España no es una autocracia, pero el PSOE sí lo es

Hubo un tiempo en el que, cuando la dirección ejecutiva del Partido Socialista sometía su gestión a debate y votación —lo que era regularmente preceptivo— en sus órganos deliberantes, no se admitía pedir la palabra para hablar a favor de la gestión. Solo se permitían las intervenciones críticas y, ante cualquier asomo apologético, el presidente interrumpía al orador: “Compañero, ¿tienes alguna crítica que formular? Si no la tienes, te retiro la palabra”. Se suponía que los miembros de la dirección podían y debían defenderse sin necesidad de que nadie los enjabonara.

Comprendo que la norma era drástica; de hecho, fue cayendo en desuso. Pero quizá tomando aquel punto de partida se comprenda el salto sideral desde aquel hábito espartano al actual, en el que sucede exactamente lo contrario. Desde mayo de 2017, fecha de la segunda entronización plebiscitaria de Pedro Sánchez como líder del PSOE, no se recuerda en los órganos de debate y dirección de ese partido (más bien en el avatar fantasmal que queda de ellos) una sola palabra que contenga siquiera una insinuación de crítica o desacuerdo respecto a los dictados del secretario general, por muy volátiles y cambiantes que estos sean. Una semana se aplaude entusiásticamente la aseveración de que la amnistía es radicalmente anticonstitucional y a la semana siguiente se ovaciona de forma clamorosa el hallazgo de que promulgarla es un deber patriótico y que quien se oponga a ella es porque ha emprendido el camino del fascismo.

La mayoría, por convicción, cálculo de conveniencia o simple pánico, se pone en fila para competir en cánticos laudatorios a cualquier cosa que provenga de la superioridad. La minoría más resistente y valerosa llega, como máximo, a refugiarse en un silencio cósmico o busca cualquier pretexto para excusar su asistencia y un periodista al que susurrarle la discrepancia que no expresó donde debió hacerlo. En todo caso, más que suficiente para apuntarlos en la lista de sospechosos candidatos al patíbulo.

No es exagerado afirmar que, en lo tocante a la intensidad del debate y a la capacidad decisoria del órgano, el Buró Político del Partido Comunista de China es una kermés asamblearia al lado de lo que sucede en los comités federales, conferencias políticas y congresos del partido de Sánchez. Por supuesto, en ellos se sientan personas relevantes que albergan serias objeciones —cuando no enmiendas a la totalidad— sobre la política emanada de la jefatura. Lo que no existe es quien se anime a levantar la mano y decirlo en voz alta.

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Cuando Sánchez recuperó el poder de su partido, se conjuró consigo mismo para que jamás le volviera a ocurrir lo del 1 de octubre del año 16. Se propuso que en ninguna circunstancia su partido sería un obstáculo para llevar hasta el final sus planes políticos, cualesquiera que estos fueran en cada momento. Desde entonces hasta hoy, esa organización ha sufrido un proceso metódico de desorganización: no en el sentido de desorden, sino de privación mortal de su organicidad. Como en una operación de taxidermia, se la abrió en canal, se extrajeron sus órganos vitales, se rellenó con papel de periódico y se cosió. Ahí está expuesta la criatura: por fuera parece la misma —incluso conserva el rótulo histórico—, pero por dentro carece de algo que se parezca a la vida.

En 10 años, Sánchez ha tenido tiempo más que suficiente para modelar un instrumento a su medida. El procedimiento ha sido la erradicación de todos los mecanismos colectivos de toma de decisiones, convirtiendo esta en un asunto estrictamente unipersonal. En cierta ocasión pregunté a un ex secretario general del PSOE qué habría sucedido si a él se le hubiera ocurrido decidir una coalición de gobierno en 24 horas sin siquiera reunir a su ejecutiva. Respondió: “Me habrían arrojado por la ventana del cuarto piso de Ferraz”. ¿Quiénes? Obviamente, sus pares de la dirección.

