Convoquen ya una Conferencia de Presidentes sobre inmigración

No sé a qué espera el presidente del Gobierno para convocar de inmediato una Conferencia de Presidentes autonómicos con la política de inmigración como tema monográfico, o el Partido Popular para exigirla públicamente. Si algún sentido tiene ese instrumento de diálogo y cooperación institucional, arrumbado en un desván junto a los demás del mismo signo, es precisamente abordar al máximo nivel problemas como este. Hoy en Lanzarote no habrían tenido que estar los consejeros autonómicos, sino los presidentes.

Las tres grandes cuestiones de nuestro tiempo ya han dado la cara, se manifiestan con toda su crudeza e ignorarlas o jugar con ellas a la política de campanario es no solo indecente, sino estéril, políticamente estúpido y, a la larga, contraproducente para los partidos y Gobiernos que lo intenten, por más que sea intensa la tentación de obtener alguna clase de beneficio inmediato de un uso oportunista o demagógico de ellas.

Salvando la eventualidad de una hecatombe bélica que se lleve el mundo por delante (algo que cada día se hace menos descartable), el cambio climático, la brecha demográfica y las corrientes de migración masiva definirán el perfil de nuestras sociedades más que ninguna otra cuestión durante la primera mitad del siglo XXI. De hecho, ya lo están haciendo de forma no solo prospectiva, sino realmente operativa en el presente. La consecuencia visible es que irrumpen con fuerza inusitada en las agendas políticas globales y locales, se incorporan a la conversación ciudadana y comienzan a condicionar los sistemas de partidos y los resultados electorales en aquellas partes del mundo donde aún rige el sufragio universal.

Se trata de tres modelos prototípicos de lo que llaman problemas de gestión multinivel. Exigen aproximaciones que impliquen a todos los países del mundo, estrategias coordinadas regionalmente (por ejemplo, en la Unión Europea) y, en cada país, una intensa concertación operativa entre todos los poderes públicos, desde los estatales a los más estrictamente locales. Además, hay que cohonestar los planes de medio y largo plazo con respuestas eficientes a las crisis puntuales que saltan recurrentemente. Nada de esto es posible desde la ceguera que nace del sectarismo partidario o del dogmatismo ideológico, hijos a su vez del casorio entre la ignorancia y la mala fe.

La septicemia que afecta a la política española se manifiesta en todos los terrenos, desde los más triviales (¿junto a quién se sentará Sánchez en los partidos de la Selección española?) a los que nos importan existencialmente. Un ejemplo es el cúmulo de absurdidades en torno a la crisis de los menores inmigrantes en Canarias.

No es exagerado considerar lo que se vive en estos días en Canarias como una emergencia humanitaria. Ya sé que Canarias no es Ucrania o Gaza; pero si hay 6.000 niños abandonados a su suerte y arracimados donde solo existen recursos para atender a 2.000, la situación es apremiante -lo que hace de ella una emergencia- y su dimensión humanitaria salta a la vista. Esos niños no están en condiciones de esperar a que se acomoden las competencias y las responsabilidades según la conveniencia de cada administración y mucho menos a que los gabinetes de estrategia de los partidos diluciden qué posiciones les resultarán más beneficiosas o -lo que es lo mismo- más dañinas para sus rivales.

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Para empezar, ya se está echando en falta un dispositivo de crisis destinado específicamente a resolver de forma inmediata la situación desesperada de esos niños. En este instante, todo lo que no sea atender a la emergencia concreta es cruel y traicionero. Ya habrá tiempo para las disputas competenciales, las tácticas de partido o las discusiones escolásticas sobre la inmigración.

¿De verdad piensan los dirigentes de Vox que obtendrán algo positivo de su negativa cerril a solventar el problema de esos niños? Esperen a que muera uno solo de ellos por la forzosa desatención que sufren y verán las consecuencias políticas. Entonces se lamentarán de que los demás partidos aprovechen para culpabilizarlos de la tragedia, pero lo tendrán merecido. Una cosa es ser ideológicamente nacionalista y xenófobo (perdón por la redundancia) y otra comportarse como cafres ante un drama concreto y actual que afecta a criaturas concretas.

