Todo por los socios o la ideología del cinismo

Así como los cuarteles de la Guardia Civil ostentan el lema 'Todo por la Patria', en los ministerios y centros oficiales controlados por el sanchismo deberían colgarse pancartas que proclamen la consigna del momento: 'Todo por los socios'. Todo es todo, incluido el Estado de derecho.

Hace solo siete días, la máxima urgencia del Gobierno parecía ser aprobar la nueva ley de memoria (selectiva). Para acelerarla, la 'factoría Bolaños' ideó un artefacto jurídico engañoso aparentando que se tocaba la Ley de Amnistía del 77 y se levantaba la veda para la caza del franquista con medio siglo de retraso. Objetivo único de la maniobra: echar una ración de carne a los socios para engrasar lo de los presupuestos. La oposición, los medios y buena parte de la opinión pública nos mesamos los cabellos ante el desafuero jurídico y el disparate histórico que se anunciaba. Gigantesco debate sobre la quiebra del espíritu de la Transición y la irretroactividad de la ley penal.

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Pero los socios —que a estas alturas ya saben mejor que nadie que jamás hay que fiarse de Sánchez— no compraron la martingala. Así que, con la misma soltura de cuerpo, el Gobierno devuelve al cajón no solo lo de la amnistía, sino la ley de memoria entera, que de repente dejó de ser prioridad y se convirtió en estorbo.

¿Le importan algo a este presidente la memoria histórica, los crímenes del franquismo o la pulcritud en la aplicación de la ley? En absoluto. Le importan los votos de los socios que lo mantienen en el poder. Si reclaman caramelos, se declara Jornada Nacional de los Dulces Saludables. Si los rehúsan, se cierra la caja y a otra cosa.

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Rufián exige, como si pidiera la luna, que se obligue a las plataformas televisivas multinacionales a doblar las series al catalán. Barato, barato. El nuevo capataz jurídico del sanchismo examina el reclamo y rápidamente concluye lo evidente: primero, esto es estúpido porque no se puede hacer cumplir. Segundo, es gratis. Pero si el socio queda contento con eso, la chorrada va directa al BOE (dicen que, en California y Nueva York, las cúpulas mundiales de Netflix y HBO se reunieron de urgencia para reprogramar toda su producción al gusto de ERC).

¿Cuánto le importa a Sánchez si las series de televisión se doblan al catalán o al mandarín? ¿Cuánto le perturba promover normas de imposible cumplimiento y obligar al Parlamento a hacer el ridículo votándolas? Le importa tanto como el decoro en la composición del Tribunal Constitucional, ese molesto órgano que tiene la manía de desautorizar los decretos presidenciales cuando violan la Constitución.

A nadie le importa si a los escolares se les permite escuchar el castellano una hora más

El Tribunal Supremo ratifica una sentencia que, a su vez, recoge una veterana doctrina del Constitucional. Si un territorio tiene dos lenguas oficiales, parece razonable que ambas estén presentes en la educación pública (lo de Colau enviando a los colegios privados a quienes quieran aprender en castellano forma parte de su habitual empanada mental). La sentencia acepta pulpo como animal de compañía y da por bueno un 75%-25% como proporción equilibrada.

Naturalmente, los nacionalistas que mandan en Cataluña lo presentan como un ataque brutal de la Justicia española a la lengua catalana y anticipan el desacato. En Moncloa se aplica al caso la regla de la casa: el socio siempre tiene la razón. El Gobierno dice que no es asunto suyo hacer cumplir las sentencias (lo que nadie le exige, pero sí que instruya a la Abogacía del Estado, como ha demostrado saber hacer en otras ocasiones). Para evitar disgustos, la ministra del ramo se apresura a tranquilizar a su colega de la Generalitat: podéis hacer con los niños lo que os apetezca, que no vamos a mover un dedo. Ya sabes, para Pedro, mientras sigáis en la familia, como si queréis educarlos en comanche.

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En realidad, a nadie le importa si a los escolares se les permite escuchar el castellano una hora más o menos en el colegio. Cataluña es una sociedad naturalmente bilingüe y no hay manera de esquivar esa realidad. Ni Franco consiguió suprimir el idioma catalán ni Pujol y sus sucesores extirparán el castellano de Cataluña.

Por lo demás, en la era de la globalización, confrontar la segunda lengua más potente del planeta con un idioma local resulta grotesco. Ni el primero tiene motivos para sentirse amenazado en su poderío ni el segundo puede aspirar a suplantarlo, por muchas horas lectivas que le metan. Otra cosa es el adoctrinamiento: cualquier idioma sirve para transmitir conocimientos útiles o para convertir los colegios en catequesis del nacionalpopulismo, que eso sí hace daño de verdad.

Para los nacionalistas, lo valioso de este episodio no es defender una hora más de catalán en las aulas, sino disponer de un pretexto para exhibir el desacato. Aprovechar cualquier ocasión para demostrar al mundo que allí no rige la Constitución ni los tribunales españoles tienen jurisdicción real en su territorio.

A un Gobierno español responsable de tal condición, lo que debería ocuparle no es el asunto de las horas, sino el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional, que es la verdadera cuestión de fondo que aquí se dirime. No es el caso del Gobierno de Sánchez: entre la ley y los socios, ha demostrado que siempre elige los socios.

Lo valioso de este episodio no es defender una hora más de catalán, sino exhibir el desacato

Es ingenuo atribuir a este presidente cualquier proyecto o designio con un fundamento ideológico o ligado a una interpretación coherente y sostenida del interés público. Por ese camino jamás se acertará en la interpretación de sus actos. Si su subsistencia en el poder dependiera de Vox y este mostrara la menor disposición a proporcionársela, Sánchez firmaría el trato sin siquiera mirar las cláusulas del contrato, y a continuación, exigiría al resto del país y del Parlamento que arrimaran el hombro.

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Existe una ideología del cinismo. Los primeros en saberlo son sus actuales socios, dispuestos a exprimir el chollo mientras dure y sabedores de que la lealtad que pueden esperar de Sánchez es tan consistente como la que Sánchez puede esperar de ellos.

En esa lógica, el imperio de la ley, la memoria histórica (siempre selectiva, por favor), los escolares de Cataluña, la lengua castellana, la catalana o la 'Enciclopedia Británica', la unidad de España, el régimen del 78, la integridad de la Justicia, la financiación autonómica, la salud presupuestaria, un billón y medio de deuda pública y todo aquello que a usted le parece importante, para estos son como las fallas: material fungible. Disfruten del ruido.