Con los presupuestos vienen los Reyes Magos

El artículo 134.3 de la Constitución lo deja bien claro: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. El punto anterior (134.2) despeja cualquier duda al respecto: “Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual”.

Hoy es 1 de octubre y no hay rastro de los presupuestos para 2025 en la ventanilla del Congreso. Ni están ni se sabe si se les espera o no. A partir de este día, el Gobierno está en falta respecto a una obligación taxativa. Exactamente igual sucedió en la misma fecha del año pasado y la cosa terminó sin proyecto presupuestario alguno y esperando que llegara el 1 de enero para prorrogar los del año anterior. Me pregunto qué parte de las expresiones “deberá presentar” y “carácter anual” no han entendido en la Moncloa.

Al zafarse de su obligación, el Gobierno no solo incurre en desacato constitucional; provoca que también lo haga el Parlamento, puesto que la misma norma que establece que corresponde al Gobierno la elaboración del presupuesto anual ordena también a las Cortes Generales que procedan a su examen, enmienda y aprobación. En esta como en otras cosas, los constituyentes no imaginaron que un Gobierno incurriera en la deslealtad de zafarse de su deber porque le da la gana.

No existe motivo de fuerza mayor que justifique este escapismo. No hay unas elecciones generales convocadas, ni la legislatura acaba de comenzar con un nuevo gobierno, ni este está en funciones. Sencillamente, el sanchismo ha decidido convertir el cumplimiento de la Constitución en algo discrecional, rescatando del baúl de la historia el famoso dicho ”se acata pero no se cumple” de las antiguas colonias. La mutación constitucional en curso consiste en privar al texto de 1978 de la fuerza de obligar, supeditando su cumplimiento a la conveniencia política del Gobierno en cada coyuntura. No es necesario explicar lo que esto significa como precedente para futuros gobiernos que se acojan con igual impunidad a esa doctrina disolvente.

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Según su innovadora interpretación, el Gobierno solo llevará el presupuesto a las Cortes si tiene la certeza previa de que lo aprobarán. Pero como el proyecto se desconoce (en el supuesto de que exista), ello supone amarrar con una larga cohorte de partidos su voto favorable para algo que nadie ha visto. Así se establece un tráfico perverso en el que se compromete el apoyo a un presupuesto ignoto a cambio de regalías políticas o dádivas económicas que nada tienen que ver con el presupuesto mismo.

Todo esto sucede porque este Gobierno no está dispuesto a afrontar las consecuencias políticas que en las democracias parlamentarias sanas tiene una derrota en la votación presupuestaria. Pero se niega también a admitir el hecho de que carece de la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. Apoyándose únicamente en la votación de investidura y en el obstáculo insalvable de la moción de censura constructiva, se dispone a subsistir el tiempo que sea preciso autocondenándose y condenando al país a la parálisis o a una sucesión interminable de negociaciones en el alambre con partidos que han acreditado su hostilidad hacia el Estado español y su vocación extractiva.

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Tras proclamar que este año presentaría el presupuesto en plazo y forma, Sánchez tardó muy poco en arrepentirse de la chulería. Envió a unos ministros a difundir que se puede vivir muy bien una legislatura entera con un único presupuesto procedente de la anterior mientras otros voceros explican a los periodistas que todo depende de lo que suceda en los congresos de Junts y de ERC (no existe la menor incertidumbre sobre el cónclave aclamatorio del PSOE). Me pregunto qué diablos espera Sánchez que ocurra en los dos congresos secesionistas. Resulte como sea el reparto del poder orgánico, si imagina que de ellos emanará compromiso alguno sobre los presupuestos del Estado o los de la Generalitat, tanto Salvador Illa como él pueden esperar sentados.

Lo cierto es que, para los 21 partidos que se concitaron para la investidura (los 15 amontonados en Sumar más Podemos y la galaxia nacionalista al completo), estos períodos de incertidumbre presupuestaria equivalen al 6 de enero para los niños. Cada uno de ellos escribe su carta a los Reyes Magos, asegurándose de poner el listón de las exigencias cada vez más alto y de superar a sus competidores directos. Sánchez ha demostrado que, en situaciones desesperadas, es capaz de entregar lo que ningún gobernante sensato entregaría, saltar sobre la Constitución si es preciso o asumir compromisos inequívocamente reaccionarios como el del concierto para Cataluña o el de alterar el reparto de los recursos públicos al dictado de Puigdemont, dejando al Estado anémico para realizar políticas de ámbito nacional. Por ello siempre es interesante poner unas fichas en esa mesa de ruleta: a veces, casi sin esperarlo, haces pleno y te forras.

Curiosamente, en ese bazar en el que se ha convertido la relación del Gobierno con sus presuntos socios, Bildu es el único que no participa descaradamente en la rapiña. También es el único de todo el enjambre (incluida la abeja reina) que posee algo parecido a un plan a medio y largo plazo y lo ejecuta paso a paso mientras se lo permiten.

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La cosa es que este Rey Melchor de guardarropía que habita en la Moncloa ya ha llegado al punto en que tiene que firmar cheques sin fondos o pagarés sobre bienes que no le pertenecen. Puede otorgar una ley de amnistía, pero no las sentencias judiciales que necesitan Puigdemont y Junqueras para beneficiarse de ella, aunque unos y otros juegan con el equívoco de que, finalmente, si Sánchez sigue en la Moncloa, Cándido Conde-Pumpido doblará el brazo al Tribunal Supremo.

Puede suscribir un pacto por persona interpuesta (Illa) comprometiéndose con ERC a proclamar y hacer efectiva la soberanía fiscal para Cataluña, pero ambas partes contratantes son conscientes de que tal cosa no es materialmente viable, al menos en esta década. Da igual: a Sánchez le sirve para mantener abierto el casino y a ERC para conservar viva la amenaza: si no cumples, te liquido, que mis siete diputados valen tanto como los de Puigdemont. En realidad, no se ve qué interés tendría ERC en que la Generalitat nade en la abundancia mientras la regente el PSC.

Puede también este presidente enarbolar un plan de regeneración del prójimo con el que intimidar a jueces y periodistas. Pero dudo mucho que lleguemos a ver en el Congreso un proyecto de ley articulado para someterlo a votación y llevarlo al BOE. Los primeros que no quieren saber nada de hacer transparentes las ayudas públicas a los medios afines y los concursos truchos de publicidad institucional son el PSOE, el PNV y los nacionalistas catalanes (tampoco el PP en sus gobiernos).

Puigdemont ha visto el truco y ha procedido a invertir la regla del juego: primero cobra en efectivo y después hace lo que le dé la gana. Le pague lo que le pague, Sánchez jamás tendrá su voto asegurado. Se lo puede permitir porque no necesita hacerse pasar por progresista ni tiene escrúpulos ideológicos en arrimarse al PP y Vox cuando le conviene; o en declarar sin disimulo que a él solo le interesa llevar el agua de todos al molino de su pueblo y a España, que la den por saco. Lo que todos piensan, pero a las claras. Eso da mucha ventaja.