Esta amnistía no es un perdón, es una derrota... de la Constitución

Completado el trámite parlamentario, la ley de amnistía se publicará en el Boletín Oficial del Estado con la firma del Rey. Es esencial que nadie se confunda a este respecto. En la democracia española, firmar las leyes que el Parlamento aprueba es uno de los llamados “actos debidos” del jefe del Estado: los que en ningún supuesto puede dejar de hacer sin violar gravísimamente su función constitucional.

El jefe del Estado español carece de poder de veto (como el que tiene, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos) sobre las leyes que emanan de las Cortes. Firmarlas no es algo voluntario. Tampoco comporta responsabilidad para él por los efectos que tenga esa ley, ni refleja conformidad o disconformidad con su contenido, ni juicio alguno sobre su constitucionalidad. Todos somos libres de imaginar la opinión de Felipe VI sobre esta u otras leyes que debe firmar, pero no será porque la haya manifestado. Esperar de él otro comportamiento es descabellado y desestabilizador, además de inútil.

La Constitución establece que los actos del jefe del Estado deben estar refrendados por un miembro del Gobierno (excepcionalmente, por el presidente del Congreso) y que de ellos “serán responsables las personas que los refrenden”. Bajo la firma obligada del Rey, aparecerá en el BOE la del presidente del Gobierno. Él es, a todos los efectos, quien deberá responder ante la nación de la norma y sus consecuencias. Parece mentira que aún haya que recordar lo elemental, pero toda advertencia de higiene es poca ante el virus de degradación legal que ha infectado la política española.

“Esta amnistía no es un perdón, es una victoria”. Esas fueron las primeras palabras de Míriam Nogueras, delegada de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, en su discurso de celebración de lo que, efectivamente, es una victoria para quien contempla la realidad desde el rupturismo anticonstitucional.

Por eso mismo, quienes estamos del lado de la España constitucional y damos prioridad a ello sobre la fidelidad ciega a una sigla (o a un puto amo) podemos afirmar con igual razón que esta amnistía no es un perdón, es una derrota. Tanto motivo tienen Nogueras, Rufián y sus jefes respectivos para celebrar su victoria como los constitucionalistas españoles (en primer lugar, los catalanes) para lamentar nuestra derrota, porque ambas son indiscutibles. Además, las dos partes coincidimos en que esto parece cualquier cosa menos un perdón en el sentido noble de la palabra. Más bien se asemeja al resultado de una extorsión consentida, una más.

Quedan quienes dan por bueno cualquier producto que lleve el sello de su cuadra política (lo que ahorra el enojoso trabajo de pensar). Y quienes, como Pedro Sánchez, responderían: no se pongan ustedes tan solemnes, esto son simplemente negocios. También tiene razón desde ese punto de vista. Para quien ha acreditado poseer una concepción de la política estrictamente mercantil, el perdón es un concepto moral ajeno a su escala de valores y las victorias y derrotas se miden únicamente por la cuenta de ganancias y pérdidas de la empresa, que en este caso es unipersonal.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La amnistía, el fraude constitucional más grave de la democracia

José Antonio Zarzalejos

Sánchez compró la investidura a cambio de la amnistía. Poder por impunidad pareció un trato ventajoso a ambas partes traficantes. Unos entregaron la mercancía que Sánchez deseaba -su permanencia en la Moncloa- y este efectuó el pago. Quizá por ello no consideró necesario, ni ayer ni en la anterior sesión en que el Congreso debatió la ley de amnistía, asistir al debate y mucho menos tomar la palabra para defender la que es, sin duda, la ley más trascendente de su presidencia y la única que da sentido a esta legislatura. Como en la ocasión anterior, se guareció en la Sala de Ministros y solo apareció, displicente, para apretar el botón y largarse. Nunca se distinguió este presidente por su respeto al Parlamento.

