Lo que el Parlamento no hace ni hará en esta legislatura

En la misma noche del 23 de julio de 2023, cuando resonó en el balcón de Ferraz el “somos más” sanchista supimos que no habría en España alternancia en el poder ni nada parecido a concertación política en el espacio de la centralidad. El bloque oficialista atribuyó al nuevo Parlamento dos únicas tareas que, en realidad, son dos partes de la misma cosa: garantizar la investidura de Pedro Sánchez y aprobar una ley de amnistía, operando la segunda como pago necesario por la primera. Los nacionalistas querían la amnistía y para ello había que hacer presidente a Sánchez. Sánchez quería ser presidente y para ello había que aprobar la amnistía. Ahí comienza y termina la historia de esta legislatura inane por todos los demás conceptos.

Una vez que Sánchez y los nacionalistas consiguieron lo que querían, este Parlamento se quedó sin programa y sin trabajo. En seis meses está ya viejo y listo para la jubilación, un caso insólito de progeria institucional. Permanecerá abierto el tiempo que este presidente permanezca en la Moncloa; como eso depende únicamente de su voluntad y su voluntad es rocosa y a la vez extremadamente arbitraria y tornadiza, pronosticar sobre la duración de la legislatura es un ejercicio de nigromancia política, una forma de pasar el rato en las tertulias. Pueden ser los 1.200 días con los que amenaza o la mitad; tres años, tres meses o tres semanas. Da igual: una vez asentado Sánchez en la Moncloa y publicada la ley de amnistía en el BOE, todo lo que se le añada de vida será tiempo perdido para el país.

El artículo 66.2 de la Constitución señala las tres principales funciones de las Cortes Generales: ejercer la potestad legislativa, aprobar los presupuestos del Estado y controlar la acción del Gobierno. Añade una remisión genérica a “las demás competencias que les atribuya la Constitución”. Pues bien, estas Cortes Generales no están capacitadas para cumplir ninguna de esas tres funciones esenciales, ni lo estarán mientras se mantengan los muy disfuncionales equilibrios políticos que se diseñaron en el inicio de su mandato.

Con esta composición de las Cámaras y esta política de alianzas, es quimérico imaginar una producción legislativa mínimamente productiva. El Gobierno está en franca minoría en el Senado y su mayoría en el Congreso es tan precaria y quebradiza, tan expuesta a toda clase de accidentes, que resulta radicalmente disuasoria para embarcarse en iniciativas legislativas más allá de lo meramente rutinario. El trámite de cualquier proyecto de ley mínimamente ambicioso se convertirá en una tortura plagada de incertidumbres. Y el recurso abusivo al decreto-ley se hace aún más peligroso, porque treinta días más tarde hay que convalidarlo en el Congreso y en cada una de esas votaciones llueven los chantajes. Hasta el diputado Ábalos puede permitirse poner a su antiguo cuate contra las cuerdas.

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El único recurso que le queda al Gobierno para aparentar que hace algo es aprobar de vez en cuando un proyecto de ley en el Consejo de Ministros, venderlo como un éxito grandioso, pasarlo por la ventanilla del Congreso y, contando con la complicidad de la presidenta de la Cámara, dejarlo dormitar durante meses hasta que pase al olvido. Sánchez solo puede permanecer en el Gobierno si renuncia a legislar, y él lo sabe. En realidad, su mayoría parlamentaria no es tal: se trató tan solo de unos votos a préstamo -con intereses usurarios- para pasar la investidura.

La prueba más contundente de ello es el incumplimiento del mandato constitucional de presentar en las Cortes los presupuestos de 2024. Obsérvese que el artículo 66.2 singulariza aprobar los presupuestos respecto al ejercicio corriente de la potestad legislativa, lo que da idea del valor destacadísimo que el constituyente quiso dar a esa atribución, hasta el punto de que en las democracias parlamentarias sanas la votación presupuestaria se toma como la medida válida de la confianza del Parlamento en el Gobierno, con efectos usualmente fulminantes sobre la legislatura.

