El desacato constitucional del PP

Resulta complicado sostener a la vez, como hace Casado, que no negocia porque no conoce el contenido y que no negociará cualquiera que el contenido sea

Foto: El líder del PP, Pablo Casado (EFE)
El líder del PP, Pablo Casado (EFE)
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Aprobar o rechazar el proyecto de Presupuestos es una opción libre de los grupos políticos. Los ciudadanos juzgarán si la decisión fue congruente con el interés nacional. Pero resulta complicado sostener a la vez, como hace Casado, que no negocia porque no conoce el contenido y que no negociará cualquiera que el contenido sea. Las dos afirmaciones no pueden coexistir sin trampa en el mismo discurso (por cierto, estaría bien escuchar alguna vez un argumento sobre la votación presupuestaria que estuviera relacionado con el Presupuesto).

Renovar los órganos constitucionales, por el contrario, no es algo voluntario que pueda depender de criterios estratégicos o de oportunidad. Es una obligación del Parlamento que tiene que cumplirse en tiempo y forma. Negarse a hacerlo es una forma de sabotaje que roza el desacato de la legalidad.

Los mismos que lamentan la impugnación populista de la democracia parlamentaria no cesan de suministrarle munición

Un rasgo distintivo de la crisis política que arrastramos desde 2015 es el repetido fracaso del Parlamento en el cumplimiento de sus funciones esenciales. Hemos asistido a un racimo de investiduras y legislaturas fallidas, repeticiones electorales y gobiernos ultraminoritarios. El último lustro ha sido un desierto legislativo: todas la reformas importantes siguen en el congelador, y ahora padecemos los vacíos acumulados tras cinco años de huelga del legislador. Desde 2018 los sucesivos parlamentos han sido incapaces de aprobar unos Presupuestos del Estado. Y los órganos constitucionales cuya elección depende de las Cámaras permanecen en funciones durante años, con la fecha de caducidad ampliamente sobrepasada. Los mismos que lamentan la impugnación populista de la democracia parlamentaria no cesan de suministrarle munición.

No solo son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En la misma situación están el Tribunal de Cuentas, el Defensor de Pueblo, la televisión pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el FROB…El entramado institucional está obstruido por el sectarismo partidario. Como el país mismo.

En su día se tomó –no sin una fuerte polémica que se prolonga hasta hoy- una doble decisión: residenciar esos nombramientos en las Cortes, con el argumento de que representan a la soberanía popular, y exigir para todos ellos consensos mucho más amplios que la mayoría oficialista. Boicotear esos acuerdos, se haga desde el Gobierno o desde la oposición, sitúa objetivamente a quien así procede en el terreno de la desobediencia constitucional.

No se trata ya de un debate teórico, sino de una cuestión puramente funcional. Si el Parlamento es incapaz de cumplir con el deber que se autoatribuyó, quedarán cargados de razón quienes sostienen que hay que retirarle esa competencia. El precio del partidismo no puede ser la parálisis de las instituciones. Sobre todo, de las que garantizan la seguridad jurídica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado (EFE)

Que no cuente macanas Pablo Casado. La composición actual de los órganos que hay que renovar procede de los tiempos en que el PP tenía mayoría absoluta, lo que le otorgó en ellos una posición claramente dominante. El único objetivo de su obstrucción es petrificar ese dominio, saltando sobre el hecho de que desde entonces ha habido cuatro elecciones generales y otras tantas legislaturas y que la composición de las Cámaras se ha transformado por completo.

En realidad, es preferible interpretarlo así que tomar en serio la construcción argumental que el líder del PP usa como parapeto. Según él, no accederá a renovar los órganos constitucionales mientras Podemos esté en el Gobierno. Otros añaden que el PP debe hacer de barrera para impedir que los de Iglesias penetren en el gobierno del poder judicial. Lo que contiene al menos tres perversiones graves:

  1. Vincular el funcionamiento regular de las instituciones –entre ellas, del Poder Judicial- a que la composición del Gobierno sea satisfactoria para su partido. Si el Gobierno de Sánchez fuera monocolor, ¿estaría Pablo Casado más dispuesto a negociar? Responda sí o responda no, el planteamiento en sí mismo es aberrante.
  2. Sugerir que si el actual Gobierno de coalición subsistiera durante toda la legislatura, el PP mantendría el bloqueo hasta 2023. Y si en las próximas elecciones se repitiera una mayoría parecida, ¿seguiríamos hasta 2027 con las instituciones paralizadas? ¿Qué resultado electoral sería necesario para que el Partido Popular levante el veto?
  3. Arrogarse la facultad de determinar qué grupos parlamentarios son dignos o no de participar en decisiones que la Constitución encomienda al Parlamento entero. Además, presumir que las personas elegidas actuarán como meras correas de transmisión de los partidos que las propongan, lo que dice poco de la estima del PP por la independencia de esos órganos y va contra el espíritu de la ley.

También es peregrino el pretexto de Ciudadanos para borrarse de la tarea. No participamos, dice Arrimadas, porque no estamos de acuerdo con el procedimiento de la elección. Notable. Es como si el juez Marchena se hubiera negado a dictar sentencia en el juicio del procés por discrepar de los aforamientos o de la tipificación de los delitos en el Código Penal. Que cambien la ley a mi gusto y solo entonces contarán conmigo. Digo yo que el orden lógico para un partido responsable es el inverso: primero cumplir la ley vigente y luego proponer que se modifique.

Además, omite Arrimadas que eliminar la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial (al menos, de ocho de sus miembros) y de los magistrados del Tribunal Constitucional exigiría una reforma de la Constitución. Seamos realistas, pidamos lo imposible.

En esta cuestión Sánchez tiene razón en cuanto al fondo, aunque la pierde en la forma. La renovación de los órganos constitucionales no se puede enmarcar en la relación del Gobierno con la oposición. El poder ejecutivo no pinta nada en este proceso, que es territorio exclusivo de los grupos parlamentarios (de hecho, en el pasado siempre fueron los respectivos portavoces quienes condujeron las conversaciones). Mezclar en el mismo discurso esta obligación constitucional con una negociación presupuestaria solo añade confusión y muestra la muy deficiente cultura institucional de los dirigentes actuales del país.

Una forma de desincentivar los abusos políticos sería restringir drásticamente la permanencia en funciones de esos órganos. Que su cese se haga efectivo inmediatamente después de caducar el mandato. Si el filibusterismo de los partidos produjera un enorme vacío institucional, los bloqueadores deberían explicarse y cargar con las consecuencias. ¿Saben por qué no se hará? Porque quienes hoy tienen tanta prisa prefieren conservar la posibilidad futura de procrastinar si cambia la relación de fuerzas.

Casado pone un candado al CGPJ y al TC para blindar un reparto favorable que procede de las elecciones de 2011. Lo que no cuela es que presente eso como una defensa heroica del orden constitucional frente a sus enemigos. La mejor forma de defender la ley es atenerse a ella siempre, no solo cuando nos conviene. Lo otro es más bien desafiar y debilitar aquello que se dice proteger.

Una Cierta Mirada
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