Como en la compraventa se incluyó únicamente la investidura y no la estabilidad ni nada parecido a un proyecto compartido por las fuerzas que respaldaron a Sánchez, resulta que este presidente alquiló a Puigdemont y compañía el uso del sillón de la Moncloa pero, seis meses más tarde, carece del apoyo de Puigdemont para gobernar; y el de sus restantes socios (incluida su vicepresidenta segunda) está en perpetua almoneda. Este Gobierno nació condenado a subastar cada una de sus decisiones a precios leoninos para el Estado, por eso este está cada vez más devaluado.

Tras la última votación del Congreso y la publicación de la ley de amnistía en el BOE, Sánchez ha perdido el control sobre su aplicación práctica, lo que debilita seriamente su posición negociadora ante sus insaciables acreedores. La idea de que un Gobierno puede garantizar por completo la impunidad a un delincuente es una fantasía que solo pueden creer quienes desconocen o desprecian el funcionamiento de un Estado de derecho. Quien aprecie ese modelo debe dirigirse a Putin, a Maduro o a Xi Jinping.

TE PUEDE INTERESAR

Taylor Swift o la banalización de la amnistía en el Congreso

Itziar Reyero

Es la hora de que cada juez decida en qué medida la ley es aplicable al caso concreto de su jurisdicción; y si tiene dudas sobre su ajuste a la Constitución o al derecho europeo, para eso están el Tribunal Constitucional o, en su caso, el TJUE de Luxemburgo. Siendo tantas y tan diversas las causas que se han querido cubrir (¡nada menos que 13 años de abusos y desafueros!), serán también diversas las resoluciones judiciales. En el caso de los jefes de la sublevación institucional del 17, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional actuarán como mejor les parezca en derecho. Pero en términos políticos, lo importante es que la suerte de Puigdemont y Junqueras ya no depende de Sánchez, y ellos lo saben. Así que son libres para liquidarlo cuando quieran o para presentarle nuevas facturas por las sucesivas renovaciones de su apoyo en el Congreso.

La amnistía no es ni de lejos la primera vez que Sánchez compra su poder a esos clientes. Viene haciéndolo continuadamente desde la moción de censura que lo transportó de Ferraz a la Moncloa. Y el intercambio siempre se produjo en los mismos términos comerciales: dime cuál es el precio de tus votos y lo pagaré, le cueste lo que le cueste al Estado y al principio de legalidad.

Los secesionistas catalanes exigieron desde el principio el desmontaje completo de la respuesta del Estado de derecho al pillaje institucional que perpetraron en Cataluña. Y Sánchez lo ha ido abonando en cómodos plazos. La amnistía solo es una estación más -en palabras de Rufián- en ese trueque que ya dura seis años. Lo que la hace más grave que cualquiera de las anteriores es que no solo libera el pasado; además, despeja el futuro para próximas intentonas.

Tras la amputación programada del Código Penal y la ley de amnistía, si mañana o en cualquier momento futuro se produjeran en Cataluña exactamente los mismos hechos de octubre de 2017 -convocatoria ilegal de un referéndum, derogación de la Constitución y del Estatuto en el Parlament, declaración unilateral de independencia, vandalismo callejero organizado desde los despachos de la Generalitat- la Justicia estaría inerme para responder adecuadamente y restablecer el imperio de la ley. Solo quedaría el artículo 155 de la Constitución, que no depende de los jueces sino de los políticos y sus pactos y, en todo caso, es necesariamente temporal. Desarmar a la Justicia para hoy y para mañana es la línea que liga todos los tratos de Sánchez con los independentistas desde el 1 de junio de 2018. ¿El siguiente pago será el referéndum? En esa lógica mercantil, digo yo que eso vale al menos otra investidura, pero con este personal cualquier cosa es posible.

¿Supone esta ley el final del régimen del 78? Como mínimo, puede decirse que la historia la señalará como el principio del final. La paradoja macabra es que su desguace se ejecuta usando como herramienta la misma sigla que fue decisiva para su nacimiento. Lo que demuestra, por si 145 años de volantazos no hubieran bastado, que el mismo pico y la misma pala -o el mismo puño y la misma rosa- pueden servir igual para construir o para derruir. Depende de en qué manos se pongan.