Sánchez pide el carné de ERC

Si yo fuera militante de ERC y pudiera participar en la consulta interna sobre el acuerdo que ese partido secesionista ha firmado con el PSC para apoyar la investidura de Salvador Illa, votaría a favor sin dudar un instante. Si fuera miembro del PSC y me sintiera satisfecho con el contenido de ese acuerdo, a la vista de su texto me apresuraría a pedir el carné de ERC o, alternativamente, abogaría por la fusión de ambos partidos.

No es triunfo menor que el partido que sufrió el mayor castigo electoral en las elecciones catalanas, perdiendo 200.000 votos y 13 escaños, haya conseguido que el ganador firme un papel en el que el PSC no solo avala la gestión del Gobierno que los votantes rechazaron y se compromete a dar continuidad a sus políticas; además y sobre todo, asume como propio el ideario completo y el vocabulario de su interlocutor, así como su interpretación del llamado ”conflicto político entre Cataluña y España” (así se define varias veces en el documento) y comparte la omisión drástica de toda referencia a la Constitución y al Estatuto como marco legal del autogobierno de Cataluña dentro de España.

Es obvio que han sido Sánchez y sus ministros de cabecera quienes han negociado la investidura con la facción dominante de ERC. Así se planteó desde el principio. Entre otros motivos, porque las demandas sustantivas del partido independentista estaban fuera del alcance de la dirección del PSC. Solo el Gobierno central podía acceder a ellas; y aun así, es probable que muchos de los compromisos que figuran en ese papel resulten inviables o, pese a lo que presumen sus firmantes, fácilmente reversibles.

No obstante, el documento -que constituirá la base del programa de investidura de Illa- afecta de modo esencial a la naturaleza política del PSC, que, al firmarlo como norte y guía de su acción de gobierno, ha dado el paso que lleva décadas amagando: abandonar su condición mestiza y transversal para convertirse definitivamente en un partido nacionalista. De la primera a la última línea, todo el texto está impregnado por el corpus ideológico del nacionalismo. El vocablo más repetido en él es “soberanía”, y no solo la fiscal. He aquí la carta de presentación del pacto: “Una investidura que haga avanzar a Cataluña en términos de soberanía”. Efectivamente, las 25 páginas que siguen a esa declaración de intenciones -que abarcan muchos más temas, además del de la financiación- conforman un programa inequívocamente soberanista, con rastros apenas reconocibles de socialismo.

Este modus operandi reproduce uno de los rasgos más característicos del sanchismo, que tiene por costumbre alumbrar pactos políticos inverosímiles por el sencillo procedimiento de metabolizar alegremente la ideología de la otra parte, siempre y cuando reciba el poder a cambio. El PSC jamás habría firmado un documento de esta naturaleza si no conllevara la presidencia de la Generalitat. Pero en la cultura de esta nueva versión del PSOE, el sillón siempre vale más que la conciencia. Para ellos, el Ser es lo contingente y el Estar lo primordial -de ahí su relación promiscua con la verdad-.

Los responsables de la sublevación institucional de 2017 tropezaron con dos obstáculos insalvables: por una parte, el entramado legal que defendía el Estado constitucional y la acción de la Justicia para hacerlo prevalecer. Por otra, la carencia de estructuras de Estado capaces de sostener ni 24 horas la fantasmagórica república independiente que proclamaron. Llevan siete años trabajando por superar ambas deficiencias, y para ello han encontrado el socio ideal: un Fausto en la Moncloa dispuesto a entregar su alma -y la del país- a cualquier diablo a cambio de una ración generosa y duradera de poder personal.

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Una vez establecida como estructural la dependencia política del partido de Sánchez respecto a las fuerzas secesionistas y/o extraconstitucionales, el trayecto ha sido rectilíneo. Primer paso, despojar al ordenamiento jurídico, especialmente al Código Penal, de los recursos normativos destinados a proteger el orden constitucional. Si hoy se repitieran los hechos de 2017, la Justicia se encontraría inerme por el vaciamiento metódico de tipos delictivos asociados a la subversión institucional. Tanto la poda de la ley penal como la ley de amnistía que completa el marco de la impunidad no son perdones por lo de ayer, sino salvoconductos para lo de mañana.

Segundo paso, desestabilizar al Poder Judicial, barrenando tanto su crédito social como sus propios equilibrios internos, trasladando a su interior la lógica de trincheras que domina la vida política. Hoy en España solo hay dos clases de jueces: los nuestros y los suyos, siendo los nuestros universalmente justos y benéficos y los suyos invariablemente prevaricadores.

El tercer paso, que es de lo que fundamentalmente va este acuerdo, es proporcionar progresivamente al nacionalismo catalán de vocación separatista las estructuras de Estado que antes no tuvieron. El control absoluto del orden público (faltan cinco minutos para que la Policía y la Guardia Civil desaparezcan de Cataluña), el de las infraestructuras, las políticas de inmigración (incluido el control de las fronteras), el fatuo intento de suprimir el bilingüismo en una sociedad genéticamente bilingüe y, ahora, la Hacienda entera. Se dirá que todo eso lo manejará Illa que no es separatista, pero ese es un peaje transitorio.

Para los redactores del acuerdo, la relación de Cataluña con España (con “el Estado”, en su lenguaje) se basará a partir de ahora en la singularidad y la bilateralidad. En este contexto, singularidad equivale a desigualdad. No les valdría, por ejemplo, que cundiera el ejemplo y comenzaran a proliferar regímenes singulares de financiación en todas las comunidades autónomas. No se trata tanto de tener más como de tener más que los demás, y que se note: muy progresista. Por cierto, no solo reclaman la soberanía fiscal para Cataluña, sino que se permiten dictar cómo tiene que funcionar la financiación autonómica para los demás: ordinalidad para todos, que es una forma eufemística de decir que el territorio más rico recibe más. Un chollo para Ayuso, por si alguien no había caído.

Bilateralidad estricta significa derribo de todo lo que es común y debe ser equitativamente compartido. Si hay un concepto que choca con una concepción federal del Estado, es este de la bilateralidad. El texto del acuerdo celebra con alborozo el reencuentro “entre el federalismo de izquierdas y el independentismo de izquierdas”. No hay en él algo que pueda considerarse de izquierdas (más bien una buena dosis de integrismo nacional), ni rastro del federalismo que antaño fue bandera del PSC. Cuentan los informados que los negociadores de ERC no salían de su asombro ante la soltura de cuerpo con que sus interlocutores cedían a sus exigencias, arriando banderas ideológicas e institucionales sostenidas durante décadas. Quizá fueran las prisas.

Admite el acuerdo que, para poner en pie la soberanía fiscal de Cataluña, quizás haya que reformar alguna ley (el erudito texto menciona la LOFCA y la ley de financiación de las comunidades autónomas, que resultan ser la misma cosa). Olvidaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que, al parecer, ya son cosas del pasado.

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En todo caso, será curioso ver a los nacionalistas valencianos de Compromís, a los gallegos del BNG, a los aragoneses de la Chunta y a los madrileños de Más Madrid votando a favor de semejante cosa y explicándolo en sus pueblos. Por no hablar de los dirigentes territoriales del PSOE.

Dice una buena amiga que el federalismo bien entendido es “derecho a la diferencia sin diferencia de derechos”. Muy hermoso. Pero lo que aquí se ha firmado es imposición de la diferencia (más bien del privilegio) con una dramática desigualdad de derechos. Nacionalismo en estado puro.