El estado comatoso de la legislatura y el embuste del "somos más"

Desde que en la noche del 23 de julio de 2023 Pedro Sánchez, desde el balcón de Ferraz, lanzó la proclama del “¡Somos más!”, se vio con claridad que esta legislatura solo serviría para que el propio Sánchez ganara la investidura que le permite seguir habitando en la Moncloa y para que, a cambio, los responsables de la insurrección institucional de 2017 obtuvieran su impunidad legal mediante la ley de amnistía.

Se dirá, con razón, que el trueque de poder por impunidad no fue cosa menor considerando las prioridades de los contratistas. Pero de ninguna forma se garantizó un desarrollo normal de la legislatura, ni una gobernanza estable ni la perspectiva fundada de un período de reformas mínimamente fértil. Por el contrario, era fácil prever un pertinaz estancamiento político y legislativo, acompañado de una aceleración del envilecimiento institucional iniciado al trote en la primera era sanchista y que ya avanza a galope tendido, afectando a todos los órganos del Estado.

Además del espíritu frentista que animaba aquel grito de Sánchez (completado con su teoría del muro en el discurso de investidura), su problema fundamental es que era falso. Ni los resultados de las sucesivas elecciones ni las intenciones declaradas de los partícipes en la muy coyuntural mayoría de investidura permitían alentar esa idea.

Puede admitirse que, en la lógica perversa de la polarización binaria, los del bloque de apoyo a Sánchez “fueron más” en la legislatura anterior. Pero ya no lo son: ni socialmente, ni electoralmente, ni en términos parlamentarios. Tampoco son más los del bloque contrario: ni uno ni otro bloque están en condiciones de gobernar el país por sí mismos. Lo que conduce al sistema político a una especie de esclerosis múltiple que en algún momento puede hacerse irreversible.

El Pleno de ayer en el Congreso demostró, por si había alguna duda, que el Gobierno está en minoría en la Cámara. Tras un curso completo de sequía legislativa, ayer perdió las dos votaciones más importantes: la de la reforma de la ley de extranjería para abordar la crisis migratoria y la del marco de estabilidad presupuestaria, paso previo para la elaboración de los presupuestos de 2025. En el primero no quiso o no supo encontrar un acuerdo con el PP -cuyas condiciones eran razonables- y en el segundo contempló cómo el partido de Puigdemont anunció su paso a la oposición.

Dentro de un discurso incendiario en el que reapareció la versión más insultante del “España nos roba”, la frase más impactante del debate fue esta: “Vayan buscando otros caminos, que no pasarán por Junts per Catalunya, para poder aprobar sus Presupuestos Generales del Estado”. Antes, el mismo grupo contribuyó a derrotar la reforma de la ley de extranjería por sus propios motivos xenófobos.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Nubarrones sobre la Moncloa un año después del 23-J

Antonio Casado

A medida que se aleja la probabilidad de que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat, su incentivo para sostener a este Gobierno decrece por minutos. Se ha repetido hasta la saciedad que en aquel cuarto oscuro de Ginebra el PSOE compró los siete votos de Junts. Hoy sabemos que no fue una compra sino un alquiler, y que el plazo del arrendamiento ha expirado.

Además, la deserción de Junts vino acompañada de una retahíla de advertencias ominosas del resto de los componentes de la presunta mayoría, ninguno de los cuales -incluido Sumar- se privó de hacer patente que el Gobierno no debe contar de antemano con su respaldo para el futuro. A la vista del tono, el siguiente en bajarse del carro será Podemos; y lo de ERC cuelga de un hilo. El domingo pedía mi amigo Carlos Sánchez que el presidente se someta a un voto de confianza en el Congreso. No lo hará porque sabe positivamente que lo perdería, como perdería Feijóo una moción de censura.

Esta es la realidad actual del Parlamento español: ni hay mayoría de gobierno, ni hay mayoría alternativa de la oposición. Las únicas votaciones que ayer ganó cómodamente el Gobierno fueron aquellas en que contó con el voto favorable o la abstención del PP. Pero ni uno ni el otro ofrecen el menor síntoma de dar un giro a sus estrategias hacia lo que, a mi juicio, mejor responde al espíritu prevalente en la sociedad y al interés objetivo del país: abrir un período de concertación en la centralidad hasta que, deseablemente más pronto que tarde, se ponga fin a esta legislatura marchita y se devuelva la palabra a los ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR

Inactividad legislativa desde el 23-J: siete decretos-ley y solo dos leyes (una, la amnistía)

M. Nevot

Mientras tanto, no habrá producción legislativa, no habrá presupuestos en el 25 ni en el 26 ni en el 27, no habrá solución que merezca tal nombre para problemas tan acuciantes como la inmigración, la financiación autonómica o cualquier otro de los que llevan lustros esperando.

