos sociales, fiscales, jurídicos y energéticos; b) que, en todo caso, se trata de “instituciones y organismos no supeditados al Consejo de Ministros”: es decir, que no dependen de él, y c) que Podemos ejercería “responsabilidades capitales al frente de ellas”. Ojo, no participando, sino a su frente. Responsabilidades capitales. Es imposible que a los redactores del discurso se les escaparan las implicaciones de esas palabras.

Cuando se repasa el listado de instituciones del Estado fuera del ámbito del poder ejecutivo, se revela el disparate de la oferta. Por una parte, está la Corona: no creo que Sánchez pensara en eso. Por otra parte, todo lo que pertenece al poder legislativo: las dos Cámaras, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Instrumentos del Parlamento para, entre otras funciones, controlar al Gobierno. El candidato las ofrece como si fueran de su propiedad.

En tercer lugar, los órganos del poder judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Es ahí donde Sánchez se permite ofrecer a Iglesias “responsabilidades capitales al frente” de esas instituciones? ¿Se trata de que Calvo y Echenique se repartan durante este fin de semana la Fiscalía del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo o el Constitucional?

También están los órganos reguladores de la economía, como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Escalofríos en Bruselas si eso entra en la cesta de la compra en vísperas de una recesión.

Por último, el entramado empresarial público, con empresas estratégicas como Red Eléctrica, RTVE o Correos, en las que, al parecer, Sánchez estaría dispuesto a sustituir a los capataces que él designó por otros que designaría Iglesias.

La oferta tiene también mucho de fraudulento. Porque en la mayoría de esas instituciones la designación de sus responsables no depende del Gobierno y, además, se exigen mayorías cualificadas inalcanzables sin un consenso con la derecha. La mercancía no solo no es propiedad del supuesto vendedor, sino que ni siquiera está a su alcance.

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Hay un cebo adicional en la propuesta: crear una oficina de cumplimiento del acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda. Imagínenlo en el BOE: real decreto por el que se crea un órgano oficial para supervisar el cumplimiento del pacto entre el PSOE y Podemos. Quizás en esa norma insólita se aclararían las consecuencias del incumplimiento, que siguen siendo un misterio.

La colonización política del Estado es uno de los rasgos distintivos del populismo. Puede decirse que esta versión del PSOE no solo ha copiado a Podemos la mitad de su programa, también se ha contagiado de su desprecio por la división constitucional de los poderes. Se aproxima para la izquierda el momento de preguntarse: más allá de la pelea de gallos, ¿para qué dos partidos?