Mal futuro para los inmigrantes en Cataluña

La Constitución fija 32 materias sobre las que establece competencia exclusiva del Estado. La lectura de las cinco primeras explica por sí misma ese acotamiento competencial: a) La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; b) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; c) Relaciones internacionales; d) Defensa y Fuerzas Armadas; e) Administración de Justicia.

Ciertamente, el artículo siguiente admite que el Estado puede “transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de facultad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”. Atención a este matiz, porque a ese texto se acoge el acuerdo entre el PSOE y Junts para traspasar a la Generalitat de Cataluña un catálogo extensísimo de poderes sobre inmigración y extranjería. Tan extenso que, en la práctica, equivale a una entrega casi completa de la realización de esas políticas, colocando a la autoridad estatal en posición subalterna respecto a la autonómica.

A partir de la previsible aprobación de esa proposición de ley (otra vez la gatera parlamentaria por la que se eluden los controles y dictámenes preceptivos), la Generalitat decidirá qué extranjeros pueden o no permanecer en Cataluña (y por tanto, en cualquier lugar de España) y quiénes y cómo deben ser expulsados (no solo de Cataluña, sino de España). Repito: los firmantes del pacto se han olvidado de explicar que si el gobierno autonómico de Cataluña expulsa a un inmigrante, lo estará echando de España -y probablemente de Europa, salvo que lo admita otro país de la Unión-.

Si alguien recurre la norma, será apasionante ver cómo se las arregla el Tribunal Constitucional para deglutir que las políticas de inmigración y extranjería forman parte de las facultades estatales que, “por su propia naturaleza” (como precisa el texto constitucional), son susceptibles de transferencia o delegación.

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Muchos pensamos que, obviamente, no pueden serlo las relaciones internacionales, la Defensa y las Fuerzas Armadas o la Administración de Justicia; tampoco el control de las fronteras o la habilitación efectiva para admitir o impedir la presencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional. Un Estado que se considere tal no puede renunciar a ellas ni centrifugar su ejercicio porque afectan al núcleo de la soberanía nacional, que es única e indivisible. En este tiempo, sólo tiene lógica la cesión de soberanía hacia arriba, hacia la Unión Europea. Lo otro no es compartirla, sino desparramarla.

El texto urdido por Puigdemont con los emisarios de Sánchez da por hecho, abusivamente, que cualquier competencia exclusiva del Estado es susceptible de ser cedida a un Gobierno autonómico. Lo que explica la obsesión de un partido separatista como Junts por conseguir que Cataluña se apropie de la política de inmigración o la de ERC por hacer lo mismo con la soberanía fiscal. Se diría que ambos trabajan para reforzar a Salvador Illa, que es quien ejercería de inmediato esos poderes. Pero no es el caso: el propio Puigdemont aclaró ayer que acuerdos como este “preparan mejor a Cataluña para el futuro”: ese en el que, recuperado el poder, llegue el momento de “hacerlo de nuevo”, disponiendo ya -gracias a Sánchez- de los poderes y estructuras de Estado de los que carecían en 2017.

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Se habla de que los Mossos d’Esquadra compartirán el control de las fronteras terrestres, los puertos y los aeropuertos con las fuerzas de seguridad del Estado. Bullshit. Antes de que termine esta década no quedará en Cataluña ni rastro de la Policía o de la Guardia Civil; y si queda alguno, se hará lo necesario para que sean invisibles, como, de hecho, ya sucede en el País Vasco. Para ser un Estado independiente, el primer paso es parecerlo, y en ello están.

Los nacionalistas catalanes, con la colaboración del Gobierno español, están pavimentando un nuevo camino, más lento, pero más seguro, para sacar a España de Cataluña como paso preliminar para sacar a Cataluña de España. Es decisivo para esa estrategia fijar en piedra legislativa el criterio de que cualquier competencia del Estado está en el mercado de los pactos entre partidos. No olvidemos que en la lista del artículo 149 también figura “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. A partir de la doctrina de esta ley, está más cerca la entrega al Gobierno de Cataluña de la facultad de convocar un referéndum de autodeterminación, exigencia histórica del independentismo.

Además, ¿por qué sólo a Cataluña? Obviamente, los nacionalistas vascos se han apresurado a considerar muy interesante este pacto: faltan muy poco para que, al hilo de cualquier negociación sobre cualquier otra cosa, las políticas de inmigración y extranjería en el País Vasco (y derivadamente, en Navarra) pasen a Ajuria Enea. El torpe preámbulo de la proposición de ley justifica la cesión singular a Cataluña en que este es “uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado”. Y, como argumento legitimador, evoca que “Catalunya ha sido siempre un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población procedente de fuera”. Supongo que el despectivo “procedente de fuera” se refiere a procedente de otros lugares de España, puesto que habla de lo ocurrido en los últimos cuarenta años. Hasta ese punto el PSOE ha metabolizado el ideario de sus aliados.

Cabe preguntarse cómo es posible que los socialistas pacten precisamente esta materia con un partido nacionalista de vocación xenófoba que, olvidado su pasado moderado, se encamina a toda velocidad hacia la extrema derecha, buscando su vía de supervivencia en el modelo rabioso del nacionalismo flamenco del Vlaams Belang. Existen pocas dudas de cómo será la política de inmigración en Cataluña en manos de los nacionalistas, singularmente de Puigdemont. La respuesta es breve: se llama siete votos en el Congreso. De hecho, todo se llama así desde julio de 2023.

En realidad, todo es más pedestre. Tácticamente, Puigdemont necesita taponar el agujero que le abrió la Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll por la vía de ocupar su espacio antisistémico y xenófobo. Exhibirá este acuerdo como un triunfo para poner en su lugar a los extranjeros (incluidos los charnegos que no se sometan) y mostrar su poder intimidatorio sobre el Gobierno de Sánchez. En su eterna pelea por la hegemonía con ERC, a cualquier extorsión exitosa de uno debe seguir una mayor del otro. Estratégicamente, cualquier avance es bueno para él en la vía de debilitar por piezas al Estado español y hacer verosímil el catalán.

En cuanto a Sánchez, todos y cada uno de los pasos que ha dado en esta legislatura tienen como hilo común la necesidad de pagar a incómodos plazos la factura de su investidura -además de la de Illa- y hacer posible la prolongación de su estancia en el poder. Ese y no otro es el programa del Gobierno para esta legislatura; entre otros motivos, porque sólo para abonar los pagarés que emitió y los que ha ido firmando después puede ganar una votación en el Congreso. Sus acreedores -que no socios- únicamente lo quieren vivo para exprimirlo; y, a la vez, sólo le permiten sacar adelante lo que le sirva para seguir pagando, sin esperanzas de gobernar. Son sólo negocios: un acto mercantil continuado disfrazado de ley orgánica que, observado de cerca, resulta ser exactamente como huele de lejos. Y es un fraude adicional relacionarlo con el interés público o la ideología: les aseguro que las partes contratantes no lo hacen.

En todo caso, mal horizonte para los inmigrantes actuales y futuros en Cataluña. O, como firman Patxi López y Míriam Nogueras, para “la población procedente de fuera”.