Pamplona, suma y sigue: legal, peligroso y fraudulento

La cuestión navarra nunca fue pacífica en la democracia española. Y, desde luego, no lo fue en el Partido Socialista. El estatus de Navarra en el Estado de las autonomías y su relación con el País Vasco fue uno de los temas más controvertidos durante la elaboración de la Constitución. Operaban tres circunstancias recíprocamente conflictivas:

1. La firme voluntad del nacionalismo vasco, que se prolonga hasta hoy, de considerar Navarra como una parte esencial de Euskal Herria. Si en el proceso constituyente hubieran logrado, como intentaron hasta el último minuto, que el País Vasco y Navarra formaran una única comunidad, su intención era situar la capital en Pamplona.
2. La realidad de que Navarra es un territorio geográfica y culturalmente partido en dos mitades: el norte, mayoritariamente euskaldún, y el sur, íntegramente castellano-parlante y más asimilable a cualquier provincia aragonesa. En el centro está Pamplona, donde habita uno de cada tres navarros y donde ambas culturas se mezclan y coexisten, no siempre pacíficamente. En términos políticos, quien controla Pamplona tiene todas las bazas en su mano para controlar Navarra.
3. El peso de la historia. Mientras las tres provincias vascas formaron parte del Reino de Castilla, el de Navarra siempre tuvo una existencia propia y autónoma, amparada por sus fueros. Navarra es la única comunidad autónoma que no se constituyó por la vía del artículo 151 ni por la del 143, sino por una vía singular (“Amejoramiento del fuero”) que convalidó directamente el histórico régimen foral de este territorio en la disposición adicional primera de la Constitución.

El estatus de Navarra es uno de tantos equilibrios inverosímiles que hubo que hacer para alcanzar el consenso constitucional. Como lo es el explosivo texto de la disposición adicional cuarta, pactada entre Suárez y el PNV, que abre la posibilidad de que Navarra se incorpore al País Vasco (en ningún caso al revés), siempre que lo aprueben por mayoría “el órgano foral competente” (se supone que el Parlamento de Navarra) y, posteriormente, los propios navarros en referéndum. Una previsión que después se incorporó al Estatuto vasco y que permanece ahí, como una bomba de relojería que el nacionalismo aspira a activar en cuanto se den las condiciones adecuadas: una mayoría en el Parlamento navarro y la expectativa fundada de ganar el referéndum para la anexión. Lo primero ya existe si se cuenta con el PSOE, lo segundo es cuestión de tiempo.

No se comprende lo que ha sucedido en la política de Navarra desde 1978, ni lo que ahora está ocurriendo, sin tener en cuenta esos antecedentes. La tensión permanente entre vasquistas y foralistas atraviesa estas cuatro décadas. Descartadas por el momento la independencia y la anexión de Iparralde (el País Vasco francés), la anexión de Navarra es el principal objetivo estratégico del nacionalismo vasco, que hoy representa Bildu en ese territorio. De ahí que sus dirigentes interpreten correctamente los pactos con el PSOE para repartirse las principales instituciones (el Gobierno foral y el Ayuntamiento de Pamplona) como “un paso decisivo hacia la euskaldunización de Navarra”, paso previo para su absorción.

TE PUEDE INTERESAR

Pamplona, capital de la polarización: 'txarangas' de Bildu y gritos de "traición"

Andrea Farnós. Pamplona

El control político de las instituciones navarras se consideró siempre una cuestión de Estado, a la que los dos grandes partidos nacionales han prestado la máxima atención. En especial el Partido Socialista, cuyo recorrido respecto a la gobernabilidad de Navarra ha sido accidentado, repleto de vaivenes y choques entre su organización territorial y la dirección central. Recordemos:

En 2007, el Partido Socialista de Navarra firmó un acuerdo de gobierno con Nafarroa Bai e Izquierda Unida, desplazando a la foralista UPN —que ha ganado todas las elecciones autonómicas desde 1991—. Zapatero lo cortó manu militari. José Blanco se plantó allí y amenazó con disolver el PSN y montar una gestora si no se rompía ese acuerdo y se permitía que gobernara el partido más votado, lo que finalmente se acató.

