Bienvenidos al tripartidismo

Aún hay quienes culpan al sistema electoral de los males de la política española. Este sistema —que, en sus fundamentos, permanece inalterado desde la Ley para la Reforma Política de 1976— ha dado lugar, sucesivamente, a todos estos mapas de representación: a) en tiempos de UCD, dos partidos grandes y dos medianos; b) durante las tres primeras legislaturas de Felipe González, un modelo de partido hegemónico, en el que el primero aventajaba al segundo en más de 20 puntos; c) entre 1993 y 2011, un bipartidismo atenuado, con las dos primeras fuerzas acaparando cerca del 80% de los votos; d) entre 2015 y 2019, una representación ultrafragmentada, con el ganador por debajo del 30% y más de 15 partidos en la Cámara (y con dos repeticiones electorales por la imposibilidad de armar mayorías estables). Digo yo que no será por culpa de la ley electoral, sino del voto de los ciudadanos en cada momento.

Pues bien, este mismo sistema electoral está a punto de alumbrar un nuevo modelo: el tripartidismo, consistente en que tres fuerzas políticas, con distancias mínimas entre ellas, acumulen más del 70% de los votos y el 80% de los escaños en el Congreso de los Diputados.

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Esta es la situación que presenta la última oleada del Observatorio Electoral, pero se ha ido gestando y tomando forma desde el principio del actual curso político. Es el resultado de tres tendencias sostenidas a lo largo de los últimos meses: el estancamiento del PSOE por debajo de su resultado de 2109; el desvanecimiento del PP en la fase terminal de Pablo Casado, incapaz de administrar correctamente la inyección de oxígeno que le suministró Isabel Díaz Ayuso en la primavera del año pasado, y la escalada de Vox, rápida pero segura, sin apenas hacer nada por merecerlo, salvo ofrecerse como recipiente de malestares sociales y aprovechar la increíble impericia estratégica de la dirección del Partido Popular.

El vendaval de crisis cruzadas del último mes ha suministrado al cuadro la pincelada final. No se atraviesan a la vez una espiral inflacionaria, la implosión del modelo energético, una incipiente escasez de suministros en toda la cadena productiva y la explosión de conflictividad en sectores con capacidad para paralizar el país sin que sufran electoralmente los que mandan y se nutran de ello los vampiros de la cólera social.

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Eso, por no añadir el impacto de una guerra potencialmente apocalíptica que ha hecho renacer la pulsión militarista en todo Occidente, el humillante 'bajarse al moro' de Sánchez en francés mal traducido, el bonito espectáculo de los dos socios del Gobierno de coalición retándose a duelo cada mañana y el primer partido de la oposición arrojando a su líder por la ventana de Génova, en una exhibición de casquería política no tan alejada de la que protagonizó el PSOE en octubre de 2016.

25,5% para el PSOE, 23,6% para el PP y 22% para Vox: tres partidos en un margen de 3,5 puntos, en una encuesta con un margen de error de ±2,8. Con una hipótesis de participación equivalente a la de 2019 (24,3 millones de votos válidos), eso significaría que el PSOE tendría 600.000 votos menos que en las últimas elecciones generales, el PP 700.000 más (casi todos procedentes del naufragio de Ciudadanos) y Vox mejoraría su resultado anterior en la friolera de 1,7 millones de votos y 28 escaños. Los dos socios del Gobierno más progresista de la historia se habrían dejado por el camino 1,3 millones de votos y no quedaría viva ninguna combinación para mantener vivo a Frankenstein, ni siquiera haciendo a Otegi ministro del Interior.

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Según los datos de esta encuesta —hay otras más pesimistas para el Gobierno—, la izquierda no sería mayoritaria en ninguna de las 52 circunscripciones de España. El primer partido del Gobierno solo ganaría en 14 provincias —en la mayoría, por los pelos—. Y en 15 provincias, las tres fuerzas del nuevo tripartidismo empatarían en escaños.

En esa hipótesis de participación, el partido de Abascal habría rebasado ya holgadamente la barrera de los cinco millones de votantes. Sería claramente el partido más votado por los hombres (30%, por solo un 17% entre las mujeres) y por los ciudadanos entre 25 y 44 años. De hecho, lo único que le impide ser el partido más votado de España es su pésima estimación en las llamadas nacionalidades históricas: 5% en Cataluña, 4% en el País Vasco y 6% en Galicia. Sin ese hándicap, tras unas elecciones generales, Abascal podría estar en condiciones de presentarse en la Zarzuela reclamando la prevalencia para presentarse a la investidura. De momento, ya ha alcanzado el nivel de respaldo electoral que tuvo Le Pen en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017. Se lo debe, en buena medida, a la ayuda impagable de Sánchez y sus socios, que, por alimentar el fuego sagrado de la polarización, se convirtieron en la agencia de publicidad de la extrema derecha. Hoy quizá piensen que se les fue la mano, pero probablemente sea tarde.

¿Es esto coyuntural o tiende a convertirse en estructural? ¿Se invierte esta tendencia con 'paquetes de medidas' (no confundir —o sí— con 'medidas de paquetes') como el que ha improvisado Sánchez cuando se ha visto con el agua al cuello? No lo sé, pero ese recurso de los sucesivos paquetes de medidas salvavidas ya lo intentó Zapatero entre 2009 y 2011 y la cosa terminó como todos sabíamos que terminaría. Me pregunto qué hará este Gobierno manirroto, ludópata del gasto clientelar y alérgico al ahorro, el día en que los señores de Fráncfort, sede del Banco Central Europeo, le comuniquen que se le agotó el crédito y que vaya pensando en cómo empezar a devolver la colosal deuda acumulada por España en estos años de dispendioso frenesí.

En cuanto al diabólico rompecabezas estratégico que se le presenta a Alberto Núñez Feijóo, dejémoslo para la próxima semana. Es lo que sucede por acudir al cumplimiento del deber con cuatro años de retraso.