Financiación "singular" de Cataluña: ¿Quién engaña a quién?

Le cuesta a Pedro Sánchez bajarse de la ensoñación de omnipotencia que impregna su mandato presidencial. Le está costando particularmente asumir y extraer las consecuencias del hecho objetivo de que su partido está en minoría en el Congreso, en minoría absoluta en el Senado y en minoría abrumadora en el poder territorial. Que los votos que le prestaron para ganar la investidura no incluían un compromiso de apoyo ulterior; que varios de los partidos que entonces le permitieron permanecer en la Moncloa están a punto de pasar a la oposición, si es que no lo han hecho ya; que no puede contar para nada con el PP (primer partido del país y de las Cortes) y que Yolanda Díaz no está en condiciones de garantizar la disciplina de los 35 diputados de Sumar ni la de sus cinco ministros.

La prueba de todo ello es la paupérrima producción legislativa del primer año de la legislatura: una única ley aprobada, la de amnistía, y dos decretos-ley convalidados por los pelos, además de un presupuesto abortado ante la certeza de su derrota. La llamada “mayoría de la investidura” no da para más. Últimamente el Gobierno pierde en el Congreso más votaciones que las que gana y retira preventivamente más iniciativas que las que saca adelante.

Todo ello no impide a Sánchez lanzar una cadena de envites retóricos, al modo en que los jugadores de mus que se ven cerca de perder el juego exclaman a la desesperada “órdago a todo” sin siquiera mirar las cartas. A este género pertenecen bravatas como las de meter en cintura por ley a los medios insumisos, arrebatar definitivamente al CGPJ la facultad de designar magistrados o desafiar públicamente a los jueces que examinan la aplicación de la ley de amnistía o investigan presuntos delitos de sus parientes.

Quizá la mayor engañifa reciente se refiera a la eufemísticamente apodada “financiación singular” para Cataluña a cambio de la presidencia de la Generalitat para Salvador Illa. Sánchez pudo comprar su propia investidura con la amnistía, pero no está en su mano comprar la de Illa alterando el sistema de financiación autonómica de acuerdo a las exigencias de ERC.

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Pasemos por alto la perversión ideológica de un partido autodenominado socialista trabajando para llenar la bolsa de un territorio rico a costa de los más pobres. Omitamos la anomalía de que el Gobierno de España se dedique a negociar directamente la investidura de un presidente autonómico, aceptando el ninguneo de los nacionalistas al PSC (como ha sucedido toda la vida). Dejemos de lado el argumento, por una vez razonable, de Puigdemont: la “financiación singular” de Cataluña será justa o no en sí misma, pero no puede hacerse depender de que ERC vote o deje de votar a Illa.

Con la muy equívoca expresión “financiación singular” se denominan cosas completamente distintas, si no opuestas entre sí. Donde los voceros del Gobierno fingen que se trata de una cuestión de cuantías económicas sin afectación del modelo, los nacionalistas se refieren a una subversión completa de la regla constitucional que rige la gestión de las finanzas públicas en España.

Hace tiempo que los independentistas catalanes dieron por clausurado el marco autonómico y dejaron atrás el mero regateo económico con el Gobierno central. Ya están en otra fase: si en 2017 cometieron el error de proclamar un Estado independiente careciendo de estructuras de Estado, ahora pretenden que Sánchez los ayude a dotarse de esas estructuras de Estado antes de lanzarse a una nueva aventura secesionista. Obtenida la impunidad penal de la sublevación institucional, los dos objetivos inmediatos son la bilateralidad estricta en todos los ámbitos y la soberanía fiscal. Aquí ya no se habla de extraer unos milloncejos más; se habla directamente de soberanía de hecho, bien como paso previo a la de derecho o como tránsito a la confederación.

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La pretensión de ERC tropieza, para empezar, con obstáculos legales insalvables. Para sacar a Cataluña del régimen común de financiación (donde están todas las comunidades excepto el País Vasco y Navarra) y hacerle un traje a la medida con el dinero de todos, hay que pasar inexorablemente por una reforma constitucional (artículos 156 a 158 sobre el régimen financiero de las CCAA y también el 138, que afirma que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales" y el 149, que señala “la Hacienda general” como una de las competencias exclusivas del Estado).

A continuación habría que reformar todo el Título VI del Estatuto de Cataluña (“De la financiación de la Generalitat”) y reescribir por completo la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). Me pregunto cómo se hace todo eso en dos meses y, sobre todo, de dónde pretenden sacar los votos, en el Congreso y en el Senado, para esas reformas.

No será de la mayoría parlamentaria que supuestamente sostiene al Gobierno, y aquí vienen los obstáculos políticos. Salvando el hecho de que este es el único tema capaz de montar una rebelión a bordo en el PSOE, que no cuenten para ese viaje con partidos como el BNG, Compromís, Más Madrid, la Chunta Aragonesista, Més y, probablemente, Podemos. Si quieren acelerar el estallido de Sumar en mil pedazos, sólo tienen que poner sobre la mesa este proyecto, que significaría el suicidio político de varios de sus integrantes. Si quieren provocar un alboroto monumental, sólo tienen que convocar el inexcusable Consejo de Política Fiscal y Financiera, plagado de gobiernos autonómicos del PP, y ver qué pasa.

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En términos económicos, en 1978 se pudo excepcionar constitucionalmente al País Vasco y Navarra en aras del discutible principio foral porque entre ambas suman apenas el 7% del PIB español. No es el caso de Cataluña, que representa casi el 20% de la riqueza nacional. Sacarla del reparto común supondría el colapso financiero del Estado y una condena cierta de los servicios públicos esenciales en varios territorios. No existe un Gobierno, ni siquiera uno que tuviera mayoría absoluta en ambas cámaras, que soportara el cimbronazo político de una decisión semejante.

Además, un pequeño detalle: aun en el caso improbable de que ERC abdicara de su planteamiento maximalista y se conformara con un puñado de millones para investir a Illa -millones que administraría el propio Illa, menudo negocio para los indepes-, todo ello debería tener un reflejo presupuestario. Y las apuestas sobre la probabilidad de que este Gobierno saque adelante un presupuesto para 2025 no pueden ser más desalentadoras. De hecho, este año volverá a fracasar el intento de que el Senado dé luz verde al techo de gasto, que es un paso imprescindible mientras no se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En este juego inútil con el que nos atormentarán el verano, tanto Sánchez como quienes manden en ERC (lo que por hoy es un misterio) van de farol. Uno reclama lo que sabe que no puede obtener y otro amaga con lo que sabe que no puede ofrecer. Cuando todos engañan a todos y todos lo saben, nadie puede llamarse a engaño.

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No es casualidad que la reforma de la financiación autonómica lleve once años estancada. La maraña de intereses encontrados en torno a ella, incluso en el interior de los partidos de ámbito nacional, es demasiado espesa como para imaginar que se resuelva en una nueva negociación exprés en Ginebra, esta vez con Marta Rovira.

Hay demasiadas regiones españolas que se juegan su futuro en este asunto, y no es verosímil que sus dirigentes -incluidos los socialistas- estén dispuestos a inmolarse para que Pedro Sánchez se dé el gusto de hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Eso, suponiendo que Sánchez realmente desee que el PSC gobierne en Cataluña con los nacionalistas enfurecidos, cosa que me permito dudar.