Un presidente del Gobierno fuera de control

El presidente del Gobierno ha perdido el control de la legislatura, si es que alguna vez lo tuvo. Ciertamente, solo él puede activar el botón nuclear de la convocatoria electoral. Pero esa arma solo es realmente útil y exclusiva si estás preparado para activarla a sabiendas de que seguramente perderás las elecciones y con ellas el poder, como acaba de hacer el primer ministro británico. En caso contrario, deja de ser una decisión libre y autónoma: dependes de otros, incluso en lo que la Constitución te reconoce como privativo.

El 29 de mayo ya será constitucionalmente posible disolver las Cámaras (una de ellas o ambas) y convocar elecciones generales. Al día siguiente está prevista la votación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso, lo que no conlleva su aplicación inmediata: el asunto quedará en manos de los jueces que llevan cada una de las causas, que pueden ejecutarla mediante un simple auto o congelarla mientras se pronuncien el Tribunal Constitucional o, alternativamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede llevar muchos meses y terminar como el rosario de la aurora si el veredicto es desfavorable.

En dos semanas viene la elección del Parlamento Europeo, a la que los adictos a las emociones fuertes atribuyen la propiedad taumatúrgica de consolidar la legislatura española hasta 2027 o acabar con ella de modo fulminante; como si alguna vez desde 1986 una elección europea hubiera alterado decisivamente la situación política interna. Y aún quedarán por delante la formación de Gobierno en Cataluña, la viabilidad de un presupuesto para 2025 y las ignotas derivaciones judiciales de los casos de presunta corrupción en curso. Incluido el que afecta a Begoña Gómez, que parece provocar reacciones emocionalmente incendiarias de su marido.

Pedro Sánchez cumplió el compromiso de hacer aprobar en el Parlamento una amnistía al dictado de sus beneficiarios; pero ya no está en su mano garantizar la impunidad inmediata a Puigdemont y compañía, y estos lo saben. Tampoco está en su mano aprobar alguna ley en el Parlamento, sacar adelante un presupuesto, garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat (mucho menos impedirla por dar satisfacción a Puigdemont), frenar la acción de la Justicia ni salvar del colapso político al partido con el que comparte el Consejo de Ministros.

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De hecho, ninguna de las circunstancias a las que convencionalmente se liga la viabilidad de la legislatura depende ya de la voluntad del presidente del Gobierno. Desde el primer día estuvo en manos ajenas por voluntad propia; ahora lo está aún más al margen de su voluntad.

Aunque en la Corte proliferan los profetas, es imposible saber cuánto durará esta legislatura. Creo que también el presidente lo ignora. Cumplimentados los trámites fundacionales de asentar a Sánchez en la Moncloa y entregar la amnistía como pago, la vida que le quede —sean dos días o cuatro años— será vegetativa.

Lo cierto es que todos los actores políticos, sociales y económicos del país —incluido el Gobierno— actúan como si mañana pudiera ser el último día. Nadie es capaz de predecir con solvencia en qué situación estaremos no ya dentro de un año, sino de diez días. Nadie se siente en condiciones de hacer planes a medio plazo (considerando medio plazo lo que vaya más allá de este fin de semana). El estado de incertidumbre se agudizó súbitamente con la crisis existencial que escenificó el propio Sánchez, paralizando el país durante cinco días sin que se lleguen a conocer jamás el motivo ni el propósito. Como suele decir Felipe González, el gobernante que no dude es un mentecato; pero el que se dedique a transferir sus dudas a la sociedad es un irresponsable.

La incertidumbre generalizada y cronificada produce dos reacciones aparentemente contrapuestas. Por un lado, parálisis; por el otro, movimientos convulsivos que oscurecen aún más el horizonte y generan nuevos conflictos que tampoco se saben manejar. Al parecer, este es el camino que ha tomado Pedro Sánchez desde que descubrió: a) que los votos que recibió en su investidura fueron un préstamo a corto plazo con unos tipos de interés desorbitados, sin conllevar nada parecido a un compromiso de estabilidad, y b) que su voluntad no es omnipotente. Lejos de hacer bailar a los demás a su compás, más bien él baila al son que otros le marcan (quizá por eso lo del encierro, una patética exhibición erga omnes de la autonomía perdida).

En el principio del mandato, el Gobierno las pasó canutas para lograr la convalidación de unos decretos-ley y uno de ellos fue devuelto a toriles por el capricho vengativo de los restos de Podemos. A continuación se comió el presupuesto para 2024 que una semana antes daba públicamente por aprobado. La perspectiva de que sea posible sacar adelante alguno para 2025, 2026 o 2027 es algo peor que dudosa. En esta semana sus socios le han tumbado dos proyectos de ley. Se acabaron los apoyos mecánicos por pura simpatía ideológica y se acabó también el recurso de emergencia de exigir el auxilio del Partido Popular sin consulta previa. Ahora cobra vigencia la advertencia de Feijóo en la investidura: “Cuando sus socios le abandonen y su gobierno se haga imposible, no nos llame”.

Mientras, está cerca de acabarse el maná de los fondos europeos —en gran parte malgastados en aumentar el gasto corriente— y pronto llegará el momento de empezar a devolverlos. Lo que va como un cohete no es la economía (no, desde luego, la de las familias), sino la deuda.

En las últimas semanas, Sánchez ha encadenado varias reacciones convulsas y extemporáneas, impropias de un gobernante sereno. Lo fue la disparatada y extrainstitucional “semana de reflexión”. Nunca es buena idea crear sensación de vacío inminente para regodeo personal. Sánchez obligó a los suyos a contemplar cómo sería una sustitución en la cúpula, y dudo que eso le haya favorecido. Tras el desplante, él ya no se fía de nadie en el Gobierno ni en su partido (con razón) ni nadie en su órbita descarta (también con razón) que en cualquier momento repita esa jugada u otra parecida, así que toca tomar precauciones.

Igualmente alocado ha sido el choque frontal con la República Argentina. La relación entre los dos países ha quedado reventada mientras Milei permanezca en la Casa Rosada y Sánchez en la Moncloa. Ello afecta al Gobierno al completo, al jefe del Estado, a las 2.600 empresas españolas que actúan en Argentina y al medio millón de españoles que residen allí. Un gobernante sereno no habría dado un paso semejante sin pensarlo diez veces tras un concienzudo asesoramiento profesional. Es decir, no lo habría dado.

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Tampoco parece prudente irrumpir como elefante en cacharrería en el conflicto más explosivo del planeta, ganándose de una tacada el malestar de la Unión Europea, la animadversión de Israel, la irritación de los Estados Unidos y la división de la opinión pública española en una de las pocas cosas en las que había acuerdo general (además de la insólita fuga hacia delante de una vicepresidenta del Gobierno reclamando directamente la extinción del Estado de Israel). Todo por una dudosa ganancia de votos el 9 de junio o por lucir palmito progresista a costa de la paz.

En tiempos de tribulación, tranquiliza saber que alguien mantiene la calma en el puente de mando. No es el caso. Por lo que se ve, no solo este capitán ha perdido el control de la nave; él mismo se ha convertido en el principal factor de descontrol.