Con Mazón no hay solución

Si Carlos Mazón y los dirigentes de su partido creen que por la vía de procrastinar su situación mejorará en algún sentido, cometen un grave error. Al contrario, cada día que pasa aumenta la probabilidad de que la infección desemboque en choque séptico irreversible.

Si esperan que su pacto presupuestario con Vox servirá para aliviar la cólera ciudadana o para devolver algún sentido de utilidad a su permanencia al frente de la Generalitat valenciana, yerran en la evaluación del problema que los aqueja.

Si llega a celebrarse en Valencia el congreso del Partido Popular Europeo (programado para el 29 y 30 de abril) con Mazón como anfitrión, habrá quien se ocupe de provocar revueltas públicas –si no actos de sabotaje- y Alberto Núñez Feijóo se verá en una situación muy desairada ante sus correligionarios europeos, arruinando el propósito político del acto con grave quebranto de su autoridad.

Así que 40 días es el tiempo máximo que le queda al PP para resolver una crisis que, en su estado actual, sólo puede ir a peor y terminar malamente. Para ello se necesita que el interfecto Mazón actúe sensatamente por una vez y se preste a poner fin cuanto antes a esta historia desdichada.

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Cualquier futbolero de cierta edad ha oído hablar de Moacir Barbosa, portero de Brasil en el legendario Maracanazo de 1950. Poco antes de morir, declaró en una entrevista: “La pena máxima en Brasil por un delito son treinta años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida”. A estos efectos, Mazón es ya el Barbosa de los valencianos. Con la circunstancia agravante de que aquí hablamos de 224 muertos y que su culpa en la gestión infame de la dana es mayor que la del portero brasileño en los goles de Uruguay. Por muchos años que viva, no podrá salir a la calle en su territorio sin sufrir la repulsa de sus conciudadanos. Su condena social es de las que no prescriben.

Prefiero pensar que nadie en el PP, ni siquiera el propio Mazón, considera la hipótesis de que repita como candidato en las próximas elecciones autonómicas. Una cosa es que los partidos políticos padezcan esa extraña inclinación autolesiva que los distingue del resto de los colectivos humanos y otra que se proceda a un suicidio tan estúpido como sería ese. Puesto que su candidatura es inviable, los valencianos encolerizados tienen derecho a que se les dé esa certeza cuanto antes. Una vez aclarado ese punto, mantenerlo durante meses como pato cojo sólo serviría para crucificar a quien lo sustituya al frente de la lista del PP.

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La dana del 29 de octubre de 2024 no fue la primera ni será la última en España, singularmente en la región valenciana. Allí, el riesgo de grandes inundaciones recurrentes es tan manifiesto como el de los movimientos sísmicos sobre la falla de San Andrés en California. Esta última dana (que siempre será la penúltima) estaba anunciada con varios días de antelación. Lo que ocurrió, además de la imprevisión dolosa de los gobernantes del pasado, es que los capitostes actuales del Gobierno nacional y del autonómico, absortos como están en el navajeo recíproco que les atrofia la percepción del interés público, se durmieron y, con el infierno ya desatado, se comportaron como los sectarios irresponsables que son. El relato grotesco de los movimientos del presidente valenciano durante esa jornada es lo que más ha contribuido a que cargue con una incriminación social que, en justicia, debería ser compartida. Pero no es la primera vez que Mazón demuestra que la conducción de una comunidad de vecinos vendría grande a sus capacidades y que, además, su sentido de la lealtad política es inexistente.

En un país con una política sana y políticos responsables, la respuesta constructiva a una catástrofe de esa dimensión constaría de dos pasos: primero, pactar entre el PP y el PSOE un gobierno de emergencia en la Comunidad Valenciana, con una duración tasada y la única misión de anudar la cooperación institucional y partidaria para la reconstrucción del territorio y la reparación a las víctimas, y con el compromiso adicional de convocar elecciones autonómicas tan pronto como las circunstancias lo hagan posible y razonable. Segundo, formar una comisión multidisciplinar de expertos (al modo de las Comisiones Reales del Reino Unido) encargada de elaborar un informe sobre las tareas imprescindibles a realizar para estar mejor preparados en las próximas ocasiones en que la atmósfera se vuelva loca. Sé muy bien que tales cosas son impensables aquí y ahora y con este personal al mando; precisamente por ello tenemos el país despiezado.

Descartada la vía sensata, es probable que no fuera una buena idea descabezar el Gobierno de la Comunidad Valenciana en caliente, con todo por hacer y sin disponer de un presupuesto ni de una investidura viable para elegir un nuevo presidente. Supondría abrir un prolongado vacío de poder en el peor momento, plagado de zancadillas y acusaciones, para llegar a unas elecciones rabiosamente confrontativas de las que sólo se beneficiarían los extremismos que parasitan la cólera social.

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Ahora bien, han transcurrido cinco meses desde la tragedia. Se supone que las labores de la reconstrucción deberían estar al menos encauzadas y que en breve la comunidad autónoma dispondrá de un nuevo presupuesto que, si no ha enloquecido todo el mundo, debe ocuparse casi monográficamente de la reconstrucción y no de la inmigración. El acuerdo presupuestario del PP con Vox está muy lejos de ser la mejor solución para una comunidad fácticamente asolada, emocionalmente desolada y políticamente fracturada; tan lejos como lo estaría una fórmula unilateral del PSOE con la extrema izquierda. Si algo necesita en este momento la Comunidad Valenciana (en realidad, lo necesita España entera) es cooperación institucional y transversalidad política, justamente lo que los partidos no están dispuestos a ofrecer.

Este pacto presupuestario no servirá para rescatar políticamente a Carlos Mazón, que personalmente no tiene salvación y, si se aferra al sillón, arrastrará a su partido al agujero. Pero, una vez aprobado, se abre la puerta para una retirada más o menos honorable y para la formación de un nuevo Gobierno que no esté mancillado hasta el cuello por la iniquidad del 29 de octubre. De esa forma, Mazón tendría al menos el consuelo de pensar que dejó algo útil tras su paso lamentable por la política.

Lo peor del acuerdo es la soltura de cuerpo con la que el PP valenciano ha comprado la retórica xenófoba de Vox, equiparable al contagio del PSOE del discurso podemita y de la lógica desmembradora del Estado propia de los nacionalistas. Parece una desgracia inevitable que los dos grandes partidos, desprovistos de ideas propias, terminen importando el aparato ideológico de sus acompañantes extremistas. Llama al desaliento el entusiasmo impostado con que el portavoz nacional del PP santificó el contenido de un texto que él no firmaría y animó a que cundiera el ejemplo en otros territorios.

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En la parte táctica, es evidente que los ganadores de esta operación son Vox y el sanchismo. Ambos están interesados en hacerse durar mutuamente, y saben que la continuidad de Mazón es toda una garantía para ellos. El actual presidente valenciano ha demostrado ser una calamidad para el territorio que gobierna y para el partido que lo encumbró y lo sostiene sin merecerlo. Cada día que permanece en la presidencia crece la crispación ciudadana: es obvio que no lo soportan.

Mazón está a punto de sobrepasar el punto temporal en que conjugar el verbo dimitir sería un acto útil y noble, después de varios innobles por su parte. Que él siga resistiendo y su partido consintiendo, y la estratégica Comunidad Valenciana caerá como fruta madura en las manos de la sociedad de intereses sindicados que forman el sanchismo y Vox. Luego vendrán los lamentos y el rechinar de dientes, como en el 23.