Operación destape: el PP abre a Vox la puerta del poder

El acuerdo de Valencia entre el PP y Vox no es en absoluto un episodio menor. Será imposible para el Partido Popular convencer a nadie de que el Gobierno de coalición firmado y rubricado en esa comunidad es un hecho aislado que en nada altera la voluntad de Alberto Núñez Feijóo de contener en todo lo posible el ingreso de Vox en los gobiernos presididos por el PP. De hecho, es preferible que ni siquiera lo intenten, porque entrarían en el mismo espacio de pérdida masiva de credibilidad en el que está empantanado Pedro Sánchez.

Resulta evidente para quien tenga ojos en la cara que el acuerdo de Valencia, tal como se ha producido, tiene alcance nacional y señala una decisión estratégica de largo alcance. La resistencia del PP a compartir gobiernos con Vox, como criterio general, ha durado exactamente dos horas: el tiempo que tardó Carlos Mazón, sin duda con la aquiescencia de su líder nacional, en franquear a Vox la puerta de entrada a su futuro Gobierno. Un compromiso que va mucho más lejos de un mero acuerdo parlamentario de investidura —o, incluso, de legislatura— que preservara la autonomía del Partido Popular en el ejercicio del poder ejecutivo.

No es casualidad que se haya elegido precisamente la Comunidad Valenciana para escenificar el desvirgamiento de Feijóo en materia de política de alianzas. Toda España es consciente hasta la exageración, incluso desde antes de las elecciones, del valor simbólico de lo que suceda en esa comunidad.

No lo es que el casorio se haya consumado a toda velocidad para hacerlo visible antes de la jornada del 17 de junio, en que se elegirá a todos los alcaldes de España. Tampoco que toda la objeción del PP se haya reducido a interponer una ineludible bola negra a la presencia en el Gobierno de un maltratador: quien objeta lo menor, acepta lo mayor.

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La mejor muestra de las prisas con que se ha instrumentado esta operación destape, sin siquiera molestarse en ensayar un conato de forcejeo (por ejemplo, un primer intento de investidura de Mazón que colocara al partido de la extrema derecha en la tesitura de provocar un bloqueo institucional y una eventual repetición de las elecciones), es el bochornoso tenor del papelito que firmaron ambos contrayentes a modo de capitulaciones matrimoniales, donde pueden leerse asombrosas tautologías programáticas como estas:

“Libertad para que todos podamos elegir” (no se precisa qué diablos es lo que todos los valencianos podrán elegir que les estuviera vedado con anterioridad). “Desarrollo económico para impulsar la economía”. “Sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad y los servicios sociales”. “Señas de identidad para defender nuestras señas de identidad”. “Apoyo a las familias para fomentar… la promoción de las familias”. Realmente, no se devanaron mucho los sesos los negociadores para dar a luz este bodrio que insulta la inteligencia.

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El hecho objetivo es que, a partir de este instante, para el PP el modelo de Castilla y León deja de ser la excepción indeseada y pasa a ser la referencia de alcance general, asumida como pauta de actuación para las situaciones en que se precise el concurso de Vox para obtener una investidura. Nada impedirá que el acuerdo de Valencia se reproduzca en cadena en toda España: que se repita en los mismos términos, al menos, en Aragón, Extremadura, Baleares y en un número indeterminado de ayuntamientos. Con todo ello, se deja el camino expedito para, llegado el caso, abrazar la misma fórmula en el Gobierno de España.

Está cargado de razón el Partido Popular cuando argumenta que es ventajista y abusivo que el PSOE pretenda tener barra libre para una política orgiástica de alianzas sin límite, alcanzando a partidos abiertamente beligerantes con la Constitución, y a la vez pretenda condenar al PP a la abstinencia estricta y obligarlo a gobernar únicamente donde consiga la mayoría absoluta, gane o pierda las elecciones. Que el sanchismo exija cinturones sanitarios de castidad en el campo ajeno mientras practica la poligamia más impúdica en el suyo contiene un intento odioso de impedir en la práctica la alternancia en el poder. Si alguien en España carece de toda autoridad moral para reprochar al PP que se coaligue con su flanco extremista por la derecha es el partido de Sánchez, que ha hecho de esa práctica un principio existencial y de la obscena ley del embudo la única norma sagrada de su ideario.

Opinión

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En términos de legitimidad política y moral, nada diferencia sustancialmente una coalición del PP y Vox de una del PSOE y Podemos (con la agravante de que a esta se añadió todo el catálogo de fuerzas destituyentes de la Cámara). En ambos casos, se trata de una decisión estratégica tan lícita como políticamente discutible: el drama de que las fuerzas mayoritarias del sistema prefieran convertirse en rehenes de sus respectivos vecinos extremistas (minoritarios) antes de dar la menor opción a un ensayo de concertación en el espacio de la centralidad constitucional.

Sin duda, la dirección del Partido Popular habrá calibrado las consecuencias de todo tipo (ideológicas, estratégicas, institucionales y, por supuesto, electorales) que conlleva adentrarse en este camino. Probablemente, han concluido, con toda la información necesaria y argumentos consistentes, que es lo más conveniente y que pueden asumir el eventual daño electoral, en términos de lucro cesante, si es que tal daño llega a existir. Es preferible pensar que esto es así porque, al menos, indicaría una praxis seria y profesional, por mucho que se discrepe del fondo. Lo otro, imaginar que se toma una decisión de este calado sin evaluar sus implicaciones, conduciría a un veredicto mucho más severo que el que conlleva una mera discrepancia.

La dinámica endemoniada del bibloquismo confrontativo ha conducido a un cierto número de españoles —que ni siquiera es relevante cuantificar en este momento— a una orfandad política prolongada, que tiende a convertirse en crónica y, quizás, en irreversible. Tampoco es tan importante, supongo que para eso se inventaron los ansiolíticos y los antidepresivos.

Sánchez, que estaba grogui desde el 28-M, ya dispone de la línea de campaña de la que carecía

En cuanto a las elecciones, reitero lo escrito aquí hace unos días: este Gobierno ya no está en condiciones de ganarlas, pero la oposición aún tiene tiempo de sobra para perderlas si se empeña. Aparentemente, la marea los empuja, pero siempre es posible nadar contra la propia marea y perecer en el intento. De momento, Sánchez, que estaba grogui desde el 28 de mayo, ya dispone de la línea de campaña de la que carecía.

En términos prácticos, el acuerdo de Valencia y sus más que probables réplicas en todo el país obligan a Feijóo a obtener una victoria aplastante —quizá por encima de sus posibilidades— para no verse compelido a seguir la estela de los Mañueco, Mazón y todos los que vengan detrás. Abascal ha puesto a prueba en territorio valenciano la voluntad de resistencia del PP y ha comprobado que está hecha de plastilina. A partir de esta victoria, no dará un paso atrás.