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El timo de las mal llamadas primarias consiste en que, en las organizaciones que sustituyen el mecanismo representativo por el plebiscitario, el concepto de pares políticos —incluso el de primus inter pares para designar al líder— desaparece por completo. El teorema es implacable: cuando el método de elección otorga a una persona el 100% de la legitimidad de origen, esa persona tenderá inercialmente a ejercer el 100% del poder. Si además posee un temperamento fuertemente proclive a la autocracia narcisista, el resultado está servido.

Tras el timo de las mal llamadas primarias, solo existen el caudillo y las bases, en medio queda el vacío. No hay nada parecido a un equipo dirigente: lo que hay es un único mandamás rodeado de subalternos y cortesanos a los que pone y quita a su antojo mediante una calculada práctica de premios y castigos para aviso de navegantes. Los estatutos pasan a ser papel mojado, los comités y congresos meros atrezos decorativos y los debates se transforman en responsorios donde, como en las misas, uno declama los versículos del dogma y los demás los corean.

En ese contexto, Emiliano García-Page no pasa de ser una anécdota. Él es el primero en saber que su subsistencia política dentro del PSOE durará lo que dure su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, ni un minuto más, y que ningún fingido acto de contrición (“estoy de acuerdo con el 90% de lo que hace el Gobierno”) le salvará el pellejo. De hecho, ya proliferan los cazadores de recompensas compitiendo por llevar su cabeza decapitada a la Moncloa cuando llegue el momento.

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Autocracia, según la RAE, es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una persona es la suprema ley. Siguiendo esa definición, es exacto definir el partido de Sánchez como una autocracia y es erróneo y excesivo asegurar que España lo es.

Para que una democracia pase a ser autocracia, se requieren al menos tres condiciones (quizá más). Primero, un gobernante dispuesto a avanzar en esa dirección. Segundo, un contexto político e institucional que lo haga posible. Tercero, un cuerpo social que lo soporte. En la España de 2024, solo se cumple la primera.

Que el actual presidente del Gobierno, legítimamente elegido de acuerdo a la Constitución, posee el alma de un autócrata es algo demostrado empíricamente a estas alturas, y lo que ha hecho con su partido es, entre otras, una muestra visible de ello. Quizás en otros lugares del mundo ello sería suficiente para producir una mutación del régimen político (hay ejemplos abundantes), pero aquí no lo es.

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El Estado constitucional de España, con su división de poderes vigente y en pie, pese a quien le pese, y con un altísimo grado de descentralización del poder político, se alza como un contrapeso formidable frente a las derivas autocráticas de este o cualquier otro habitante de la Moncloa. Además —quizá debería decir por encima de todo—, el marco de la Unión Europea ofrece una protección a la vez salvadora e insalvable.

Ciertamente, el choque entre un jefe del poder ejecutivo vocacionalmente autocrático, al que le cuesta convivir con cualquier otro poder que restrinja el suyo, y dos entramados institucionales —el español y el europeo— sólidamente diseñados para preservar los principios y mecanismos de la democracia liberal genera tensiones que, finalmente, producen averías serias en el edificio y corroen sus fundamentos. Más aún en un país en el que la figura del presidente del Gobierno tiene un peso muy superior al de los primeros ministros de la mayoría de los regímenes parlamentarios.

Cinco años de esa anomalía (y los que queden por delante) permiten calificar España como una democracia dañada por las malas prácticas, la peor de las cuales —también la más típica— es el asalto al poder judicial. Es posible que algunos de esos daños no sean reparables. Pero ni la fortaleza del Estado constitucional ni la de la Unión Europea ni, sobre todo, la de la propia sociedad española —que se resiste como gato panza arriba a que le inoculen el virus de la confrontación civil— se dejarán abatir por la pulsión autocrática de un perillán circunstancialmente instalado en el poder. Por fortuna, el PSOE de Sánchez no es España. Ni se le parece, diga lo que diga el eslogan.