¿Metería su dinero en un banco dirigido por esta ministra de Hacienda?

Carlos Alsina rescató ayer el archivo sonoro en el que se escucha a María Jesús Montero explicar apasionadamente que no es admisible utilizar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas para suplantar la obligación de actualizar en tiempo y forma el modelo de financiación autonómica. Justamente lo contrario de lo que en estos días pregona con igual asertividad Por cierto, tiene mucha razón la Montero de la grabación de Alsina y no la tiene, pues, la de los canutazos actuales. Es lo que pasa con Sánchez y sus cortesanos: es imposible no coincidir con ellos en algún compás, puesto que han recorrido varias veces la escala musical entera, siempre simulando que la última nota es la verdadera y definitiva mientras acomodan el cuerpo para el giro siguiente.

Sucede que la Montero que defendía la tesis correcta era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y recriminaba, con mucha razón, los juegos de manos del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta otra Montero mudó de piel y de tesis: ahora es simultáneamente vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE de Andalucía y lideresa de la oposición en ese territorio. Como es difícil meter tantas cosas en un solo cuerpo y bailar ritmos distintos en tantas pistas a la vez, se comprende que la ortodoxia hacendística haya de ser sacrificada en primer lugar. Además, tiene sobre sí la pesada carga de abrir la caja de nuestro dinero para satisfacer las exigencias de los partidos secesionistas que sostienen a Sánchez en la Moncloa y, a continuación, presentar el atraco como un servicio a la patria realizado por nuestro bien.

Quien dirige el Ministerio de Hacienda tiene la obligación sacrosanta de requerir de la sociedad el dinero justo -y hacerlo de la forma más justa- para asegurar que la acción del Estado resulte a la vez eficiente y beneficiosa para el procomún; tiene que ordenar la elaboración del presupuesto del Estado para presentárselo al Parlamento y que este lo apruebe o rechace, tarea primigenia de todos los parlamentos del universo. Tiene que vigilar el ingreso y el gasto evitando el fraude en ambos casos; y en un Estado sumamente descentralizado, tiene que coordinarse con las Haciendas autonómicas y locales, puesto que los recursos que todas ellas manejan salen de los mismos bolsillos, que resultan ser los nuestros.

La vicesecretaria general del Partido Socialista, por su lado, tiene la tarea principal de defender los intereses y posiciones de su partido por encima de cualesquiera otros. Debe ocuparse de lograr la máxima ventaja para su sigla en la competición política y electoral y, con frecuencia (en este caso, con frecuencia 24/7) confrontar con los partidos rivales, favorecer a los aliados y agasajar a los grupos sociales más proclives a formar parte de la clientela propia en detrimento de los más hostiles.

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La lideresa de la oposición en Andalucía tiene como misión recuperar allí el poder para su partido, lo que incluye transmitir a los habitantes de ese territorio la idea de que ella prioriza en toda circunstancia la defensa de sus intereses específicos; y, a la vez, combatir y debilitar con todos los instrumentos en su mano al Gobierno autonómico actual.

El problema se vuelve venenoso cuando el instrumento más poderoso de los que dispone es, precisamente, la Hacienda Pública. Porque el paso siguiente es la subversión de las prioridades, de tal forma que, en ese ejercicio acrobático de desdoblamiento múltiple de la personalidad, la ministra y el Ministerio de Hacienda terminan poniéndose al servicio de las dos ramas partidarias del PSOE, la nacional y la andaluza. No es preciso estar poseído por el espíritu sectario acreditado cum laude por María Jesús Montero para que se produzca ese efecto nocivo. Si con una ministra de su talante ya era previsible que los impuestos de todos los españoles se usarían mayormente para financiar la estrategia política y las campañas electorales del partido de Sánchez en España y en Andalucía, al fusionarse todas esas encomiendas en su persona hay que abandonar cualquier esperanza de una gestión pulcra, ni siquiera en apariencia.

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Por otro lado, eso es justamente lo que se persigue cuando se entra de lleno en la práctica -inédita hasta ahora- de encomendar a varios ministros del Gobierno el liderazgo de la oposición en los territorios, lo que garantiza de antemano un tratamiento hostil de esos ministerios hacia los Gobiernos autonómicos que buscan derribar y un uso venal de los recursos públicos. ¿Qué sucederá cuando el Ministerio de Transformación Digital tenga que negociar con el Gobierno de Ayuso o el de Educación deba cooperar en algo con el Gobierno aragonés? Este tipo de pluriempleo ministerial es tóxico en sí mismo, por eso ningún presidente anterior lo puso en práctica. Y lo es aún más cuando se atribuye a personas señaladas por su ferocidad partidista y su relación conflictiva con la verdad.

El modelo de financiación autonómica está pendiente de renovación desde 2013. Dependiendo como depende de un entendimiento entre los dos grandes partidos, en doce años no ha existido ningún momento en el que esa renovación resultara verosímil. Con toda seguridad, la legislatura terminará sin haber avanzado un paso en la solución de un problema que es vertebral para el funcionamiento del Estado y del que nacen gran parte de las disfunciones, las asimetrías venenosas y los agravios comparativos que contaminan la política española. Gran éxito el de esta ministra de Hacienda que va por la vida sin un presupuesto que presentar en el Congreso, sin el asomo de un modelo de financiación autonómica y sin la esperanza remota de iniciar siquiera una reforma fiscal que merezca tal nombre.

Este asunto de la quita de la deuda autonómica tiene tanto que ver con el interés público como yo con el obispo de Mondoñedo. La batalla no se habría planteado en absoluto si Sánchez no hubiera tenido que comprar la investidura de Salvador Illa a ERC y después armar una coartada a modo de cortafuegos por la espiral de agravios que levantaría en el resto de España el pago de la enésima factura al extorsionador separatista. Cada día se hace evidente con mayor intensidad hasta qué punto todos los pasos que, dentro de su debilidad extrema, se atreve a dar este Gobierno están directamente conectados a la botella de oxígeno que le administran los nacionalistas, enseñoreados como nunca del Boletín Oficial del Estado.

Adentrarse en los vericuetos técnicos de la cuestión sería muy interesante si la cosa fuera en serio, pero no es el caso. En realidad, la historia de este episodio se cuenta en pocas líneas: Sánchez abonó el precio que le exigía Junqueras para hacer presidente a Illa, luego se inventó el juego trilero de las condonaciones (que no es sino pasar la deuda de un cajón a otro), preparó una emboscada a los Gobiernos autonómicos del PP y estos se la reventaron pateando el tablero. El local quedó perdido de polvo y azufre y la institucionalidad más averiada que ayer, pero menos que mañana. Lo demás es retórica de hojalata.

En las democracias hemos adquirido la costumbre de poner nuestros países en manos de individuos a los que no querríamos en nuestra familia ni entregaríamos la llave de nuestra casa o el cuidado de nuestros hijos. Así nos luce el pelo. Por mi parte, jamás pondría mis ahorros en un banco que dirigiera María Jesús Montero. Y si deposito ahí mis impuestos, es lleno de aprensión y porque me obligan. Sospecho que en eso no estoy solo.