Cómo el embrollo extremeño contaminará el 23-J

La atropellada convocatoria de elecciones generales para una fecha tan estrafalaria como el 23 de julio crea de por sí un magma de problemas operativos, completamente innecesarios, que perturban el desarrollo normal de un proceso electoral y la vida de millones de personas. Pero si, además, fija la convocatoria solo dos meses después de unas elecciones municipales y autonómicas, al desbarajuste funcional se agrega el político, porque obliga a desarrollar simultáneamente dos procesos extremadamente complejos y delicados: por un lado, la formación de 8.000 gobiernos municipales y 12 nuevos gobiernos autonómicos. Por otro, la conducción de una campaña nacional de elecciones generales.

Curiosamente, quien padece el problema en mayor grado es quien se encuentra en la situación más favorable en las dos pistas en que se juega esta partida simultánea. El Partido Popular ha sido el ganador indiscutible de las elecciones del 28 de mayo y el favorito para ganar las del 23 de julio. Pero la confluencia de la gestión poselectoral de la primera victoria con la acción de campaña nacional necesaria para asegurar la segunda coloca a su dirección política ante un conjunto endiablado de decisiones estratégicas que se estorban mutuamente.

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El dilema ante el que se encuentran Feijóo y su equipo en estos días no tiene precedentes y no es en absoluto sencillo de resolver. Por un lado, tiene que manejar las investiduras y formación de gobiernos en varias comunidades autónomas en las que carece de mayoría absoluta, lo que obliga a un incomodísimo proceso de negociaciones con Vox, puesto que el PSOE rechazó la propuesta de facilitar el Gobierno, con carácter general, a la fuerza más votada. Obviamente, la rechazó porque esperaba que se llegara precisamente a un escenario como este, con el PP enredado en medio país en una maraña de tratos con el partido de la extrema derecha.

Al mismo tiempo, tiene que desplegar una campaña nacional en la que su objetivo es precisamente alcanzar un resultado que le permita prescindir de la presencia de Vox en el Gobierno de España. Ello le obliga a realizar un esfuerzo electoral intensísimo, porque el propósito de imponer un Gobierno en solitario solo empezará a ser viable a partir de los 150 escaños —para mayor seguridad, 160—. Hoy el PP tiene casi garantizada la victoria, pero aún está lejos de ese objetivo. Con el porcentaje que le otorga el promedio de las encuestas fiables, sería holgadamente el primer partido del país, pero estaría abocado a compartir el Gobierno con Vox o a jugarse la vida en unas elecciones repetidas.

El PP está enredado en medio país en una maraña de tratos con el partido de la extrema derecha mientras prepara elecciones

Feijóo peregrina por España y por los estudios de radio y televisión anunciando su firme decisión de gobernar sin Vox. Pero, a la vez, varias de sus terminales territoriales tienen abiertos procesos de negociación con Vox que posee, al menos, la capacidad de mantener el pulso hasta el final; incluso más allá del final si se atreve también a forzar la repetición de elecciones.

El caso es que cada pacto de gobierno que se cierra con Vox o se mantiene indefinidamente abierto en un territorio, o lastra el crédito de Feijóo en lo que se refiere al Gobierno nacional. Y, además, distrae a sus cuadros dirigentes en esos territorios de la tarea de impulsar la campaña del 23-J porque están absortos en su propia negociación.

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El haber entregado la pieza valenciana con tanta facilidad no ha hecho sino complicar las cosas. Ahora los de Abascal han visto que la fortaleza es más frágil de lo que pensaban, y se disponen a sostener el chantaje, elevar sus precios y bloquear los procesos de investidura hasta el último segundo, sabiendo que con ello debilitan la campaña nacional de Feijóo (en su doble dimensión, política y operativa) y quizá, por el camino, les caiga la recompensa de penetrar en algún otro Gobierno autonómico. Basta que Génova pierda el control de alguna de esas negociaciones como lo perdió en la Comunidad Valenciana, que alguno de sus barones entre en pánico y ceda al chantaje o que alguien en la cúpula vacile ante la perspectiva de arrojarse a unas elecciones repetidas (en las que, está comprobado, siempre hay alguien que paga la factura entera lo merezca o no, como puede explicar Albert Rivera).

