Por un Presupuesto de concertación nacional

Si en la política española quedara un resto de cordura, el Gobierno y el primer partido de la oposición llevarían semanas negociando todo el paquete presupuestario de 2021, buscando establecer el rumbo de la política económica al menos hasta el final de la legislatura. Así comenzarían a responder al exhorto del gobernador del Banco de España, autor del diagnóstico más honesto, realista y certero que se ha escuchado sobre esta depresión económica.

Aparentemente, se dan todas las circunstancias propicias para ello. Concurren dos crisis pavorosas, sanitaria y económica, que se potencian mutuamente y amenazan con arruinar el país para más de una década. El compromiso de la Unión Europea abre un hilo de esperanza para que la acción combinada de la pandemia y la recesión no desemboque en hecatombe; pero a la vez, fija rotundamente los términos y límites a que debe ajustarse la conducción de la economía en los próximos años, gobierne quien gobierne. Y no hay elecciones nacionales inmediatas en el horizonte. Un marco que pide a gritos una política de concertación nacional.

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Sin embargo, eso es lo único que se sabe con certeza que no ocurrirá. Hoy se barajan toda clase de combinaciones sobre la mayoría que sacará adelante los Presupuestos. Solo se excluye la que reclaman el momento histórico, los analistas más lúcidos dentro y fuera de España, la Unión Europea, el grueso de la sociedad y un sentido elemental del patriotismo ante una crisis que pone en peligro las constantes vitales del país.

El único Presupuesto que respondería cabalmente a la gravedad de la situación de España sería uno que pudiera ser respaldado por 250 diputados. Lo demás son regates de políticos mezquinos y política pequeña.

Ninguna de las razones que se aducen para rechazarlo se relaciona con la conveniencia objetiva del país; más bien, con las conveniencias subjetivas de los actores políticos. Sánchez cree que necesita mantener viva la confrontación bipolar entre su caleidoscópico 'bloque progresista' y una alternativa compacta de PP y Vox. Contempla esa dicotomía como su seguro de vida, que en la instancia final lo rescataría de los efectos electoralmente corrosivos de la crisis.

En cuanto al PP, no está dispuesto a asociarse a una gestión compartida de la crisis sencillamente porque espera que la crisis lo conduzca al poder. Ha asumido hasta el final la vieja tesis de que las elecciones no las gana la oposición, las pierde el Gobierno. La perspectiva de heredar un campo de tierra calcinada no parece conmoverlo.

Como análisis electoral, ambos tienen fundamento: una tregua actual debilitaría la fuerza reactiva del cisma final en que depositan sus cálculos. Como política para España en este momento crítico, es un completo desastre.

Es llamativo que se repartan de antemano apoyos y rechazos a los Presupuestos sin que se haya mostrado aún una sola cifra de estos. Se anuncian votos favorables y contrarios, se cruzan vetos preventivos, Sánchez reclama adhesiones incondicionales a un proyecto presupuestario que mantiene oculto (si es que lo tiene). Parecería que la decisión de respaldar o tumbar las cuentas públicas fuera completamente ajena a su contenido. Lo malo es que, de hecho, así es.

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Cuando se comenta que la aprobación del Presupuesto de 2021 garantizaría al actual Gobierno la legislatura completa, late el sobreentendido de que Sánchez tirará con él hasta el final de la legislatura, evitando exponerse a nuevas pruebas. Eso otorga a este trámite el valor político de una segunda investidura, y pone por las nubes el precio de cada voto.

Aunque no se conozca nada sobre el proyecto del Gobierno, su orientación ya está definida. Figura en dos documentos: en la parte económica del texto que se votó esta semana en el Congreso, procedente de la comisión de reconstrucción. Y, sobre todo, en las “recomendaciones específicas para cada país”, referidas a España, que aprobó en su día la Unión Europea. Recomendaciones que han pasado a ser vinculantes desde que la entrega de las ayudas del fondo de recuperación se hace depender de que las políticas nacionales se ajusten a ellas. Cualquier desviación sustancial activará la paralización del flujo de recursos europeos a España. Rutte permanece atento.

Ahí se contiene un programa económico que desmiente y sustituye al fundacional de la coalición de gobierno, que nació obsoleto y hoy es ya un cadáver en descomposición. El acuerdo de Bruselas proporciona a Sánchez oxígeno para respirar, pero restringe drásticamente su margen de maniobra. Ahora tiene sobre la mesa un nuevo programa económico, de cumplimiento obligatorio, que apunta taxativamente a los cuatro grandes agujeros de la economía española: el mercado de trabajo, el sistema de pensiones, el déficit y la innovación. En todos esos capítulos, el nuevo programa es incompatible con las alegrías populistas del Sánchez prepandémico y sus socios.

Calviño ha sido la primera en captar el mensaje. La lista —impresionante por su nivel— de los componentes del Consejo Asesor de Asuntos Económicos que acaba de formarse bajo su tutela señala claramente una dirección. Pese a su derrota en el Eurogrupo, este Gobierno está abocado a funcionar como una coalición entre el presidente del Gobierno y su ministra de Economía. Como debe ser.

En esta coyuntura, España no puede permitirse que los Presupuestos sean rechazados por el Congreso. El Gobierno tendrá que sacar los votos de donde sea, sabiendo que en ningún caso podría digerir una derrota. Las condiciones han quedado claras: sin Presupuestos ajustados a la nueva ortodoxia, no hay ayudas europeas, y sin ayudas, no hay España viable.

Precisamente la certeza de que el rechazo del Presupuesto es un escenario insensato debería inducir a los dos grandes partidos a revisar sus planes. Pablo Casado haría bien en enarbolar el acuerdo de Bruselas y exigir garantías de su cumplimiento íntegro y riguroso como condición de un apoyo vigilante. Ya que el Presupuesto tiene que salir adelante para que el país no se suicide, siempre será mejor formar parte de la solución. Y Sánchez debería abandonar su fatua y chulesca demanda de sumisión incondicional, admitir de una vez que su programa de investidura ha sido enterrado por la realidad y sentarse a negociar seriamente la aplicación del nuevo programa con la oposición constitucional. Si lo hicieran —que no lo harán—, el maltrecho crédito de España en Europa recibiría una potente inyección de vitaminas.

Pese a sus baladronadas, Pablo Iglesias no será un problema. Sin partido, sin confluencias, sin votantes y con su liderazgo arruinado, solo le queda una cartera que lo identifica como vicepresidente del Gobierno. A ella se aferrará le cueste lo que le cueste, y tragará lo que le pongan delante —incluido el voto de Ciudadanos—. Su capacidad de veto y de chantaje se ha extinguido, porque no puede arriesgarse a salir del Gobierno ni a pasar por las urnas.

El drama de ese matrimonio de conveniencia es que Iglesias agarra a Sánchez por el cuello, pero no lo puede asfixiar ni decapitar porque él mismo caería al vacío. Y ambos lo saben.