Ante el caos jurídico, un estado de alarma pactado en el Parlamento

09/10/2020 05:00

Adelantado en

Como si no tuviéramos bastante con la tragedia sanitaria y la ruina económica, entre unos y otros nos han conducido también al caos jurídico.

La España del momento es una distopía en directo, un esperpento político e institucional, el reino de la incertidumbre multidimensional. Nadie sabe por dónde le llegará la peste, si tendrá o no trabajo la próxima semana, si puede o no salir de su casa y si al hacerlo estará dentro o fuera de la ley. Ni gobernanza, ni cogobernanza ni gaitas: lo que padecemos es un problema pavoroso de desgobierno chapucero. Eso sí, hay que soportar al señor presidente haciéndose una felación a sí mismo, a los acordes del 'Himno de la alegría', ante la servil presencia telemática de las fuerzas vivas del país. Una mezcla explosiva de 'Black Mirror' y 'La escopeta nacional'.

En un Estado de derecho, cuando todo se tambalea, siempre queda la seguridad que proporciona el ordenamiento jurídico —que por alguna razón se llama así… hasta que también se transforma en desorden—. El Gobierno lleva meses navegando por la pandemia con la legalidad mangoneada. O lo que es peor, convertida en un artefacto multiusos con el que agredir al adversario político y mortificar a los ciudadanos. Lo peor es que por ese camino de la anomia sobrevenida le han seguido la oposición, varias comunidades autónomas, una parte de la sociedad y, finalmente, los mismos jueces. El resultado es que aquí nadie sabe a qué atenerse, salvo el virus.

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Cuando se trataba de defender a dentelladas el mando único de Su Persona, Pedro Sánchez se hartó de repetir que el único instrumento constitucional para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales es el estado de alarma. Tenía razón, pero se le olvidó en cuanto cambió el plan. De ahí pasó a prometer un plan B, consistente en reformar algunas leyes sanitarias para confinar a la población. También incumplió esa promesa. Lo siguiente fue endilgar la sarna de la pandemia a las comunidades autónomas. Y el último paso, al hilo del sainete macabro que ha protagonizado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, es pretender que se puede encerrar a millones de personas con algo que no tiene el rango ni de una orden ministerial. Por el camino, ha subvertido de arriba abajo todo el sistema de jerarquía normativa y de fuentes del derecho que nacen de la Constitución.

Cuando Pablo Casado decidió intempestivamente retirar su apoyo a las prórrogas del estado de alarma, tuvo que inventar algo para justificarlo. Además de apuntarse a la tesis del imaginario plan B, lanzó a sus gobiernos autonómicos a exigir a gritos la devolución inmediata de sus competencias profanadas por el totalitarismo sanchista. Cuando Sánchez le tomó la palabra y se quitó de en medio, pasó a recriminarle la fuga y exigirle que asumiera la responsabilidad de dirigir y coordinar. Y cuando el presidente impuso sus medidas en la Comunidad de Madrid, el líder de la oposición se mesó los cabellos. Aparte de mesarse los cabellos por un motivo y por el contrario, poco ha aportado el tornadizo líder de la oposición a la conducción de esta pandemia, salvo su propio desconcierto.

El accidentalismo jurídico de los políticos ha llegado demasiado lejos y la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid se veía venir. No hay forma plausible de avalar, con la Constitución en la mano, una restricción drástica de los derechos fundamentales mediante mandato ministerial. Estaría muy bien, si no fuera porque a) ese mismo tribunal viene de convalidar, hace pocos días, un abuso de poder semejante realizado por el Gobierno de la CAM: si es una cuestión de principios, la diferencia no puede estar en que se confine una ciudad entera o unos cuantos barrios; b) mientras el tribunal madrileño dictamina eso, en otros territorios de España se están tomando decisiones judiciales completamente dispares, creando una confusión colosal sobre lo que pueden o no pueden hacer los gobiernos para gestionar la pandemia.

La cuestión práctica es la siguiente: por una parte, es evidente que para contener la segunda oleada de la pandemia es imprescindible limitar la movilidad de grandes contingentes de la población. Por otra, es igualmente evidente que eso, por afectar a derechos fundamentales, no puede hacerse sin una habilitación legal que no existe fuera del estado de alarma. Además, es imprescindible que se unifique la doctrina de los tribunales por un principio elemental de seguridad jurídica para los gobiernos que toman las decisiones y para los ciudadanos que las deben cumplir. Y dado el ritmo de la pandemia, todo eso hay que hacerlo ya. Debería estar hecho hace meses.

El tribunal —en mi opinión, excediéndose en su papel— señala el camino de reformar las leyes sanitarias. Pero la reforma legislativa, por mucho que se quiera acelerar, lleva su tiempo. Y tiempo es justamente lo que ya no tenemos.

Al parecer, la única forma de unificar la doctrina judicial es que alguien presente un recurso al Tribunal Supremo y esperar su sentencia. Pero eso llevaría, en el mejor de los casos, dos o tres meses y 5.000 muertos más. El Gobierno podría haber tomado la precaución de consultar en su momento al Consejo de Estado, que está para eso, pero ¿a quién le importa la opinión del Consejo de Estado teniendo cerca a Iván Redondo?

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El desafío es cómo ser a la vez eficaces en la gestión de la crisis sanitaria y respetuosos con el orden constitucional, y cómo acompasar eso a los tiempos que marca la pandemia. No hay trilema: no puede sacrificarse ninguna de las tres exigencias, porque se sacrificarían las tres (que es justamente lo que está ocurriendo).

Quizás el punto de partida de la solución esté en esta afirmación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: si hay que afectar de alguna manera a los derechos fundamentales de los ciudadanos, eso ha de resolverse en el ámbito del Parlamento, que es donde están sus representantes. Lo que nos conduce necesariamente al terreno que los dirigentes se niegan a pisar: el de la concertación política.

Si el estado de alarma es el único instrumento disponible a corto plazo, utilícese. Si ello requiere una negociación política sobre su contenido (medidas a tomar a su amparo, autoridad delegada en los presidentes autonómicos, plazos de vigencia, etc.), empréndase ya esa negociación. Y si para garantizar su duración efectiva (la pandemia no desaparecerá en 15 días) la oposición tiene que comprometerse a respaldar tantas prórrogas como sean necesarias, hay que exigirle que lo haga, esta vez sin espantadas.

La alternativa es seguir chapoteando en el caos. Conociendo al personal que nos gobierna, se admiten apuestas.