Tras el cacao valenciano, viene el extremeño, que amenaza con prolongarse hasta más allá del 23 de julio. Sin duda, ese es el propósito compartido del PSOE y de Vox. Para empezar, los socialistas se han hecho con el control de la Mesa del Parlamento regional, lo que significa que Blanca Martín Delgado administrará desde la presidencia de la Cámara los tiempos del proceso de investidura; y, sin duda, lo hará de la forma que más daño produzca a la campaña electoral del PP.

El haber entregado la pieza valenciana con tanta facilidad no ha hecho sino complicar las cosas. Ahora los de Abascal han visto la fortaleza

Siguiendo las previsiones del Estatuto extremeño, ahora tiene 15 días para realizar consultas con los grupos y proponer un candidato a la investidura. Salvo que en ese trámite Vox anuncie su intención de apoyar a la candidata del PP, la presidenta del Parlamento estará plenamente legitimada para proponer como candidato a Guillermo Fernández Vara como líder de la fuerza más votada el 28-M.

El Estatuto concede otros 15 días entre la designación del candidato y la sesión de investidura. Así pues, es posible que tengamos alrededor del 15 de julio una sesión de investidura de Fernández Vara, con la campaña nacional lanzada y los dos partidos de la derecha enzarzados en una querella de empellones mutuos en Extremadura. La investidura de Vara no prosperaría salvo en el improbable caso de que el PP decidiera aplicar unilateralmente su propia doctrina y le regalara la abstención; pero el tormentoso proceso de investidura se habría comido por completo la campaña electoral en esa región, haciendo eco en el resto del país, y no precisamente en los términos más favorables para la estrategia de Feijóo.

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A partir de ahí se abriría un eterno proceso de dos meses de forcejeos que, a su vez, se mezclaría con la gestión del resultado de las generales y la propia investidura de un Feijóo presumiblemente ganador, pero necesitado de apoyos complementarios, con lo que el contencioso extremeño pasaría a formar parte del paquete de la negociación.

Ahora imaginen que algo parecido se reproduce en otras comunidades en las que las investiduras del PP dependen de Vox, como Murcia y Baleares. Allí no tendrán el problema de que el PSOE controle el proceso desde la presidencia del Parlamento, pero Vox sí está en condiciones de estirar el enredo negociador todo lo que el reglamento le permita, para decidir en el último momento si se arriesga o no a cargar con el fardo de provocar la repetición de las elecciones.

Ahora imaginen que algo parecido se reproduce en otras comunidades en las que las investiduras del PP dependen de Vox, como Murcia y Baleares

Es un bonito ejercicio para un máster de estrategia: combinar el manejo de dos procesos simultáneos, partiendo en ambos de una posición dominante (en uno como ganador, en el otro como favorito); pero que, al interferirse recíprocamente, te provocan cortocircuitos dañinos que pueden desembocar en fiasco. Con la circunstancia agravante de que, en el primer movimiento (el de Valencia), te has pegado un tiro en el pie y, lo que es peor, has mostrado tu debilidad y has entregado la mano del juego a quien es a la vez, obligadamente, tu interlocutor necesario y tu enemigo más peligroso.

No creo que Sánchez vaya a obtener ventaja electoral alguna de su violenta decisión de precipitar la disolución del Parlamento, fijando una fecha extravagante y creando una mezcolanza pringosa entre la formación de los gobiernos autonómicos y la campaña electoral de las generales. Pero, ciertamente, Feijóo está ante un enorme quilombo; y el país (en minúscula) un poco más cerca de enviar a todos a hacer puñetas.