El sacrificio preventivo de Ábalos. ¿Cuántos Koldos hubo en la pandemia?

Definitivamente, hay pocos oficios tan peligrosos en España como trabajar en las inmediaciones de Pedro Sánchez. Cuanto más próximo llegues a estar de él, más rendidamente lo sirvas y más poder parezca concederte, más consciente debes ser de que cualquier día un rayo divino te fulminará sin previo aviso. La pauta está clara: ante cualquier situación que lo incomode o lo ponga lejanamente en peligro, su reacción inmediata será protegerse quemando el fusible que tenga más a mano. José Luis Ábalos es uno más en la ya larga lista de vicetodos que, por serlo, se creyeron invulnerables cuando en realidad eran y son carne de guillotina.

Muchas cosas no casan en la justificación oficial de la orden de ejecución de Ábalos. Se comienza afirmando que todas las compras de material sanitario realizadas por el Gobierno durante la pandemia fueron impecables, y se invoca para ello al Tribunal de Cuentas. Todas significa todas, así que deben incluirse las que gestionó y/o recomendó Koldo García.

Si no existe sospecha alguna de corrupción y se reitera que Ábalos está limpio como una patena, ¿por qué se muestra su fusilamiento como ejemplo de lo incorruptible que es este Gobierno y de dónde sale la necesidad perentoria de que abandone el escaño y se deje linchar mansamente?

El mando monclovita ha proclamado durante varios días que la salud pública exige la inmediata extracción del Congreso del diputado Ábalos. Pero entre el griterío, aún no ha explicado por qué. Si se admite que Ábalos hizo algo irregular, hay que precisar qué hizo, cómo y cuándo. Si no se admite, solo caben dos interpretaciones: o lo sucedido no puede explicarse sin poner en la picota a medio Gobierno o alguien está oficiando un rito sacrificial para protegerse. Tiendo a pensar que se trata de ambas cosas a la vez.

Opinión

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No vale para esta ocasión el pretexto de la negligencia en la elección y vigilancia de un colaborador estrecho, porque el razonamiento sería aplicable en los mismos términos al presidente del Gobierno respecto a uno de sus ministros predilectos. A estos efectos, Ábalos fue a Sánchez lo que Koldo García a Ábalos: su hombre para todo, su lucabrasi doméstico.

Además, en el caso de Ábalos llueve sobre mojado. En el verano de 2021 ya fue despedido del Gobierno y de la secretaría de Organización del PSOE por motivos nunca explicados, pero ciertamente turbios (lo que viene siendo un secreto a voces). Ahora bien, ello no impidió que, sabiéndose lo que se sabía, se propusiera su nombre a los electores de Valencia para representarlos en el Parlamento. Los 460.000 valencianos que lo votaron de buena fe tienen hoy derecho a reclamar una explicación. Por cierto, alguna vez comprenderán los partidos políticos que los escaños no son de su propiedad, como el Tribunal Constitucional dejó claro hace décadas.

Es lícito preguntarse cuántos Koldos operaron durante la pandemia. Más que un individuo concreto, Koldo es un ejemplar de una especie zoológica que habita en los subterráneos de la política y parasita los múltiples agujeros de la Administración para enriquecerse —siempre al servicio de la causa— cuando se crean las condiciones favorables para ello. Es sabido que el 80% de la corrupción política en España tiene que ver con el tráfico de influencias en la adjudicación de los contratos públicos. La pandemia fue una circunstancia que facilitó exponencialmente ese tipo de actuaciones.

Nada de lo que nos escandaliza estos días se comprende sin reconstruir el caos operativo y legislativo en que discurrieron los primeros meses de la pandemia. ¿Nadie se ha preguntado qué diablos hacía el Ministerio de Transportes —o el de Interior, o el de Defensa— comprando miles de mascarillas en el mercado negro chino? Y, ya instalados en la anomalía, ¿era el acompañante del ministro la persona adecuada para pilotar esas transacciones, o acaso no existe en los organismos públicos un departamento de compras que se encargue de esa tarea y unos interventores que la supervisen?

El decreto que estableció el primer estado de alarma, además de desactivar todos los protocolos de control de la gestión administrativa, creó una “autoridad delegada” compuesta por los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. Ahora bien, precisó claramente que cada uno de ellos actuaría “en sus respectivas áreas de responsabilidad”. Es más, aclaró que, fuera de las competencias específicas de los otros tres ministerios, la autoridad delegada, con carácter general, recaería sobre el ministro de Sanidad. Él y no otro, pues, debió ser el único responsable de la compra de mascarillas y de cualquier otro material sanitario.

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Sucedió que el Ministerio de Sanidad se mostró incapaz de afrontar esa tarea y entramos en régimen de barra libre. Cualquiera que dijera tener un amigo chino o conocer a un empresario con contactos en China podía lanzarse a importar mascarillas, guantes, geles, respiradores o lo que fuera sin reparar en el precio ni en la calidad del producto. Fue el tiempo de la angustia y también el de los timos a granel. Un paraíso para los Koldos dispuestos a forrarse en medio del caos y, además, hacerse pasar por patriotas porque traían lo que más necesitábamos.

Las mascarillas que han hecho caer a Ábalos las compró el ministerio equivocado, dentro de él la persona inadecuada y sin que nadie se encargara de controlar el qué, el quién, el cómo ni el cuánto. Lo que hoy aterroriza al señor de la Moncloa es que se meta el bisturí a fondo en aquel desorden y se descubra que, en esos meses, el koldismo no fue un caso aislado, sino una infección extendida por todo el organismo. Por eso le es tan urgente poner por delante el cadáver de Ábalos como parapeto.

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El caos fue también normativo. Además de aprobarse dos estados de alarma inconstitucionales, la lectura diaria del BOE era una pesadilla. En una descarga diarreica de normas dictadas más por la desesperación que por el raciocinio, era posible encontrar órdenes ministeriales que modificaban artículos de la Constitución, decretos que se cargaban leyes orgánicas, reglamentos que chocaban entre sí. Ni siquiera se tuvo la precaución de poner fecha de caducidad a esa barahúnda de normas improvisadas, muchas de las cuales siguen vigentes.

Mientras tanto, las competencias volaban entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de la conveniencia política de cada día. Un alcalde se permitía prohibir la entrada en su municipio, cada Gobierno autonómico ponía y quitaba restricciones como si hubiera 17 pandemias distintas, se invocaban comités de expertos que nunca existieron, el presidente aparecía o se quitaba de en medio según vinieran bien o mal dadas y el Parlamento estuvo cerrado varios meses salvo para traficar el voto al estado de alarma por la reforma laboral o cualquier otro trueque peregrino. Este es el día en que aún desconocemos los datos verdaderos de la pandemia en España.

Ahora se habla de dos comisiones de investigación, una en el Congreso y otra en el Senado. No para obtener conclusiones útiles ni resolver nada, sino para que los dos bloques se despellejen a gusto. Más saludable sería formar una comisión independiente mandatada por el Parlamento que estudie a fondo los aciertos y desaciertos de la gestión pandémica, restablezca la verdad de los datos y señale toda la basura legislativa que se metió en el BOE y no se derogó después.

A José Luis Ábalos, chivo expiatorio de una operación de defensa preventiva ordenada por su exjefe, alguien debe precisarle que uno no se queda en el Parlamento para defender su honor (para eso hay otras instancias), sino para realizar el trabajo que le encomendaron los ciudadanos. Y Salvador Illa debería poner sus barbas a remojar. Él es la pieza de caza mayor de este quilombo. La ocasión de descabezar al PSC a pocos meses de las elecciones catalanas resulta demasiado tentadora.