El Partido Socialista se sale de la Constitución

Tengo la convicción de que España se adentra en un periodo políticamente oscuro, jurídicamente incierto y, tal como van las cosas, socialmente explosivo. En este momento no hay nadie capaz de garantizar la salubridad política ni la seguridad jurídica propias de un Estado de derecho; la Constitución está sometida a un asalto programado para dejarla inane por la vía de hecho, y la mitad del país sospecha (con razón o sin ella, el efecto es igualmente corrosivo) que el principal partido del Gobierno está implicado en esa operación destituyente por la puerta trasera.

La convivencia en paz de la que, excepcionalmente, hemos disfrutado durante cuatro décadas, se agrieta por días. Tal como está el ambiente, este fin de semana y en los próximos días puede suceder cualquier cosa. Espero que Feijóo sea consciente de que está sentado sobre un barril de pólvora.

Es difícil negar que la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en un factor polarizador de primera magnitud. Aparentemente, se trata tan solo de un trámite constitucional, pero recuerdo pocas coyunturas con la potencia cismática de esta. La fractura política alimentada desde los laboratorios del poder durante la legislatura pasada y el choque institucional masivo que se avecina en la nacida tras el 23-J comienzan a permear peligrosamente en la sociedad.

Para la mitad del país resulta intolerable la perspectiva de cuatro años más con Pedro Sánchez en la Moncloa, sostenido por el frente anticonstitucional al completo. La otra mitad se estremece ante el escenario opuesto (el Gobierno de la derecha asociada a la ultraderecha) y está dispuesta, por evitarlo, a consentir lo que, en condiciones normales, rechazaría sin vacilar. Por ejemplo, un enjuague como el que el Partido Socialista ha formalizado con el de Puigdemont para comprar sus siete votos en la investidura.

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No es normal que el Gobierno de España se decida mediante un pacto negociado de forma casi clandestina, firmado y presentado públicamente en la capital de un país extranjero. Tampoco lo es que el interlocutor principal de quien aspira a encabezarlo resulte ser un sujeto, enemigo declarado del Estado, a quien ese mismo Gobierno tendría que arrestar si pisara España. Y, decididamente, no lo es en absoluto que tanto el acuerdo político entre dos partidos presentes en el Parlamento español como la acción del futuro Gobierno se sometan voluntariamente a la tutela y vigilancia de unos supervisores extranjeros cuyos nombres se mantienen en secreto.

Si se repasan sucesivamente el discurso de Carles Puigdemont del 5 de septiembre en el que exhibió el muestrario de sus “condiciones preliminares”, el texto del pacto firmado entre el PSOE y JxCAT y la declaración del propio Puigdemont tras la presentación del acuerdo, se constata hasta qué punto no se ha producido una negociación hecha de concesiones recíprocas, sino una extorsión consentida, un sometimiento integral de la fuerza mayor a las exigencias draconianas de la fuerza menor, sin otra contrapartida que los siete votos de Junts en la votación del 16 de noviembre.

Opinión

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Después vendrá el tiempo de la vigilancia y el chantaje permanente. Miente el Gobierno si afirma que con este trato ha obtenido una garantía de estabilidad. Puigdemont aclaró ayer de forma tajante que solo sostendrá a Sánchez mientras este abone puntualmente y sin rechistar los pagarés que le vayan presentando al cobro, previamente visados por los vigilantes extranjeros. Lo que el emisario de Sánchez firmó ayer en Bruselas no fue un acuerdo político equilibrado, sino un contrato de adhesión a los términos fijados por una de las partes.

Mintió también al prometer que todo lo que acordara se mantendría dentro del marco de la Constitución. En realidad, ocurre lo contrario: resulta difícil encontrar, a lo largo del texto, algo que encaje en ella, ni siquiera a martillazos. La Constitución solo se menciona en una ocasión: para citar que, para el PSOE, el artículo 92 habilitaría la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, lo que es manifiestamente fraudulento (además de opuesto a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y a lo que los socialistas han defendido tenazmente entre 1978 y el 24 de julio de 2023).

