Todos los poderes no son de Sánchez

No es tan difícil entenderlo y, además, no hemos inventado nada: la Constitución dibuja el terreno de juego desde el principio. "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria", dice su artículo 1.3. Eso sí, dejando claro en el punto anterior que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (los poderes en plural, no El Poder).

Podía haberse elegido cualquier otro modelo democrático de los que existen en el mundo, pero el 93% de los diputados, el 95% de los senadores y el 89% de los ciudadanos que votaron en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 decidieron adoptar precisamente este. Como base de legitimidad de origen, no está mal. Si alguien se atreve, que intente mejorarlo.

En las monarquías parlamentarias suceden estas cosas:

• El Rey es el Jefe del Estado y, entre otras funciones, "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales" (art. 56.1).
• El Parlamento "ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba sus Presupuestos y controla la acción del Gobierno" (art. 66.2).

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• El Gobierno "ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes" (art. 97); y su presidente "dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo" (art. 98.2).
• La Justicia "emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (art. 117).

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A mí me parece que la cosa no puede estar más clara. Varios poderes en un Estado con funciones delimitadas, todos ellos emanados por igual del único titular de la soberanía, que es el pueblo. Hasta un escolar de ESO entendería a la primera lo que a la dogmática del sanchismo le resulta tan arduo asimilar y, sobre todo, respetar.

Admitamos que los propios constituyentes, poseídos por el temor al pasado, comenzaron a inclinar el campo de juego a favor del ejecutivo, por aquello de la estabilidad. En lugar de denominar "primer ministro" a quien lo dirige y coordina -que es el nombre convencional en las democracias parlamentarias- le atribuyeron la más pomposa denominación de "presidente del Gobierno" y blindaron su posición más allá de lo que es común en ese sistema. Como explicará Guillermo Gortázar en una próxima publicación, los sucesivos presidentes españoles han mostrado una clara vis expansiva de su propio poder, hasta llegar a la vesania del actual.

El resultado es que en España el presidente del Gobierno se ha convertido en una figura híbrida y, a la postre, disfuncional: es más que un primer ministro, se cree con capacidad para invadir el espacio de todos los poderes del Estado hasta someterlos a su voluntad y, en el caso de Sánchez, transpira una vocación inocultable de suplantar al jefe del Estado, arrinconándolo cuando le es posible y esquinando deliberadamente su papel.

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Es un secreto a voces que la relación institucional entre Felipe VI y el actual presidente del Gobierno es manifiestamente mejorable, algo que desde Zarzuela se intenta púdicamente disimular y desde Moncloa se exhibe con descaro. Además de la personalidad singular de un jefe del Ejecutivo poseído de sí mismo hasta la insania, opera también la naturaleza de sus alianzas políticas: todos los partidos que lo hicieron presidente y de los que eligió depender para sostenerse en el poder tienen en común las ganas de sabotear al Rey como vía más directa para barrenar la Constitución, que es el objetivo verdadero desde el primer minuto de este periodo infausto.

Pedro Sánchez no asistirá al funeral del Papa por el único motivo de que irá el jefe del Estado. Todas las demás explicaderas que se manejen son basura, especialmente las que insinúan alguna clase de escrúpulo ideológico para adecentar lo que es un simple y mezquino ataque de cuernos. Si garantizaran a Sánchez la cabecera de la delegación española, correría a Roma para ocupar sitio preferente en un evento que tendrá una audiencia multimillonaria.

Pero quien ha muerto resulta ser, además del líder de la religión mayoritaria en España, el jefe de un Estado europeo, y se entendería muy mal la ausencia del jefe del Estado español en su funeral por complacer la vanidad infinita de su presidente. Es sencillo: en una ocasión solemne, uno representa al Estado y otro al Gobierno, en ambos casos al máximo nivel. Cualquier otra cosa es anómala, te guste Bergoglio o te deje de gustar.

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No es la primera ni será la última vez en que se hacen visibles los celos patológicos de Sánchez hacia Felipe de Borbón. Desde que ocupó el sitial de la Moncloa no ha cesado de cortocircuitar la visibilidad internacional del Rey, especialmente en Latinoamérica (lo que comporta un daño objetivo al interés de España). Siempre que le es posible, elude coincidir públicamente con él. Con Sánchez se ha hecho frecuente privar al jefe del Estado de la presencia de un ministro de jornada, como exige la fórmula del refrendo. Y consiente sin pestañear injurias y desplantes de sus aliados al Rey, incluidos ministros de su Gobierno o dirigentes del partido de su propiedad. Ya que no está en su mano fusionar en Su Persona las jefaturas del Gobierno y del Estado, si por él fuera el "ciudadano Borbón" (como lo llamaba el inefable ministro Garzón) no saldría jamás del palacete de la Zarzuela. El episodio de Paiporta no contribuyó precisamente a mejorar esa relación averiada.

En este caso, además de la descortesía (que no se dirige al Papa difunto, sino al Rey vivo), se trata de un grave error político con efectos autolesivos. Ni una encuesta de Tezanos sería capaz de equiparar la popularidad y aceptación del presidente del Gobierno con la del Rey. Si además se le compara con la del papa Francisco, el resultado es devastador. Sánchez debería estar en el acto de Roma aunque sólo fuera en defensa propia. Hacer de su ausencia la noticia principal es sencillamente suicida para quien sepa una palabra de comunicación política.

El choque institucional múltiple se destaca como el rasgo más destacado -y más detestable- de la presidencia de Sánchez. Su voracidad incontrolada de acaparar todos los poderes ha logrado enfrentar al Gobierno con los jueces, con la mayoría de los Gobiernos autonómicos y con los empresarios; ningunear al Parlamento con la colaboración de la presidenta del Congreso; reventar los espacios de consenso político con la oposición hasta conducir al país a la parálisis y la sequía legislativa; partir la justicia en dos banderías, con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la obediencia gubernamental y el Tribunal Supremo y la gran mayoría de los jueces y tribunales del país defendiendo su independencia a dentelladas; abrir un cisma mortal en el feminismo; provocar un nivel de rechazo social que le hace imposible pisar la calle sin poner en peligro su integridad física; convertir a su partido en una piltrafa con sigla; y, por el camino, provocar varios conflictos internacionales inexplicables y completamente prescindibles.

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