Segundo acto: se abre el telón en Euskadi

En teoría, las dos grandes citas electorales del año 2023 deberían haber dejado resuelto el nuevo reparto del poder político en España, pero no fue así. En lugar de clarificarse, el panorama se hizo más oscuro y complejo que nunca.

En la votación del 28 de mayo, el PP se hizo con el grueso del poder territorial, dejando a los socialistas en las raspas. Pagó un alto precio por ello, porque la impaciencia por amarrar el botín de los gobiernos autonómicos y municipales lo hizo caer en la trampa que le tendieron y consumió la campaña entera enredado en pactos de gobierno con Vox, que era exactamente lo que Sánchez esperaba para promover una movilización reactiva en su campo.

Cuando Feijóo quiso enterarse del error cometido (al que añadió una campaña manifiestamente mejorable), la pieza mayor había volado y el bloque sanchista de toda la izquierda más todos los nacionalismos superó en votos y en escaños al bloque derechista de PP y Vox, dejando el camino expedito para la investidura de Sánchez, a quien tampoco le salió barato el negocio: la imprescindible incorporación de la extrema derecha xenófoba de Puigdemont al club autodenominado progresista no solo plantea contradicciones políticas insolubles, además obliga al Gobierno a caminar descalzo sobre el filo de una navaja todos los días y las noches de la legislatura.

La consecuencia es que tenemos a Feijóo dispuesto a usar su batallón de gobiernos territoriales no para la gestión más eficiente de sus competencias sino como fuerza de choque contra el Gobierno central, y a Sánchez en condiciones de seguir en la Moncloa siempre que renuncie a gobernar, consciente de que el menor movimiento efectivo pone en peligro su precarísima mayoría.

Opinión

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En medio, una colisión institucional por todo lo alto que amenaza degenerar en una colisión social. Lo nunca visto: un Gobierno al asalto del Estado y un Estado defendiéndose de su propio Gobierno. El ejecutivo, contra el judicial y viceversa, con el Parlamento dimitido de sus obligaciones desde hace más de un lustro. Todos los conflictos hispano-españoles dilucidándose en Bruselas (donde están hasta el gorro de nosotros) o —aún peor— en Ginebra, con mediadores fake que ocultan a quienes realmente mecen la cuna de un trato siniestro. Delincuentes redactando su propia amnistía, el Código Penal convertido en un juguete de goma y el partido que más quiso parecerse a España haciendo funciones de mayordomía para quienes niegan que España exista con el claro fin de que deje de existir.

En este contexto, la pedrea de las elecciones del año 24 se ha convertido en una sucesión de luchas existenciales en las que siempre parece haber alguien que se juega la vida. Todo para que al fin descubramos que en Galicia gana y gobierna el PP, en el País Vasco lo hace el PNV solo o en compañía de otros y en las europeas vota menos de la mitad del censo y suele usarse la jornada para dar un meneo al Gobierno de turno.

Si Sánchez tiene la desgracia de que el PSC aspire a la presidencia de la Generalitat, el quebradizo equilibrio de su mayoría reventará

De todas las citas electorales de los próximos meses, la única que será determinante para el futuro de la legislatura es la catalana. Porque si Sánchez tiene la desgracia de que el PSC quede en primera posición y aspire a la presidencia de la Generalitat, el quebradizo equilibrio de su mayoría reventará por uno u otro lado. Lo único insoportable para Puigdemont sería ver a Salvador Illa ocupando su trono con la ayuda de ERC, y lo mismo puede decirse de Junqueras respecto a Junts como posible aparcero de los socialistas en Cataluña.

De momento, el PNV ha decidido jugarse su suerte dentro de dos meses, siguiendo la tradición de no coincidir jamás con una elección de ámbito nacional. Como habrá tiempo para escribir varias columnas engrandeciendo la trascendencia de lo que no deja de ser una elección regional, en este punto de salida conviene recordar algunas circunstancias que distinguen a las elecciones autonómicas del País Vasco y que deben considerarse en tertulias y otras porras.

