Sánchez, perdido en el laberinto

Carles Puigdemont prometió que haría mear sangre (sic) a Pedro Sánchez si este quería mantenerse en el poder. Lo está cumpliendo con creces. Ya van varias micciones hemorrágicas delante de todo el país. La primera fue la elección de la Mesa del Congreso; la segunda, la investidura; la tercera, la votación angustiosa de los decretos-leyes del Gobierno, que tuvo el efecto colateral de que probablemente al Gobierno se le han quitado las ganas de seguir legislando por esa vía. La cuarta y la más estrafalaria hasta el momento sucedió ayer con la ley de amnistía. Así serán las cosas durante el tiempo que dure esta legislatura.

En realidad, el tratamiento sádico que Puigdemont ha elegido para Sánchez se asemeja más al famoso suplicio de la bañera, que consiste en meter repetidamente la cabeza de la víctima en un recipiente de agua y sacarlo cuando está al borde de la asfixia, sin que se sepa cuándo reventarán los pulmones del torturado. Tiene la ventaja de que no deja señales, pero quienes la padecen llegan a suplicar que cada inmersión sea la definitiva.

Se hace difícil relatar la singladura de esta ley sin que parezca ideada en un manicomio. Necesitando perentoriamente los votos de Puigdemont para pasar la investidura, este le puso una condición terminante: promover una ley de amnistía que lo obligaba a desdecirse de todo lo que dijo al respecto durante años, poner a prueba las costuras de la Constitución y la sumisión de su partido, irritar a gran parte de sus votantes, desafiar al poder judicial, arriesgarse a recibir un serio correctivo en la Unión Europea y, sobre todo, comenzar la legislatura provocando un cisma en el Parlamento y en la sociedad.

Sánchez tragó y se dejó dictar un texto legal que, además, tuvo que presentar en solitario porque Puigdemont, arrastrando con él al resto de los socios, ni siquiera consintió en compartir la firma.

Hay que estar cegado por la soberbia para no ver la celada. Mediante la conocida técnica del salchichón, le fueron arrancando rodajas adicionales, cada una más ominosa que la anterior. Primero sacas al PSC de la negociación y dejas a Illa para vestir santos. A continuación firmas un papel con el logotipo de tu partido acusando a los jueces españoles de practicar lawfare. Después condonas la deuda de Cataluña y montas una catarata de agravios comparativos en el resto de España. A continuación me entregas la gestión de la inmigración —y con ella, el control de las fronteras—. Luego pasas por el ridículo de inventarte un terrorismo respetuoso de los derechos humanos. Y en el instante final, eliminas de la ley cualquier referencia al terrorismo y a la traición para que ningún juez sienta la tentación de recordar que existió una versión catalana de la kale borroka o los negocios turbios con Putin para desestabilizar España.

Ver la ley de amnistía que Puigdemont impuso derrotada en el Congreso por el propio Puigdemont es, a la vez, una de las cosas más grotescas que se recuerdan en la política española y un acto de chulería suprema por parte de un sujeto que quedó quinto en Cataluña en las elecciones generales y al que se le han entregado las llaves del Gobierno de España sin medir las consecuencias.

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Está todo dicho sobre la condición jurídicamente anticonstitucional, éticamente detestable y políticamente confrontativa de esta ley. Pero, además, la gestión gubernamental de la amnistía —quizás el asunto más vidrioso que Sánchez ha tenido entre manos— ha resultado calamitosa en términos estrictamente profesionales. Se necesitan precauciones y garantías cuando se trata con chantajistas, y nadie se ocupó de proveerse de ellas.

Sánchez se ha metido en un laberinto sin salida digna. Si acepta la última extorsión de Puigdemont (que siempre será la penúltima), sobrepasará el umbral de tolerancia del Tribunal Constitucional, del de Luxemburgo y los tratados de la Unión. Y ello ni siquiera servirá para maniatar por completo a los jueces españoles, dispuestos a defender a dentelladas su fuero constitucional. Si se resiste como hizo ayer, Puigdemont lo someterá al escarnio de tumbar la ley después de obligarle a promoverla y transformarla varias veces, para después dejarlo colgado de la brocha una semana sí y otra también.

Dicen que no todo está perdido porque ahora la proposición regresará a la Comisión de Justicia y ambas partes ganarán un tiempo extra para negociar y reparar el estropicio. Pero tras la votación de ayer, no se atisba una salida que no suponga una rendición para uno o para el otro. Y den por seguro que en ese mismo tiempo las causas judiciales seguirán su curso, aparecerán nuevos obstáculos y lo que finalmente resulte será un adefesio con el que Sánchez cargará toda la legislatura.

La maniobra de Puigdemont, además de exhibir su poder, consiguió dos objetivos tácticos no despreciables. La sesión sirvió para agravar aún más el choque del Gobierno y su mayoría parlamentaria con el poder judicial. Todos los socios de Sánchez sin excepción dijeron cosas sobre los jueces españoles que, de no ser por la inmunidad parlamentaria, resultarían delictivas. Por otra parte, la dilación en el trámite de la ley aproxima peligrosamente la votación final a la negociación de los presupuestos (que, según el reglamento, tienen prioridad sobre cualquier otro proyecto legislativo). Verse con ambos temas conectados en un mismo tráfico de exigencias y concesiones sería una pesadilla adicional para el Gobierno.

Los voceros de la Moncloa se han empeñado con escaso éxito en difundir la doble especie de que la investidura de Sánchez conllevaba un pacto de legislatura y que el ingreso de JxCAT en la mayoría suponía un paso adelante en su integración en el juego político constructivo dentro de la Constitución. Ya no será posible escuchar esas macanas sin soltar la risa. Ni el partido de Puigdemont se considera partícipe de ninguna mayoría estable, ni mucho menos alberga la intención de contribuir a la gobernabilidad de España ni de respetar marco legal alguno. Su objetivo sigue siendo aprovechar el poder que Sánchez le ha entregado para proseguir la obra de desarticular por piezas el Estado español hasta que este quede totalmente inerme para defenderse; y de paso, llevarse por delante a su eterno enemigo doméstico, ERC.

En esta tesitura, un líder de la oposición despierto pediría públicamente al Partido Socialista que retire la proposición de ley de amnistía (tal como prevé el reglamento del Congreso) a cambio de abrir un espacio de negociación sobre el presupuesto de 2024 y algunas reformas de las que no pueden seguir esperando (por ejemplo, la financiación autonómica) y luego dar paso, en un plazo prudente, a unas nuevas elecciones generales. Y un gobernante responsable que mereciera tal nombre tomaría en consideración la oferta.

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