Del Guernica al (posible) suplicatorio de Sánchez

Recomiendo que se lea el discurso de Sánchez en el convite del Museo Reina Sofía en el que inauguró oficialmente el año de homenaje a la figura de Francisco Franco en el cincuentenario de su muerte. A ningún Gobierno democrático que yo recuerde se le ocurrió jamás dedicar un año entero a rememorar, en provecho propio, la muerte de un tirano en el poder; pero lo cierto es que nadie ha hecho tanto por Franco como Sánchez y nadie ha ayudado tanto a Sánchez como Franco, así que la deuda es recíproca: el dictador tiene que agradecer a este presidente que lo haya devuelto a la vida y el presidente al dictador que le haya suministrado una línea discursiva (la única sostenida sin vaivenes ni rectificaciones) con la que alimentar la reyerta nacional sobre la que se sostiene en el poder.

Son 2.415 palabras redactadas en un castellano gramaticalmente repelente y conceptualmente falsario de principio a fin. Pero vale la pena leerlo porque, en el esfuerzo por explicar lo inexplicable, contiene una refutación completa del argumentario monclovita sobre los fastos programados para 2025 en honor de Franco. Buscando lo contrario, Sánchez explicó en ese discurso por qué situar el principio de la democracia española en 1975 es una estafa histórica perpetrada por la ignorancia y el desprecio de la verdad -dos marcas de la casa-. En su caso yo despediría al redactor, por inútil o por traicionero.

Sánchez se arrancó evocando un artículo de 1977 en The Washington Post (“nada más y nada menos”, apostilló el palurdo), que se preguntaba si se cumplía ya la condición que impuso Picasso de que el Guernica regresara cuando en España se recuperara la libertad, y no antes. El propio orador recordó que el cuadro fue devuelto a nuestro país en septiembre de 1981: la Constitución llevaba tres años en vigor, se habían celebrado dos elecciones libres y habían pasado 6 años desde de Franco quedó sepultado bajo una losa de 1.500 kilos que después Sánchez se ocupó de levantar.

El caso es que, tras hacer mangas y capirotes con el retorno del Guernica, pintó un retrato de la España de 1975 que mostraba lo contrario de una democracia capaz de recibir el cuadro según el deseo del pintor. Omitió deliberadamente lo sucedido en los milagrosos años siguientes porque su propósito oportunista es retrotraer el momento fundacional de la democracia.

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Mejor dicho, ese es el pretexto: el propósito verdadero es aprovechar el año 2025 -por si acaso luego se hace tarde- para realizar una operación política de vocación descaradamente divisiva que sirva para profundizar aún más la brecha del bibloquismo en la eventualidad de una convocatoria electoral o, alternativamente, llevar la confrontación con el poder judicial a un clima paroxístico que dé cobertura al rechazo por el Congreso de un eventual suplicatorio del Tribunal Supremo para proceder contra el presidente del Gobierno por cualquiera de las causas abiertas en su entorno inmediato. En cualquiera de los dos casos, el homenaje a Franco se concibe y se cocina durante meses como una acción preventiva en defensa propia. Es verosímil que la maniobra germinara durante aquellos cinco días de abril en los que fingió reflexionar sobre su continuidad en el cargo.

Sólo hay que leer el voluminoso texto del congreso aclamatorio de Sevilla para inferir que Pedro Sánchez aspira a quedarse en la Moncloa al menos hasta 2030. No es casual que la epístola se encabece con el rótulo “España 2030”, que la fecha se mencione en el documento más de 50 veces y que todos los proyectos que en él se enuncian reproduzcan invariablemente esa referencia temporal. Quienes hemos vivido la penosa experiencia de redactar esos espesos adefesios congresuales sabemos que, cuando una palabra o una fecha se repite más de tres veces, ahí hay tomate.