La cuestión nuclear de este acuerdo es que, en el inicio, se suponía que el PSOE se situaba dentro del espacio constitucional y JxCAT del otro lado. Pues bien, el punto de encuentro se aleja muchas leguas de ese espacio. Desesperado por conseguir esos siete votos a cualquier precio, el PSOE no solo no logra atraer a su interlocutor al ámbito de influencia de la legalidad constitucional, sino que acepta traspasar él mismo la frontera y desplazarse a sus extramuros. Puesto que la acción y la duración del Gobierno quedan supeditadas al cumplimiento estricto de ese contrato (al que hay que añadir el firmado con ERC), no es exagerado afirmar que, por mor de retener el poder, el Partido Socialista se ha salido de la Constitución, con todo lo que ello implica para la consistencia del Estado. Cuando quiera regresar a ella, quizá ya sea tarde.

Dentro de la colección de enormidades de contenido y vocabulario que contiene el texto del acuerdo, dos de ellas llaman especialmente mi atención:

“Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya”. Se refiere a todo lo que se detalla después: el referéndum de autodeterminación, la ruptura del sistema de financiación autonómica para excepcionar de él a Cataluña, la representación directa de esa comunidad en los organismos internacionales (¿en todos, también la ONU y la OTAN?), y así hasta la independencia final.

Si para dar el pacto por cumplido la política del Gobierno de España debe subordinarse a los dictados de la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña, se producen al menos dos efectos perversos: primero, una insólita transferencia de soberanía, que pasaría del pueblo español representado en las Cortes Generales a un Parlamento autonómico. Segundo, la cancelación política del PSC, excluido en primer lugar de la génesis de este acuerdo y, según todos los síntomas, primera pieza que Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar para dar satisfacción a sus socios nacionalistas.

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Más grave aún es la aceptación por parte del PSOE del término lawfare. Este término, popularizado por Trump y otros caudillos populistas para esgrimir supuestas persecuciones judiciales contra ellos (en España lo importó Pablo Iglesias), contiene una inequívoca acusación de prevaricación por parte de los tribunales españoles, que habrían dictado sentencias conscientemente injustas contra los políticos independentistas por razones políticas. Hay que ser irresponsable para incluir ese vocablo en un documento con el logotipo del PSOE.

El texto se refiere, además, a “las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad”. Un párrafo siniestro que admite dos interpretaciones: la pésima, que es tomarlo como una amenaza de represalias a Marchena y compañía, o la simplemente absurda, que supondría que los independentistas, víctimas del supuesto lawfare, sean, además de amnistiados, indemnizados por el abuso judicial. Solo falta que el Consejo de Ministros les conceda alguna condecoración por sus servicios a la patria.

El acuerdo del PSOE con Puigdemont no solo es políticamente disparatado y constitucionalmente rupturista. Además, su aplicación desataría una oleada incontenible de conflictos. Conflictos generalizados con las comunidades autónomas, agraviadas por el aguinaldo gigantesco del cupo fiscal para Cataluña, además de la deuda condonada que pagaremos entre todos los españoles (todo muy solidario y progresista, como se ve). Conflicto asegurado con el Poder Judicial, descalificado ante el mundo entero como prevaricador. Y enconamiento insoportable del enfrentamiento con la oposición. A navaja y sin reglas, como a Pedro le gusta.

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Sánchez ganará la investidura y lo hará por un procedimiento impecablemente constitucional. Afirmaré la legitimidad de origen de ese Gobierno y combatiré a quien la ponga en cuestión. Pero, antes de nacer, ya ha comenzado a perder la legitimidad de ejercicio.

Con todo, nada será tan grave como provocar, por pura avidez de poder personal, la peor de las crisis que pueden darse en España, que es una crisis de convivencia. Quienes decidan seguirle por ese camino, que apechuguen como cómplices.