Objetivo 2023: derogar el bibloquismo

En el reciente acto de presentación del libro Aquel PSOE. Los sueños de una generación, de Virgilio Zapatero, el autor señaló agudamente que los autores de la Constitución de 1978 deberían haber añadido, al final del texto, una especie de manual de instrucciones con una cláusula de advertencia que dijera algo así como “Atención: este instrumento no funciona con bloques políticos enfrentados entre sí”.

Quizá pensaron que era tan evidente su propósito de que ese instrumento legal —y todo el entramado institucional que se deriva de él— solo pudiera funcionar mediante la concertación política (esa que nunca existió en los 150 años anteriores de la historia de España), que no les pareció necesario advertirlo expresamente. Es lamentable que no lo hicieran porque, al menos, habrían preservado a la Constitución de que hoy se le imputen males que no le corresponden y se deben, precisamente, a la implantación de prácticas políticas y fórmulas de gobierno radicalmente incompatibles con el espíritu y el fin con que se redactó.

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Tiene razón Virgilio Zapatero. El texto del 78 y sus normas de desarrollo (que firman el llamado bloque constitucional) se diseñaron con el propósito deliberado de impedir un retroceso a la partición binaria del país y obligar a las fuerzas políticas principales a un ejercicio continuado de concertación, compatible con la competición democrática. No conozco a ningún político vivo de aquella generación, conservador o progresista, que no avale esta interpretación (que, por tanto, deberíamos considerar auténtica, la que emite el propio autor de la norma).

En ausencia de ello el mecanismo se gripa, el sistema político entero se bloquea y las reformas de fondo se hacen inviables. Nuestra estructura institucional es radicalmente refractaria a la dinámica del bibloquismo, y ese es el motivo de que desde 2015 todo lo importante (incluida la propia reforma constitucional) permanezca en el cajón de “asuntos pendientes”, que haya sido necesario repetir dos veces las elecciones generales (ya veremos qué pasa con estas) y que el impulso reformista del país se haya atrancado en la impotencia. En España, polarización equivale a paralización.

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Es mucho peor el bibloquismo que el bipartidismo. Este (que nunca llegó a ser completo) nació de la voluntad popular, que durante unos años quiso otorgar a dos partidos más del 80% de los votos. Cuando esos dos partidos perdieron la confianza de unos cuantos millones de ciudadanos, la representación se fragmentó. El bibloquismo, por el contrario, es producto de la voluntad de las élites políticas y las cúpulas partidarias. No se gesta en la sociedad, sino en los gabinetes de estrategia. No es un producto natural del ejercicio de la democracia, sino una secreción corrupta del mismo.

En España se ha implantado el bibloquismo porque los dirigentes políticos lo han querido así. Y solo saldremos de la ciénaga mediante una enérgica acción correctora, impulsada desde las urnas y aplicada en la esfera de la dirección política del país. Si las elecciones del 23 de julio no sirven para iniciar ese giro salvífico y, por el contrario, petrifican el bibloquismo —sea en su versión actual o una invertida—, el mal puede cronificarse y devenir irreparable.

El llamado sanchismo —que necesita a Sánchez, pero trasciende a la figura de su fundador— es el principal (aunque no exclusivo) agente promotor del bibloquismo en la política española. Desde el día en que Sánchez decidió que para consolidar un poder personal duradero necesitaba abrir una franja insalvable en el espacio político y compactar una alianza establemente beligerante de toda la izquierda con los nacionalismos disgregadores, condenó al país a la confrontación bipolar sostenida.

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Sánchez inició su acción corrosiva de la convivencia con aquel desatinado noesnoísmo que en 2016 estuvo a punto de abocarnos al abismo de unas terceras elecciones. La ha continuado durante todo su mandato presidencial alentando el crecimiento de la extrema derecha al otro lado de la trinchera, eviscerando a su propio partido y dando entrada en la dirección del Estado al equipo entero de las fuerzas destituyentes. Es esa fórmula de gobierno la que se somete a examen el 23 de julio. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, ahora no es posible repetir el engaño del insomnio. La fórmula Frankenstein ya no es una hipótesis, sino una certeza: la permanencia de Sánchez en la Moncloa está necesariamente ligada a la reproducción intensificada de la mayoría cismática que lo ha sostenido en el poder.

La extracción del sanchismo del poder es condición necesaria, pero no suficiente, para erradicar el bibloquismo. Además, es imprescindible que la alternativa de gobierno que nazca de las elecciones no venga contaminada por el mismo virus. Así como la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros y la inserción de partidos como ERC y Bildu en la mayoría parlamentaria han resultado tóxicas para la salud institucional del país, el ingreso en el Gobierno de un partido extremista y vocacionalmente confrontativo como Vox haría imposible la restauración de un clima que permitiera retomar el pulso de las reformas de fondo concertadas, y nos devolvería al territorio yermo de la bronca como método de gobierno, el sectarismo como principio estratégico y la oposición de tierra quemada —esta vez, desde la izquierda—.

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Se comprende la extraordinaria dificultad que supone para Feijóo gestionar limpiamente la formación de los nuevos gobiernos autonómicos y, de forma simultánea, conducir una campaña electoral de ámbito nacional en la que no le basta ganar; debe hacerlo de tal forma que le permita ser un presidente políticamente autónomo, no sometido a chantajes extremistas y resueltamente decidido a restaurar la normalidad política y reactivar un reformismo eficiente; lo que pasa necesariamente por reconstruir el espacio de la centralidad (que no del centrismo) como eje vertebrador de la gobernación de España.

Como era de esperar, el tropiezo valenciano —preñado de irreflexión y de ejecución chapucera— ha contaminado gravemente toda la campaña del PP, arrojando una sombra sobre lo que podemos esperar de la alternativa de poder a partir del 23 de julio. Y ha dado al sanchismo la ocasión de invertir la carga de la prueba, de tal forma que, a la vista del debate mediático de los últimos días, lo que se sometería a examen en estas elecciones no es la continuidad de Frankenstein en el poder durante cuatro años más (lo que, repito, es una certeza absoluta en el caso de que a Sánchez le den los números para una investidura), sino la hipotética coalición PP-Vox en el próximo Gobierno (lo que, hoy por hoy, no deja de ser una hipótesis tan indeseable como evitable).

Plantear esto como una cuestión aritmética es, a mi juicio, un error garrafal de enfoque. De las cosas que ha dicho últimamente el líder del PP (muchas de ellas sensatas), la más frívola y peligrosa es sugerir que el acceso de Vox a los gobiernos depende de sus porcentajes de voto: si tiene el 8% no, pero si tiene el 12%, sí. Tan absurdo como su candidata extremeña proclamando, desafiante, que "si hay que repetir elecciones, se repiten". Señora, obligar a que se repitan unas elecciones es material explosivo y hay que manejarlo con precaución.

Personalmente, me siento poco a gusto con la expresión “derogar el sanchismo”, aunque comprendo su significado y lo comparto. Ahora bien, para mí y para alguna otra gente, derogar el sanchismo solo tiene sentido si es el primer paso para derogar el bibloquismo. Si es para reproducirlo cambiando los papeles, prefiero la orfandad.