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Cataluña: ¿por qué hay que elegir entre la ley y la vida?
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Ignacio Varela

Una Cierta Mirada

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Cataluña: ¿por qué hay que elegir entre la ley y la vida?

Tienen razón quienes sostienen que suspender una votación democrática de esta forma sería un precedente maligno. También la tienen quienes denuncian el cambalache ventajista

Foto: Vista del hemiciclo del Parlament. (EFE)
Vista del hemiciclo del Parlament. (EFE)
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Tienen razón quienes sostienen que suspender una votación democrática con un acto discrecional de un Gobierno es una arbitrariedad antijurídica y un precedente maligno. También la tienen quienes denuncian el cambalache ventajista de los partidos a propósito de la fecha de las elecciones catalanas. Y están más que cargados de razón quienes constatan que llenar de gente los colegios electorales con una epidemia fuera de control es una insensatez temeraria que roza lo delictivo. Razones contra razones, me quedo con esta.

40 años después, sigue sin existir una norma legal que permita suspender unas elecciones ya convocadas. Me pregunto qué habría sucedido si el atentado terrorista del 11-M hubiera ocurrido en la víspera de las generales. O el caso más cercano de unas hipotéticas elecciones convocadas en Madrid para el 10 de enero, con la provincia súbitamente bloqueada por la nieve y los colegios electorales inaccesibles.

Desde que la pandemia obligó a aplazar por las bravas las elecciones gallegas y vascas, ha habido tiempo sobrado para corregir esa imprevisión de la Ley Electoral. La negligencia dolosa de gobiernos, partidos y parlamentos conduce ahora, en un lugar tan tóxico como Cataluña, a un embrollo jurídico, político y sanitario que solo puede terminar mal.

El Gobierno catalán y los partidos acuerdan aplazar al 30 de mayo las elecciones

Este conflicto pudo y debió evitarse. Los partidos que tienen la mayoría en el Parlamento de Cataluña dejaron correr el plazo para sustituir a Torra sin siquiera intentar una investidura. Habría sido adulto y civilizado promover un acuerdo para elegir un presidente transitorio, con el compromiso de llamar a las urnas cuando la situación sanitaria ofrezca garantías (lo que no debería ser muy tarde si la vacunación progresa adecuadamente). Pero eso exige un entorno político saneado que no existe en España y, mucho menos, en Cataluña.

Una vez consumada la convocatoria, nadie se atrevió a preservar la jornada electoral con un confinamiento preventivo durante la Navidad y el mes de enero. Se dejó que el virus avanzara y ahora cualquier salida es dañina. Hay problemas cuya única solución es no crearlos.

Foto: El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (c); el presidente del Parlament, Roger Torrent (i), y el 'conseller' de Exteriores, Bernat Solé. (EFE)

La Justicia tiene que suplir la holgazanería de los políticos y tomar una decisión que, en cualquier caso, será insatisfactoria. La suspensión cautelarísima del decreto 'desconvocante' era obligada, pero ahora hay que pronunciarse sobre el fondo y hacerlo con urgencia: si es posible, el mismo jueves 21. Lo que es peor, hay que hacerlo sin base legal sobre la que apoyarse. En este caso, el tribunal tiene que inventarse el derecho.

Si finalmente se suspende la convocatoria del 14-F, quedarán dañadas la razón jurídica y las instituciones. Ganarán los que convocaron las elecciones para esa fecha creyendo que les iría bien y después descubrieron que podría no ser así y tomaron el virus como pretexto para desplazarlas. Quienes pensamos que una democracia sana jamás puede permitir que quien convocó una votación la suspenda a su conveniencia tendremos un motivo más para el lamento.

