Sánchez, campeón de la discordia nacional

A cada hora que pasa, se hace más visible que la obcecación de Pedro Sánchez por conseguir una investidura a cualquier coste, sobre la base de una alianza del PSOE con todo el bloque anticonstitucional del Parlamento (esos 57 diputados a los que se refirió en el comité federal de su partido) y tomando como “punto de partida” (expresión acuñada por el independentismo y asumida como propia por el propio Sánchez) una ley de amnistía que carece de fundamento constitucional, de consenso político y de respaldo social, tiene tanta relación con la concordia como lo tuvo la Komintern con los derechos de la clase obrera.

Pocas veces se ha dado una disociación tan aguda entre el discurso de un dirigente político (arrastrando con él a su Gobierno, su partido y sus acólitos), su propósito estratégico real y los efectos prácticos de su actuación. Desde el día que recuperó el poder en su partido, no se le ha caído de la boca la expresión concordia —con una larga cohorte de sinónimos y derivados— y, a la vez, no ha cesado de sembrar el campo político de discordias reales o provocadas, confrontación binaria como principio estratégico en la lucha por el poder, enemistades frenéticas y polarización de laboratorio. Se hace difícil recordar, en sus casi 10 años como dirigente político, algo que haya contribuido de forma real y sustantiva a fortalecer las instituciones y las reglas del juego, alimentar el entendimiento y expandir el espacio de la competición política civilizada. No creo exagerar al señalarlo, entre los líderes de ámbito nacional, como el de mayor vocación cismática desde el principio de la transición. Si Pablo Iglesias fue el padre intelectual del bibloquismo irreductible como diseño de conquista y conservación del poder, Pedro Sánchez ha sido su principal y más efectivo brazo ejecutor.

Ese espíritu destructivo de la concordia se extiende desde la forma despótica de domeñar su partido y formatearlo a su imagen y semejanza hasta convertirlo en un rebaño irreconocible hasta su tumultuosa relación con la verdad, su adhesión mil veces reiterada al uso alternativo del derecho y, sobre todo, una política de alianzas que, para extirpar del juego político cualquier vestigio de concertación en el espacio de la centralidad, le obliga a compartir el poder con la colección completa de los partidos cuyo propósito primordial es liquidar la vigencia de la Constitución del 78.

Arrastrado por la dinámica que él mismo creó, ha llegado al punto en que ni siquiera es ya dueño de su destino. No es el Partido Socialista quien dirige la negociación para la investidura de Sánchez, sino un partido separatista, liderado por un individuo perseguido por la Justicia y acusado de una retahíla de delitos entre los que ya se ha incluido el terrorismo; un partido que obtuvo un 1,6% del voto a nivel nacional y quedó en quinta posición en Cataluña.

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Es Carles Puigdemont quien pilota esta operación, y eso se va haciendo más palpable a medida que nos aproximamos al desenlace. Él y no Pedro Sánchez estableció la agenda, señaló las cuestiones prioritarias, definió los términos y los límites de un posible acuerdo, se permitió el lujo de vetar la presencia en la mesa del PSC y ahora administra los plazos con sadismo refinado. Será Puigdemont y no Sánchez ni Armengol quien decida la fecha de la sesión de investidura, el momento y la forma de hacer público el contrato, el contenido del discurso de investidura y la extensión de su propio compromiso —que, por todas las trazas visibles, expirará un minuto después de la votación para abrir un periodo de chantaje permanente—. Una vez comprobado que la capacidad de cesión de Sánchez no tiene límite, tampoco lo tendrá el apetito de sus prestadores de votos por sacarle hasta las entrañas.

Ha sido Puigdemont y no Sánchez quien ha señalado la amnistía como la condición sine qua non para que el PSOE permanezca en el poder, obligándole a retractarse vergonzantemente de todas sus posiciones anteriores. Y, sobre todo, ha sido él (en este caso, con la colaboración de su enemigo independentista, ERC) quien le ha asignado la tarea de someter y/o neutralizar por las buenas o por las malas los órganos del poder judicial, lo que equivale a expedir un salvoconducto de impunidad para su persona y para el conjunto del movimiento secesionista, valedero tanto para el pasado como para el futuro. Y debe hacerlo unilateralmente, enfrentándose a la mitad del Parlamento, a la mitad del país, a buena parte de su electorado, al Senado, a la gran mayoría de las comunidades autónomas, a la totalidad del poder judicial y, según como quede redactado el adefesio legal, a la mismísima Unión Europea.

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El partido de Puigdemont, convertido por un capricho aritmético en punta de lanza del bloque anticonstitucional, obtendrá de este negocio varias victorias del máximo valor estratégico: un Gobierno central permanentemente sometido a sus exigencias para sobrevivir, un Estado español debilitado por el multichoque entre todas sus instituciones, una sociedad española escindida en dos facciones irreconciliables y —quizá lo que más le interesa— la ocasión de recuperar el liderazgo del nacionalismo en Cataluña a costa de ERC.

En este instante, de todo el bloque de partidos embarcados en la operación de salvar al soldado Sánchez, el de Puigdemont es el único que conserva margen de maniobra para girar el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Todos los demás, empezando por el PSOE, están irremisiblemente atrapados y ya no pueden evitar el despegue hacia una legislatura que, corta o larga, será tan amarga como estéril para el país.

Aún no se ha hecho público el texto de la ley de impunidad ni se ha materializado la investidura de Sánchez, y la crispación crece como la espuma. Las instituciones se han convertido en barricadas. Los dos partidos de la derecha camuflan su supina incompetencia lanzándose a una carrera enloquecida por ver quién agita más la calle, emitiendo sonidos crecientemente horrísonos. En los entornos sociales, cada vez es mayor el número de personas próximas (amigos, familiares, compañeros de trabajo) con quienes no es posible comentar la actualidad sin poner en peligro la relación personal. Las redes sociales son un campo de batalla. La gente se baja de los taxis si llevan puesta la SER o la COPE. En el combate político, el grosor de los adjetivos y la rusticidad del lenguaje se hacen insoportables. En los medios ya no hay periodistas, sino soldados. Por primera vez en 40 años, nadie cree en la imparcialidad del Tribunal Constitucional. La sesión de investidura será un espectáculo estomagante de salvajismo parlamentario. Los agravios territoriales escuecen más a medida que se van descubriendo los detalles del cambalache. Y después vendrán muchos meses de pelea inclemente de todos contra todos: el Gobierno central contra los autonómicos, el poder legislativo contra el judicial, el Congreso contra el Senado, el Tribunal Supremo contra el Constitucional…

Y todo, para nada. “Para que no venga la derecha”, dicen los sanchistas más sinceros. Lo que implica admitir de antemano que, si se repitieran las elecciones, probablemente las perderían. Por lo demás, nadie espera seriamente que esta legislatura maldita desde su origen sirva para algo útil salvo para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa, dejando tras de sí, cuando se vaya, un campo de cenizas y discordias enquistadas. Si en la dirección de ese partido quedara algún resto de vida inteligente, en este momento se estarían preguntando si realmente vale la pena.