Comienza a detectarse en el Gobierno la reaparición del patrón de conducta que ya exhibió durante la pandemia. En materia de inmigración, a ratos (los buenos) reclama para sí toda la autoridad y el protagonismo y a ratos (los malos) se escaquea descargando la responsabilidad en los Gobiernos autonómicos. La realidad es que ni resulta posible llevar a la práctica una gestión equitativa y eficiente de los flujos migratorios sin contar con los Gobiernos autonómicos y locales -sean del partido que sean- ni es de recibo llamarse a andana en una materia que afecta a algo tan intrínsecamente ligado a la responsabilidad del Estado como la política de fronteras, especialmente considerando que las nuestras son fronteras naturales de entrada a Europa.

Opinión

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El Partido Popular podría desencadenarse en algún momento del doble dilema que tortura eternamente a sus dirigentes: sobre su posición en el espacio político respecto a Vox y sobre la reacción de sus votantes ante cualquier ayuda que presten a Sánchez. En cambio, podrían ensayar la vía alternativa de limitarse a hacer lo correcto en cada situación. Desde luego, lo correcto no es sugerir que la Armada Española invada las aguas territoriales de otros países para impedir que salgan los cayucos (como dijo Tellado en palabras que consideraremos compasivamente como irreflexivas) ni desafiar a Vox a cumplir su amenaza de romper los Gobiernos autonómicos que comparten porque “nos hará un gran favor”.

Algo falla en ese razonamiento. Si un año después resulta un gran favor para el PP que Vox rompa los pactos de Gobierno, es que esos pactos fueron un grave error del PP. Más cierto es que, fueran o no un error (en mi opinión lo fueron en el fondo y en la forma), la quiebra de las mayorías actuales sin mayorías alternativas en varias comunidades autónomas plantea problemas de estabilidad que habrá que manejar como mejor se pueda, pero no es creíble ni sensato exhibirla como un triunfo desde el punto de vista del interés público, que es el único que debería subrayarse en el discurso político.

En realidad, me traen sin cuidado en este momento los presuntos efectos tácticos (más imaginarios que reales) de las decisiones que unos y otros tomen sobre este problema. Lo urgente es dar una salida a la situación de los niños amontonados en Canarias; quien se desentienda de esa obligación o la sabotee, que se lo explique a la opinión pública y, si es creyente, que pase por el confesionario. Lo importante, que España tenga de una vez una política de inmigración seria, realista, consistente, internamente compartida por la mayoría y conectada con la de la Unión Europea -que tampoco existe por el momento-.

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Una política que ha de pasar inexcusablemente por la colaboración activa con los países de origen y el abandono tanto de los buenismos tontos que ignoran el problema objetivo que provoca la entrada descontrolada de masas de inmigrantes ilegales como de la pulsión xenófoba que niega, entre otras cosas, que la economía de los países occidentales devendrá inviable sin una aportación cuantiosa de población inmigrante, lo que aboca a aceptar que nuestras sociedades serán mestizas en todos los sentidos.

Como no hay mal que por bien no venga, lo único bueno de esta crisis migratoria (que precederá a muchas más, porque el problema de fondo seguirá ahí cuando se solucione la emergencia en Canarias) es que pone una vez más de manifiesto que el modelo de gobernanza basado en la fractura bipolar del espacio político no solo es venenosa para la convivencia, sino radicalmente ineficiente. Cuando llegan las cuestiones verdaderamente trascendentes, el Gobierno de Sánchez no tiene otro remedio que apoyarse en el PP. Como sucedería si quien estuviera en la Moncloa fuera Feijóo.

En España, el llamado “espacio de la centralidad” (que no es lo mismo que el centrismo) no es tan solo la única garantía de la convivencia social y de la salud institucional del país; además, es una condición radical (de raíz) para recuperar las políticas públicas reformistas y eficientes de las que carecemos desde hace más de una década. Y la política de los muros es radicalmente detestable, sobre todo cuando la hacen suya los partidos a quienes votan dos de cada tres ciudadanos. Y no hay sigla que limpie esa infamia.