Opinión

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Ante ese objetivo -que aproximaría la duración del mandato de Sánchez al récord de Felipe González-, se alzan dos obstáculos principales. El primero y más verosímil es el peligro extremo de unas elecciones que hagan inviable su investidura. Desechada la vocación mayoritaria del PSOE y a la vista del naufragio de Sumar, la única forma de que den los números es mantener al PSOE claramente por encima del 30% mediante la absorción del yolanda-podemismo, estimular la fragmentación de la derecha (y, dentro de ella, el crecimiento de Vox) y blindar la alianza con el bloque secesionista.

No es sencillo, pero para el sanchismo esta es una hipótesis de necesidad. Y todo ello exige radicalizar la confrontación binaria utilizando para ello todos los recursos al alcance del poder, incluso los que a cualquier persona sensata le parecen en principio inasumibles y después, arrastrados por la ola sectaria, muchos terminan validando. En lo que se refiere a Sánchez, cualquier argumento es posible salvo “a eso no se atreverá”: la experiencia demuestra que su atrevimiento no admite límites.

A esos efectos, resulta muy funcional reciclar la figura de Franco como un actor políticamente operativo. Ayer, en cinco de las siete piezas que abrían este periódico se mencionaba a Franco. Lo mismo ocurría en los demás medios escritos y en las tertulias de radio y televisión. La maquinaria propagandística del oficialismo ha conseguido que pasemos la navidad de 2024 embroncados por los fastos franquistas y por una estampa mostrada en TVE en la noche de las uvas. Cualquier cosa es buena para que los españoles nos mostremos las navajas. Por cierto, Vox mantiene un silencio inteligente comprobando que hace caja demoscópica mientras Sánchez le hace el trabajo sucio.

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El segundo obstáculo, quizá más especulativo pero no menos amenazador, es que cualquiera de los jueces que instruyen los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y a sus alrededores y que apuntan peligrosamente al recinto presidencial, decida que posee indicios suficientes para solicitar al Tribunal Supremo que considere investigado al presidente del Gobierno, como paso preliminar para un posible procesamiento. El propio Supremo podría hacerlo en la causa que conduce por afectar a personas aforadas que formaron parte de la mesa chica de Sánchez y tomaron decisiones que sólo pueden tomarse con conocimiento y permiso de la superioridad.

Puede argüirse que una imputación, incluso un auto de procesamiento, no equivale a una condena ni a una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero es obvio que ese hecho produciría un cambio drástico en el escenario político, y obligaría a todos los partidos -especialmente a los que soportan al Gobierno- a recalcular su estrategia. Llegado el caso, el momento crítico sería la eventual votación en el Congreso de un suplicatorio contra el presidente del Gobierno.

No dudo de que ese escenario se ha contemplado en la Moncloa, aunque sólo sea como hipótesis. La conclusión sólo puede ser una: o se garantiza que el Congreso rechaza el suplicatorio -lo que exige una votación contraria en bloque de todo el bloque e investidura- o habría que adelantarse y disolver las Cámaras antes de que el suplicatorio llegue a votarse.

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En ambos supuestos, el camino sería el mismo: intensificar hasta extremos desconocidos el choque frontal entre los poderes del Estado, descalificar radicalmente al Poder Judicial, asentar firmemente la doctrina del lawfare y justificar el rechazo del suplicatorio -o, en su caso, la anticipación de las elecciones- como una acción de defensa de la democracia frente a un supuesto golpe de Estado judicial. Si el destrozo institucional producido hasta ahora les parece preocupante, prepárense para lo que viene.

La proclama de Sánchez a pocos metros del Guernica incluyó esta frase que nos hartaremos de escuchar próximamente: “El fascismo es ya la tercera fuerza política de Europa”. Con Franco resucitado, estamos cerca de ser llamados a las barricadas y a los parapetos por un émulo de Largo Caballero con maneras de golfo apandador. Por favor, que no le toque a Sánchez organizar el cincuentenario de la Constitución -o de lo que quede de ella en 2028-.