En 2011, de nuevo era posible aritméticamente un pacto de la izquierda con los nacionalistas. Como se requería la colaboración de Bildu —lo que entonces era inconcebible—, Zapatero y Blanco actuaron de nuevo y se dieron instrucciones para formar un Gobierno de coalición entre UPN y el PSN que duró apenas un año. En 2014, los socialistas navarros intentaron armar una moción de censura contra el Gobierno de UPN; entonces fue Rubalcaba quien lo frenó en seco. Permitir el acceso del abertzalismo al gobierno de las instituciones navarras, conociéndose su designio final, se consideraba altamente lesivo para el equilibrio de la planta territorial de España.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Lo que esconde el pacto de Pamplona

Javier Caraballo

En 2015, ya con Sánchez instalado en Ferraz, el PSN obtuvo el peor resultado de su historia: quedó en quinta posición, con tan solo siete escaños en el Parlamento foral, lo que lo hacía irrelevante para la formación de Gobierno. De ahí salió el primer Gobierno vasquista, con Uxue Barkos (Geroa Bai) como presidenta, apoyada por Bildu, Izquierda unida y Podemos. Los socialistas se abstuvieron en la investidura.

En 2019 volvió a ganar UPN dentro de la coalición Navarra Suma, de la que formaron parte el PP y Ciudadanos. Pero en el PSOE ya habían saltado las costuras. Sánchez permitió que María Chivite se hiciera con la presidencia del Gobierno autonómico con la colaboración necesaria de Bildu, que fue admitido rápidamente como socio en las dos mayorías oficialistas, la de Sánchez en el Congreso y la de Chivite en Navarra.

Llegamos a 2023, en que Sánchez, salvado el 23-J por la campana y por la incompetencia del PP, siente la necesidad de afirmarse en la estrategia cismática del muro y blindar su bloque de poder con la izquierda populista y las fuerzas secesionistas, con Bildu como el más complaciente de sus aliados.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Hacia la anexión vasca de Navarra

José Antonio Zarzalejos

El resultado, en lo que a Navarra se refiere, está a la vista. El partido de Sánchez y el de Otegi decidieron repartirse a pachas los dos principales gobiernos de Navarra: el autonómico para uno y el ayuntamiento de la capital para el otro. Ese trueque se consumó ayer en Pamplona, pero se gestó mucho antes. Es probable que fuera el primer pacto de Sánchez tras el 23-J, incluso que estuviera hablado desde el 28 de mayo.

Instrumentar el pacto requería un trámite previo de distracción y disimulo. Si ya era comprometida la posición electoral del PSOE antes de las elecciones generales, hacer público un cambalache con Bildu en plena campaña resultaría mortal de necesidad. Por eso se pactó un triple pago diferido. Otegi se avino a congelar lo del Gobierno de Navarra hasta después de las elecciones y lo del Ayuntamiento de Pamplona hasta después de la investidura. Lo de los presos de ETA tendrá su momento cuando amainen las turbulencias de la amnistía.

Así, Sánchez pudo pasearse por España antes de las elecciones negando un pacto político con Bildu y comparecer en su investidura exhibiendo, como muestra de su responsabilidad institucional, que había consentido que UPN retuviera la alcaldía. Pero mientras pronunciaba esas palabras en el Congreso, sabía perfectamente que a Cristina Ibarrola le quedaban pocas semanas en el cargo. Todo había quedado previamente atado y bien atado.

TE PUEDE INTERESAR

Bildu y PSN consuman su "pacto histórico" de Pamplona y echan a UPN: "Sánchez nos vende"

Borja F. Sebastián. Pamplona

Es de risa sostener el cuento chino de que lo de Pamplona fue un acuerdo de última hora por algo que tuviera que ver con la política municipal. Quien haya habitado una temporada en los entresijos de la política sabe de sobra que las cosas no suceden así, mucho menos en el territorio más sensible de España. Lo de Pamplona está acordado desde hace meses, igual que lo de Puigdemont empezó a gestarse en marzo. Forma parte de una alianza duradera que, tras la renuncia definitiva del Partido Socialista a su vocación mayoritaria, lo liga estructuralmente al paquete entero de las fuerzas destituyentes.

Como ocurre con la segunda edición del procés catalán (que se realizará a cámara lenta y no a galope tendido como en el 17), la euskaldunización de Navarra como paso previo a la activación del procedimiento de absorción requiere dos cosas: tiempo y un Gobierno colaboracionista en España. Sánchez es el primer presidente español (también el primer dirigente nacional del PSOE) dispuesto a suministrar ambas cosas mientras reciba a cambio el soporte necesario para permanecer en el poder.

Ciertamente, esta operación concreta, particularmente oscura en su gestación y peligrosa en sus consecuencias, ha requerido mentir dos veces: primero al electorado y después al Parlamento. No es ningún problema para quien lo hace a diario simplemente para mantenerse en forma. Pero no desfallezcamos y hagamos constar que la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, además de sumamente irresponsable, es tan legalmente legítima —porque se ampara en la ley— como políticamente fraudulenta —porque proviene de un engaño alevoso—.

Legal y fraudulento a la vez: una combinación que se ha hecho tan rutinaria como el gin-tonic. Feliz año.