Los ministros de Sánchez y el pluriempleo

Tener un Gobierno en su mayor parte desocupado por falta de cosas útiles que hacer puede parecer un problema, pero no hay mal que por bien no venga. La penúltima ocurrencia del presidente del Gobierno es enviar a un nutrido grupo de ministros a encabezar las guerras políticas regionales sin que abandonen sus asientos en el Consejo de Ministros.

En el vocabulario sanchista, plagado de eufemismos y estafas semánticas, se ha dado en llamar a este carrusel de sillas “fortalecimiento de los liderazgos territoriales”. En realidad, es una muestra palmaria de tres debilidades: el vaciado de un Gobierno ultraprecario incapaz de gobernar efectivamente, la crisis galopante de la cantera de dirigentes territoriales del PSOE capaces de ejercer un liderazgo merecedor de tal nombre y, como hecho estructural, el desprecio infinito de Sánchez por la lógica institucional.

No recuerdo un precedente de un ministro en activo del Gobierno de España que, a la vez, actuara en una comunidad autónoma como líder de la oposición y candidato en ciernes. El caso más próximo fue el de Javier Arenas en Andalucía, pero en ninguna de las cuatro ocasiones en que compitió por la presidencia de la Junta andaluza pertenecía a la vez al Gobierno central. Así pues, el comando expedicionario de ministros que Sánchez envía a encabezar las oposiciones autonómicas es una aportación creativa (una más) al funcionamiento del sistema, de catadura y probables efectos peor que dudosos.

Por orden de importancia, la primera objeción tiene que ser necesariamente institucional. Si se completa la “operación desembarco” tal como está diseñada, los ministros de Hacienda, Educación, Política Territorial, Ciencia y Universidades y Transformación Digital y Función Pública se desdoblarán en dos misiones difícilmente conciliables: por un lado, gestionar sus departamentos con vinculación exclusiva al interés general, lo que, en un Estado descentralizado, obliga a mantener una colaboración continua con todos los gobiernos autonómicos. Esa sería la parte Dr. Jekyll de su tarea. La parte Mr. Hyde, obviamente, será combatir con todas sus fuerzas, incluidos los recursos del Estado a su disposición, al Gobierno autonómico cuya oposición encabezan, al que, lógicamente, tienen la encomienda de debilitar hasta su caída. Ya puestos, el pastel se completaría con la presidenta del Congreso ejerciendo también de lideresa de la oposición en Baleares.

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Óscar López es ministro de Transformación Digital y Función Pública (extraña mezcla, por Tutatis). Da igual, porque no sabe de ninguna de las dos cosas y en los meses que lleva en esa cartera ha hablado de todo menos de sus cometidos ministeriales, salvo para montar un quilombo explosivo con Muface. Pero supongamos que un día, por error, abandona momentáneamente su función de jabalí partidario, decide ejercer de ministro y le toca abordar un problema relativo a la transformación digital con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué gorra se pondrá para la ocasión, la de ministro de España o la de coronel de la tropa antiayusista? Si prioriza una de sus obligaciones traicionará la otra y viceversa. En todo caso, su actuación estará inevitablemente contaminada por la sospecha.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, máxima responsable de la gestión presupuestaria y de la financiación autonómica: el ama de llaves de Pedro Sánchez para la caja del dinero. Y a la vez, si se confirma el rumor atronador, próxima lideresa del socialismo andaluz y, como tal, máxima rival de Moreno Bonilla, comandada para recuperar un territorio sin el que no hay victoria concebible para el PSOE en unas elecciones generales. Conociendo el paño, ¿alguien creerá en la equidad de esta ministra de Hacienda cuando se trate de beneficiar o perjudicar al actual Gobierno andaluz?

Opinión

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Igual observación para Pilar Alegría, ministra de Educación (materia autonómica donde las haya), de sectarismo acreditado, y su relación como tal con el Gobierno aragonés; de Ángel Víctor Torres, nada menos que ministro de Administración Territorial y aspirante a regresar a la presidencia autonómica que perdió en 2023 si es que la judicatura lo permite; o de Diana Morant, que no tiene otra cosa más importante que hacer en esta etapa de su vida que terminar de abrasar al chamuscado presidente de la Comunidad Valenciana.

Ninguna ley prohíbe ser a la vez ministro del Gobierno de España y líder de la oposición en un territorio. Lo prohíben el sentido común y la higiene institucional, porque el conflicto de intereses entre ambas funciones está servido, especialmente en un clima político incendiario como el que padecemos. Lo entendieron todos los presidentes de la democracia y por ello se abstuvieron de crear una situación equívoca y expuesta a continuos recelos y agravios. Pero si a este presidente le estorban las leyes escritas, imaginen lo que le importan las no escritas.

Si el desembarco se consuma, los líderes de la oposición en Andalucía, Aragón, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana estarán fuera de sus parlamentos autonómicos, a los que no pertenecen. ¿Desde dónde harán la oposición? Naturalmente, desde sus ministerios, desde el banco azul y desde el BOE. Miles de funcionarios, decenas de altos cargos y todo el presupuesto del Estado, además de la Moncloa y la flota mediática del oficialismo, al servicio de la causa de ayudarlos a conquistar el poder en sus territorios. Cuenten a partir de ahora las entrevistas de los López, Montero, Alegría, Torres y Morant en los periódicos, la radio y la televisión gubernamentales y el tiempo que dedican a embestir contra sus rivales autonómicos en lugar de hablar de sus ministerios.

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Teóricamente, ser ministro del Gobierno de España debería ocupar todo el tiempo y las energías disponibles de quien ocupe cabalmente esa función. Y liderar un partido en una comunidad autónoma con la vocación de construir una auténtica alternativa de poder y ganar la confianza de la mayoría no debería ser compatible con pasar cinco días a la semana en un despacho ocupándose de gobernar España. El presupuesto de esa incompatibilidad de hecho es que una cosa y la otra se realicen seriamente, profesionalmente y, sobre todo, honestamente, sin mezclar lo que no debe mezclarse ni instrumentalizar los recursos de todos en beneficio propio. Obviamente, no estamos en ese caso.

Sucede que a los miembros de este Gobierno atrofiado desde su origen les sobra tiempo para dedicarse por completo a la guerra de trincheras; que eso es exactamente lo que se espera de ellos para demostrar todas las horas de todos los días su adhesión inquebrantable al mando; que no han recibido una propuesta -ni siquiera una petición de sus militantes-, sino una orden taxativa; y que casi todos ellos saben, ¡ay!, que los envían al matadero.

Óscar López, coleccionista de derrotas, tiene tantas probabilidades de derrotar a Ayuso en Madrid como yo de ganar la maratón olímpica. Si se deja atrapar en el avispero, Montero perecerá al frente de los restos del PSOE de Andalucía, antaño poderoso, que ella contribuyó a dejar hecho un guiñapo para entregarlo a Sánchez como prenda de sumisión. Torres puede darse con un canto en los dientes si no termina pasando una temporada a la sombra. Pilar Alegría sobrepasó hace tiempo su nivel de incompetencia y cada martes es para ella una condena. Y a la anónima Morant sólo le queda esperar el regalo de que Feijóo siga cargando con Mazón, cosa difícil de creer pero no inverosímil dados los antecedentes.

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Cuando estos pasen por la guillotina, si Sánchez sigue en el trono, mandará escribir en El País que “el presidente prepara una renovación de los liderazgos territoriales”. Pero sucede que ha dejado la cantera más seca que un matorral en agosto, por eso últimamente mueve de uno a otro lado las piezas que le van quedando para simular que algo se mueve.