La primera es la extrañísima distribución de los escaños entre las tres provincias vascas. Es el único caso conocido en que, llevado por un doctrinarismo místico, un partido impone un sistema electoral manifiestamente dañino para sus intereses. En Vizcaya habita el 52% de los vascos, en Guipúzcoa el 33% y en Álava el 15% Pero resulta que cada una de ellas elige el mismo número de diputados: 25. Si los escaños se repartieran atendiendo a la población, el PNV, partido mucho más bizkaitarra que euskaldún, ganaría todas las elecciones de calle. Allá ellos con sus territorios históricos, quizá se arrepientan el día —no muy lejano— en que Bildu, gracias a la ayuda de Sánchez y a su hegemonía en Guipúzcoa, les dé el sorpaso y les ofrezca generosamente participar como socios subalternos en un Gobierno de concentración nacionalista.

La segunda es la forma de elegir al lendakari, mucho más sensata y funcional que la de nuestras absurdas investiduras. Allí no hay posibilidad de bloqueos ni de repeticiones electorales, porque no hay un candidato designado al que votar sí o no. Cada partido presenta su propio candidato y, en la segunda vuelta (o en la primera si alguno obtiene la mayoría absoluta), sale elegido el que tenga un voto más que los demás.

La tercera es que, al contrario de lo que ocurría en Galicia, en Euskadi el límite legal para entrar en el reparto de los escaños es el 3%. Solo por eso la cosa que lidera Yolanda Díaz puede aspirar a salvarse de la quema, salvo que sus votantes se pasen masivamente a Bildu, como hicieron en Galicia con el BNG. Y únicamente por eso Vox puede soñar con retener el escaño que hace cuatro años consiguió pírricamente en Álava con el 3,8% del voto.

En cuanto a la participación, difícilmente puede servir como referencia el misérrimo 49% de 2020, obtenido en plena pandemia y en el mes de julio. Lo normal es que se aproxime al 60%, si bien hay que retener que, desde 2001, se han celebrado seis elecciones autonómicas en Euskadi y en cada una de ellas la participación fue inferior a la anterior.

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Por tener algún punto de partida, tomemos como primera referencia el promedio de las encuestas realizadas hasta ahora que ofrece el periódico Crónica Vasca. Según ese promedio, inmediatamente antes de la convocatoria el PNV sería el partido más votado, con un 34,7% (bajando cinco puntos), en segundo lugar estaría Bildu, con un 32,1% (7,5 puntos más que en 2020), tercero el PSE, con un 14,3%, el PP subiría al 8,5% y Sumar sería el farolillo rojo de los partidos con escaños, con un 6%.

Traducido eso a escaños, daría un empate a 26 entre el PNV y Bildu, con 11 para el PSE, siete para el PP, cuatro para Sumar y uno para Vox si, como he dicho, consigue llegar al 3% en Álava (lo que me parece más que dudoso).

Curiosa situación: si ese fuera el resultado final, la coalición PNV-PSE tendría 37 escaños (uno menos que la mayoría absoluta) y una eventual alianza de Bildu y el PSE, igualmente 37 escaños. Si el PNV y el PSE decidieran continuar su camino juntos, esa cifra sería suficiente, ya que ninguna otra suma los superaría. En el horizonte más lejano, la coalición nacionalista con la que sueñan los de Otegi, que, con dos tercios del voto popular y de los escaños en el Parlamento, podrían iniciar un procesua con más garantías que el de los catalanes en el 17.

Cada vez que hay una votación en la que participa alguno de sus socios, Sánchez está más pendiente de que a estos les vaya bien que de lo que le pase a su partido. Y es que el casorio permanente con los nacionalistas produce en este presidente un efecto parecido a lo que decía el spot genial de Sra. Rushmore sobre la relación de los hinchas del Atlético de Madrid con su club: me mata, me da la vida.