Si se suspende la convocatoria del 14-F, quedarán dañadas la razón jurídica y las instituciones

Además, Cataluña seguirá en el desgobierno y toda la política española, condicionada por esa cita pendiente, con los espacios de consenso cerrados y el responsable de dirigir la lucha contra la pandemia hipotecado por su desdoblamiento de personalidad. A un candidato rival en precampaña no se le facilita la tarea ni se permite que se cuelgue medallas, lo que interesa es que le vaya mal. Durante unos meses, debilitar al candidato del PSC pasará por el fracaso del ministro de Sanidad, lo que es aberrante; pero su jefe debió tenerlo en cuenta antes de embarcarlo en esa singladura desquiciada (pensándolo bien, creo que sí lo calculó, esperando astutamente que el ministro blindaría al candidato, cuando resulta más verosímil que el candidato hunda al ministro).

Si, por el contrario, el tribunal decidiera mantener la fecha por no encontrar un asidero legal para revocarla, se pondrán manifiestamente en peligro tanto la salud pública como la propia integridad del proceso electoral.

Foto: Pere Aragonés, junto a Budó. (EFE)

Nada permite asegurar que la situación de la pandemia en Cataluña dentro de tres semanas será mejor que ahora, más bien lo contrario. Los responsables sanitarios pronostican que en esos días la oleada de contagios, hospitalizaciones y muertes estará en un punto crítico. De hecho, no se puede descartar un confinamiento domiciliario, que haría la votación materialmente imposible y obligaría a una segunda suspensión 'in extremis', tras una campaña electoral absurda y baldía.

Si en las últimas 24 horas se han contagiado en Cataluña más de 4.000 personas, ¿cuántas podrían caer enfermas en una jornada electoral, con millones de ciudadanos acudiendo a votar, varios miles en las mesas electorales y otros tantos protegiendo los locales o supervisando el proceso desde la Administración? Y de ellos, ¿cuántos podrían terminar en una UCI o en lo peor? Pongan la cifra que quieran: por pequeña que sea, es inasumible. Pero no sería pequeña.

En cuanto a las garantías del sufragio universal, contemos a todas las personas contagiadas y a sus contactos obligados a permanecer en cuarentena. Sumemos a las personas mayores que viven en residencias y tienen prohibido salir de ellas. También al personal sanitario ocupado en pasar el día atendiendo enfermos o poniendo vacunas, y a los afectados por normas restrictivas de la movilidad entre municipios que les impedirían desplazarse a su colegio electoral. ¿Cuántos miles de ciudadanos quedarían así privados de ejercer su derecho de voto? Repito lo anterior: no es aceptable. Por lo demás, celebrar la elección en plena psicosis de contagios y tras haberse admitido oficialmente que la fecha no es segura comporta un clamoroso llamamiento a la abstención. ¿Usted animaría a sus familiares a ir a votar en esas condiciones?

Si se cancela, sufrirán la ley y las instituciones. Si se mantiene, peligrarán la salud y hasta la vida

Junqueras y Puigdemont forzaron esta convocatoria para dirimir su eterna querella en plena pandemia, y se arrepintieron después porque no les salían las cuentas. Sánchez intentó reventar el mercado subiendo al ring a su ministro de Sanidad (como si este no tuviera nada más importante que hacer en un momento como este): ahora están en peligro los dos, el ministro y el candidato. Arrimadas y Casado vieron el cielo abierto con la suspensión, aparta de mí ese cáliz y ganemos tiempo (que es lo único que pueden ganar en esta votación).

La estulticia de los dirigentes políticos ha vuelto a crear una situación inmanejable. Si se cancela el 14-F, sufrirán la ley y las instituciones. Si se mantiene, peligrarán la salud y hasta la vida. Todos esos tahúres de la política que se creen tan listos aprenderán algún día, como dice Ignacio Camacho, que siempre hay un fullero mayor en la timba. Me temo que gane quien gane en esta película, ganarán los malos.

Tienen razón quienes sostienen que suspender una votación democrática con un acto discrecional de un Gobierno es una arbitrariedad antijurídica y un precedente maligno. También la tienen quienes denuncian el cambalache ventajista de los partidos a propósito de la fecha de las elecciones catalanas. Y están más que cargados de razón quienes constatan que llenar de gente los colegios electorales con una epidemia fuera de control es una insensatez temeraria que roza lo delictivo. Razones contra razones, me quedo con esta.

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