Es tan intensa la dependencia de este Gobierno de las fuerzas nacionalistas catalanas que todas sus decisiones políticas sin excepción están condicionadas por ese hecho. Cataluña ha pasado de ser un problema grave de la política española a absorberla por completo, para desesperación del resto de los territorios.

El Gobierno de Sánchez es incapaz -ni lo ha intentado- de encontrar un modelo razonable de relación con los gobiernos autonómicos y municipales del PP, que ocupa el grueso del poder territorial. Por su parte, Feijóo ha dispuesto a sus presidentes autonómicos y alcaldes en formación de combate y en ambos bandos prevalece el parte de guerra sobre el interés del procomún. En el país más descentralizado de Europa, la cooperación racional entre los gobiernos de distinto nivel es una quimera. Es muy razonable que se pida una Conferencia de Presidentes, pero unos y otros saben que acudirían a ella armados hasta los dientes y con ganas de celebrar una balacera.

TE PUEDE INTERESAR

Junts avisa a Sánchez: trunca sus cuentas y le hará imposible gobernar si pacta con ERC investir a Salvador Illa

Itziar Reyero

El Gobierno ha declarado abiertamente la guerra al Poder Judicial, hasta entrar de lleno en el desacato. Las declaraciones públicas del presidente, sus ministros y portavoces sobre los jueces en general y alguno de ellos en particular son directamente delictivas. Se ha comprado íntegramente la teoría populista del lawfare y no hay día en que no se produzca una acusación oficialista de prevaricación judicial, jaleada por su corte mediática.

Esto se ha llevado al límite de la histeria al hilo del procedimiento en el que está implicada Begoña Gómez. Cualquier observador externo diría que el presidente del Gobierno español, sus ministros (singularmente el de Justicia) y los dirigentes de su partido están monográficamente dedicados a la defensa beligerante de la mujer del presidente. Pero fue Sánchez quien lanzó a su esposa a la fama mundial con su desmesurada reacción al conocer (y ocultar) su condición de investigada. Hoy Gómez ocupa los titulares de pseudomedios y tabloides digitales tan patibularios como The Financial Times, Bloomberg, Reuters o Político. Suceda lo que suceda en los tribunales, su reputación personal y profesional ya no tiene remedio. Que se lo agradezca a su marido.

Tampoco ayuda que, en paralelo, el Partido Popular haya soltado el freno y descalifique cotidianamente al Tribunal Constitucional por el partidismo de su presidente y de la mayoría de sus miembros.

TE PUEDE INTERESAR

PP y Junts cumplen su amenaza y tumban la reforma de la ley de extranjería

Ana Belén Ramos Itziar Reyero

Todos tenemos dudas sobre la ortodoxia procesal de las actuaciones del juez Peinado y sobre la mayoría de hierro de siete magistrados frente a cuatro (siempre los mismos) en el Tribunal Constitucional y el carácter jurisdiccionalmente invasivo de algunas de sus decisiones. Y resulta inquietante la sensación de que los jueces, sintiéndose corporativamente agredidos, han formado también un frente de combate en defensa propia. Si un dirigente político está convencido de que alguien está prevaricando, su obligación es presentar una querella, promover la recusación de los presuntos prevaricadores y, en todo caso, medir sus palabras. Pero hacen lo contrario: en esta España del nuevo cisma nacional, hay saturación de bocachanclas.

La Fiscalía está descarajada y partida en dos mitades por el comportamiento sectario de su máximo responsable, que ya no se molesta en disimular el color de su camiseta. Imaginemos (lo apuntó Antonio Caño en la tertulia de Alsina) que el fiscal general del Estado terminara imputado por revelación de secretos -lo que es verosímil-. En ese proceso tendría que actuar un fiscal; y dado el carácter jerárquico de la institución, quien le daría las instrucciones sobre cómo proceder sería… el propio imputado. España insólita.

Con la lógica del “somos más”, esta legislatura entró en coma cuando se aprobó la ley de amnistía. Todo lo que dure será el tiempo de la basura. Y lo peor no es que España pierda el tiempo, sino que, por el camino, se pierda el respeto a sí misma. Por desgracia, no somos italianos para hacer que el país funcione durante décadas desentendiéndose del Gobierno.