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No es que el Gobierno haya querido ahorrarse el riesgo de ver rechazado el presupuesto porque “no hay ambiente” (en pintoresca expresión de la ministra de Hacienda): es que tiene la certeza de que se lo rechazarán. En primer lugar, porque es muy discutible que el proyecto de presupuestos pueda tramitarse sin que previamente el Senado dé luz verde al techo de gasto, lo que no ha ocurrido ni ocurrirá. Pero aunque encontraran una argucia para sortear ese obstáculo, dos elecciones inmediatas en las que sus socios se juegan la vida (más otra en junio en que se la juegan el PSOE y el PP), añadidas a un escándalo de corrupción que no amainará por mucho que el periódico gubernamental dedique portada y cinco páginas diarias al novio de Ayuso, más los coletazos judiciales de la ley de amnistía forman un mejunje indigesto en el que resulta impensable sacar adelante nada menos que un presupuesto del Estado sin dejarse hasta las bragas en el intento.

Parece asombroso que se tire a la papelera el presupuesto nacional porque alguien convocó elecciones en una comunidad autónoma. En realidad, es bastante lógico que, si se entrega el control del Estado a las fuerzas nacionalistas de un territorio, todo lo que ocurra en ese territorio ponga en vilo al país entero. El sonoro renuncio de Sánchez a sus presupuestos es congruente con el hecho de que hoy España no se gobierna desde la Moncloa o la carrera de San Jerónimo, sino desde Sant Jaume, Waterloo y las sedes del PNV y de Bildu (donde, además, se matan entre sí por el reparto del botín).

Tampoco está sirviendo ni servirá este Parlamento para la función de controlar la acción del Gobierno, fundamentalmente porque este Gobierno tiene la firme voluntad de no ser controlado por nadie —salvo por sus socios— y a esta oposición le falta mucha mili para aprender a controlar a un espécimen tan turbio y resbaladizo como Sánchez.

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No puede aceptarse que las tenebrosas sesiones de los miércoles por la mañana en el Congreso puedan llamarse ni de lejos control del Gobierno. Las cinco o seis comisiones de investigación en marcha son aparatosos artefactos urdidos por unos u otros para intercambiar dicterios, mayormente sobre el pasado remoto. Una moción de censura es inviable y este presidente no se someterá jamás a una cuestión de confianza si tiene una remota probabilidad de perderla (en el marco actual, la probabilidad sería elevada).

Este Parlamento no hará las cosas obligatorias, como lo del CGPJ; y las importantes ni siquiera las intentará. Además de la ausencia de presupuestos y de proyectos legislativos que merezcan tal nombre, hay que olvidar que se arregle lo del sistema de financiación autonómica (más de una década de retraso), que se proceda a una verdadera reforma fiscal, que se alcance al fin un pacto educativo, que se reforme un sistema de pensiones que desangra al Estado y arruina el futuro de varias generaciones, que pueda abordarse el conflicto de Cataluña dentro de la Constitución (por ejemplo, mediante una reforma del Estatuto), que se actualice el modelo energético o que se ponga al día la ley electoral, por solo citar algunos ejemplos.

Por supuesto, no cabe esperar de este Parlamento nada realmente efectivo —ni siquiera un debate en serio— sobre los grandes desafíos de nuestra época: el suicidio climático, el invierno demográfico, las migraciones masivas y la alteración de los equilibrios geoestratégicos en favor de las potencias totalitarias del Este. Es más sencillo y entretenido hurgar en las cuentas del novio de Ayuso o que la oposición invite a Page a que haga contra Sánchez lo que ella no sabe hacer.

Un gobernante deja de serlo, y se convierte en mero gestor de intereses ajenos, cuando pierde la autonomía y la posibilidad de decir no a quienes a la vez lo matan y le dan la vida. Es el caso de este presidente que paga porque le llamen guapo. Mientras tanto, el Parlamento solo funciona como escenario de un aquelarre que cualquier persona sensata prohibiría ver a sus hijos.