El Tribunal Supremo acata la ley, pero el Gobierno no acata al Tribunal Supremo

Es rarísimo que un texto judicial sea, además de justo en la conclusión y claro en la exposición, divertido en la lectura. Dando por descontados el rigor y la seriedad en el abordaje del asunto, tiendo a suponer que el juez Marchena, ponente de la resolución de la Sala Segunda que rechaza aplicar la ley de amnistía a los cuatro condenados por malversación en la sentencia de esa misma Sala, pasó un buen rato redactando la ponencia que después la Sala hizo suya con un solo voto particular.

La clave narrativa del auto está en este primer párrafo de los Fundamentos de Derecho:

“Entre la voluntad política que anima una determinada reforma y los enunciados normativos mediante los que esa reforma pretende llevarse a efecto ha de existir una coherencia precisa, exacta, que sea fiel reflejo del solvente manejo de las categorías conceptuales que son propias de la dogmática penal”.

Cinco líneas para anunciar lo que viene después: 52 páginas dedicadas a desvelar la torpeza inaudita de quienes se adentraron en aguas mayores legislativas, tan cargados de voluntarismo político como desprovistos de respeto por “las categorías conceptuales” del derecho penal. Un relato argumental no exento de sorna malévola que culmina así:

“El rechazo de la Sala a la petición del fiscal y las defensas de declarar amnistiado el delito de malversación es consecuencia de la definición que la propia Ley de Amnistía hace de su ámbito objetivo de aplicación”

Lo que en el lenguaje coloquial se traduciría más o menos así: pichones, os habéis querido proteger tanto y de forma tan obtusa que, con esta ley chapucera, nos habéis suministrado la soga con la que sofocar vuestro propósito, obviamente subversivo.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo tumba la amnistía exprés y aboca a Puigdemont a pelear en el Constitucional

Pablo Gabilondo

Aunque no es difícil colegir su opinión sobre la ley de amnistía, el Tribunal Supremo no cae en la trampa de embestir frontalmente contra ella, delatar los intereses bastardos que la dictaron (aunque no se priva de deslizar algunos comentarios irónicos sobre los vaivenes del parto) y señalar su mayor tacha, que es el hecho de ser una norma ad personam, destinada a canjear la impunidad de un sujeto y sus compinches por unos votos mercenarios.

No significa que el Supremo abandone esas impugnaciones de fondo; de hecho, aunque acata formalmente la ley hace expresa reserva de ellas para el futuro. Significa que, de momento, le basta con las falencias de la propia ley -redactada fuera del Parlamento español- para concluir que “los hechos que fueron declarados probados en nuestra sentencia 459/2019, y calificados como constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos no han sido abarcados por la Ley de Amnistía”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La amnistía contra la amnistía (el jaque mate del Supremo)

José Antonio Zarzalejos

Lo hace mediante una lectura impecable (también argumentalmente implacable respecto al engendro y sus redactores, de los que se mofa casi sin disimulo) de los dos primeros artículos de la ley, aprovechando los jardines en que unos y otros se metieron en aquel cuarto oscuro de Ginebra, entre las convulsiones paranoicas de Puigdemont y el picapleitos que lo asesora, la fatuidad proverbial del expresidente metido a mediador en jefe y la vana pretensión de los enviados gubernamentales de nadar en el estiércol jurídico y político sin dejar de oler a perfume. Hacer asnadas en provecho propio quedando bien a la vez es el sueño perpetuo de los políticos, pero está al alcance de muy pocos y, desde luego, quizá funcione alguna vez como excepción, pero jamás como método.

El mensaje combinado (sin duda, sincronizado) del auto de la Sala Segunda sobre Junqueras y compañía y el del juez instructor sobre Puigdemont y compañía puede resumirse así: si ustedes querían blanquear por completo la corrupción de los líderes independentistas, deberían haberlo dicho así en la ley y exponerse al bochorno político en España y en la Unión Europea. Si necesitaban expedir un salvoconducto de impunidad a sus acreedores, deberían haberse atrevido a escribir sus nombres en la ley y soportar el reproche jurídico universal por el disparate. Pero la marea de trampas y circunloquios con la que intentaron maquillar ambos propósitos no sirvió para fortalecer su causa, más bien al contrario.

El efecto inmediato de esta decisión judicial es una elevación en varios grados de la conflagración institucional múltiple entre los poderes del Estado, singularmente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El Gobierno ha acompañado su alianza política con fuerzas extraconstitucionales con una ofensiva descarnada por neutralizar primero y extinguir después la acción independiente de los tribunales de Justicia. Los jueces han percibido la amenaza existencial y se han pertrechado en una defensa numantina de su posición constitucional, no exenta de excesos poco compatibles con la asepsia que exige su función arbitral.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Amnistía: una chapuza de ley, unos magistrados valientes

Alberto Pérez Giménez

Por el camino, el Gobierno trata también de abrir brechas en el frente judicial instrumentalizando a su favor a la Fiscalía -convertida sin tapujos en un departamento del aparato monclovita- y al propio Tribunal Constitucional, al que se pretende arrojar contra el Tribunal Supremo, confiando en la conocida afinidad ideológica de su presidente y de la mayoría de sus componentes. De momento, el respeto recíproco entre el Ejecutivo y el Judicial está destruido, la reputación del fiscal general en particular y de la Fiscalía en general se arrastra por los suelos y el Constitucional, antes de emitir su primera palabra sobre el zafarrancho, vive sometido a una presunción de parcialidad a la que, irresponsablemente, contribuyen los líderes de la oposición. El Parlamento en esta legislatura es un juguete roto; o aún peor, un mero escenario ornamental de la feroz pelea de gallos en que han convertido la política española.

Mucha gente sabia y prudente advirtió de que esta ley de amnistía será, mucho más que un escándalo puntual, un siniestro jurídico y político que lastrará durante años la convivencia política y la normalidad institucional. No hay más que repasar en recorrido que espera tras estos dos autos del Supremo. Antes de poder recurrir al Constitucional, los afectados, espoleados por el Gobierno, tendrán que presentar sus recursos ante el propio Tribunal, que se tomará su tiempo para responder negativamente. Luego recurrirán en amparo al Constitucional, que, simultáneamente, recibirá también el recurso de inconstitucionalidad del PP (lo más tarde que pueda) y la cuestión de constitucionalidad que anuncia la Sala Segunda sobre el delito de desobediencia (que contiene una impugnación global de la ley). Y al fondo, espera el tribunal de Luxemburgo para dictaminar si la malversación de los jefes del procés afectó a los intereses económicos de la Unión Europea (lo que el auto de Marchena da por seguro).

Mientras tanto, Cataluña permanecerá ingobernable y, con ella, España entera. Porque, así como Javier Caraballo ha explicado que todos los actos de este Gobierno -los acertados y los desacertados- se han supeditado invariablemente al interés personal de su presidente, la prolongación del razonamiento es que, al ligar Sánchez su suerte política a las fuerzas secesionistas, toda la política española se hace depender de lo que sucede o deja de suceder en Cataluña. Hasta el punto de que la desaparición o mengua drástica de los nacionalismos disgregadores sería una buena noticia para los españoles, excepto para ellos mismos y para el actual presidente del Gobierno.