Por qué hay que aplazar las elecciones del 14 de febrero en Cataluña

Ningún dato objetivo permite esperar que la situación sanitaria en Cataluña en febrero será sustancialmente mejor que la que en abril obligó a suspender elecciones en Galicia y en País Vasco

Foto: El presidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, habla con Miquel Iceta. (EFE)
El presidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, habla con Miquel Iceta. (EFE)
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En este momento, es imposible predecir si habrá elecciones en Cataluña el 14 de febrero. Pero el hecho de que exista esa incertidumbre es en sí mismo inquietante. Si se manejaran criterios exclusivamente sanitarios, no habría duda ni debate: la decisión estaría ya tomada y las elecciones, aplazadas 'sine die'.

Ello nos devuelve al gran drama de la gestión de esta pandemia en España: que pese al uso fraudulento de la opinión de los expertos como coartada y burladero de los gobernantes, el cálculo político —por no decir rigurosamente partidario— ha pesado más que ningún otro en la inmensa mayoría de las decisiones. Eso vale tanto para el Gobierno como para la oposición, tanto para el poder central como para los autonómicos. Esta es una crisis sanitaria manejada por consultores políticos, demóscopos y estrategas de la comunicación.

Ningún dato objetivo permite esperar que la situación sanitaria en Cataluña en el mes de febrero será sustancialmente mejor que la que en abril obligó a suspender las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Por el contrario, todos los indicios sugieren que Cataluña será uno de los territorios más afectados por la tercera crecida de la ola pandémica, que se da ya por inevitable en el inicio de 2021. Será difícil encontrar un científico solvente, no sobornado por el poder, que sostenga que no hay peligro en llamar a votar a cerca de seis millones de personas en plena escalada de los contagios. Si hoy se hiciera un congreso de batas blancas y se les sometiera esa cuestión, la respuesta unánime sería “si pueden, evítenlo”.

Asumamos la realidad tal como es: en el estado actual de la pandemia —que será aún peor dentro de dos meses porque, de nuevo, las medidas restrictivas son insuficientes y llegan tarde— no se dan las condiciones en ningún territorio de España para celebrar unas elecciones que no atenten contra la salud pública o contra el libre ejercicio del derecho de voto de todos los ciudadanos por igual. Hoy, acudir a un colegio electoral es objetivamente peligroso. Especialmente, en un territorio extremadamente vulnerable, en el que la mayoría de los ciudadanos habita en núcleos urbanos muy densamente poblados y que ofrece los peores datos y las peores previsiones. En términos estrictamente sanitarios, celebrar esa votación es una imprudencia al menos tan grande como lo sería situar en esa fecha unas elecciones generales.

Si se sustituye el congreso de batas blancas por uno de políticos profesionales y se les somete la misma cuestión, no pedirán las cifras esperadas de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos para esa fecha; más bien, echarán mano de la calculadora para estimar las ganancias o perjuicios que les reportaría el aplazamiento electoral. Como ese cálculo es disímil para los partidos independentistas, que tienen la decisión en su mano, de ahí viene que esta sea impredecible. Sería predecible si la razón sanitaria y la razón política coincidieran, pero no parece ser el caso. Desde luego, no lo es para ERC, presumible ganador de esas elecciones.

Las elecciones catalanas no están formalmente convocadas. Lo estarán el día 22 de diciembre si para entonces, como parece seguro, no hay un candidato presidencial y una investidura exitosa en el Parlament. En este caso, ni siquiera puede hablarse de intentos fallidos: se ha dejado pasar el tiempo transcurrido desde la inhabilitación de Torra sin que los partidos de la presunta mayoría parlamentaria se hayan molestado siquiera en fingir que lo intentaban. El foso que hoy los separa es así de profundo.

Convocar a las urnas es una clamorosa invitación a abstenerse, dirigida a quienes sienten más miedo al contagio: las personas de más edad

Convocar a las urnas en pleno resurgir de la pandemia es una clamorosa invitación a abstenerse, dirigida a quienes sienten más miedo al contagio. ¿Quiénes son? En primer lugar, los electores de más edad (es sabido que el independentismo es singularmente fuerte entre los jóvenes). También los habitantes de los grandes núcleos urbanos del cinturón de Barcelona, donde el nacionalismo obtiene siempre sus peores resultados.

Si finalmente se mantiene la fecha, podemos pasar de las autonómicas con mayor participación de la historia en Cataluña a las de mayor abstención. Las fuerzas independentistas pueden alcanzar su mejor porcentaje y superar holgadamente el mitificado 50% perdiendo cientos de miles de votos (lo que no les impedirá proclamar una victoria histórica para su causa). Eso es jugar con el fundado miedo de la gente a enfermar para obtener una ventaja política, y desnaturaliza por completo la pureza de una elección democrática.

La tentación es muy grande para ERC, partido oportunista donde los haya. Está en condiciones de aprovecharse de la abstención y también de la implosión descontrolada del espacio convergente, que Puigdemont y Torra han hecho estallar en una diáspora de múltiples facciones. El 14 de febrero garantiza a los de Junqueras el asalto a la presidencia de la Generalitat y la humillación de su eterno rival, que tantas veces los humilló a ellos. Ante tantas ventajas, ¿quién piensa en la pandemia?

No obstante, es probable que el impacto de esta sea tan abrumador que haga imposible mantener la convocatoria. Podrían evitarla pactando antes del 21 la investidura de un presidente neutro, comprometido a convocar elecciones en cuanto la pandemia ceda y a no ser candidato. Pero eso no sucederá: entre los nacionalistas, nadie se fía ya de nadie, y con razón. Marcos Lamelas informa de que han decidido esperar al 15 de enero para decidir. Entonces tendrían que recurrir, como en Galicia y Euskadi, a la vía de hecho: suspender a las bravas unas elecciones ya convocadas, sin que exista cobertura legal alguna para ello. Han pasado 16 años desde el atentado del 11-M y el Parlamento español sigue sin regular quién y cómo puede hacerse eso.

Cataluña carece de un Gobierno y una oposición merecedores de tal nombre al menos desde diciembre de 2017. Cabe suponer que seguir así unos meses más no sería tan grave; sobre todo, porque es probable que la situación se reproduzca tras estas elecciones, Gobierno 'fake' y oposición 'fake'. Todo es 'fake' en la política catalana, incluidas unas elecciones en las que para votar haya que jugarse la salud.

Una Cierta Mirada