Defender a la Guardia Civil del acoso del Gobierno

En la sede del PSOE en Ferraz hay dos tipos de visitantes: los ocasionales deben identificarse, comprobarse que figuran en una lista -o, en su defecto, que alguien autorizado los espera-, pasar ellos y sus objetos por los aparatos de detección y ser acompañados hasta su destino. Obviamente, a alguien que no sea "de la casa" no se le permite entrar sin control y mucho menos deambular por el interior del edificio. Los habituales y de confianza entran y salen libremente, no necesitan carabinas de compañía y nadie les hace preguntas.

Es una pena que los fotógrafos de El Confidencial sólo pudieran fotografiar a Leire Díez en el exterior del edificio, al entrar y al salir. Pero ya les aclaro que ella pertenece al segundo grupo: es, indiscutiblemente, "una de los nuestros". El segurata que osara cruzarse en su camino se metería en problemas. En su caso concurren dos motivos: que los guardianes la conocen de sobra y que nadie desea que exista registro alguno de sus múltiples presencias en el edificio. Supongo que esa es la única razón por la que reporta en Ferraz y no en Moncloa: entra en el sueldo de los secretarios de Organización comerse ciertos excrementos.

En el caudal de paparruchas que hemos escuchado para explicar lo que se explica por sí solo, la excusa más idiota es la de que la compañera Leire no está en nómina de Ferraz. Sólo faltaría que encomendaran semejante misión a un funcionario de la casa. Bastante imprudente fue la pájara (con perdón de la ministra de Defensa) llenando las redes sociales de fotografías con los gerifaltes, incluido el jefe máximo. Igual que Koldo, igual que Aldama. ¿Qué birria de espías son estos que así se exhiben? El álbum de fotos de Pedro Sánchez va necesitando limpiados periódicos como los que le hacían al del camarada Stalin.

Como acertadamente señala Pablo Pombo, lo que padece el sanchismo no es la coincidencia de distintos casos de corrupción, sino una crisis sistémica de corrupción. Sucede cuando los episodios y sus protagonistas están interconectados entre sí, muestran un modus operandi común, marca de la casa, y sus rastros conducen invariablemente al mismo punto de origen. Cuando tiras de una cereza y sale el racimo entero. Si además su emergencia coincide con una crisis política del tinglado de poder -que pasó de las balas de verdad a los perdigones y ahora sólo le quedan cartuchos de fogueo- y otra operativa en la que se va la luz, se paran los trenes, el PIB crece mientras la población se empobrece y, como decía Tierno, los gobernantes no suministran ni la certeza elemental de que al abrir el grifo saldrá agua, estamos ante un fallo multiorgánico, autoinducido y manejado con más rabia y desesperación que racionalidad y pericia.

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El alto mando sanchista eligió la peor vía posible para hacer frente a una crisis de corrupción: combatirla con más corrupción, tapar el barro con un diluvio de barro. En el principio existieron dos casos procedentes del tiempo de la pandemia, cuando algunos declararon el encierro para el pueblo y la barra libre para ellos: los movimientos turbios de un tal Koldo y su jefe inmediato, Ábalos, con la compraventa de mascarillas chinas a precios de joyería y, por otro lado, la tienda de autoenchufes que le pusieron a la señora del presidente. Tras los bastidores se entreveían cosas mucho más gordas (los rescates multimillonarios presuntamente amañados, el fabuloso negocio de los hidrocarburos, la ruleta importada del nepotismo kirchneriano funcionando a pleno gas), pero aún era tiempo de desplegar una estrategia cuidadosa de control de daños. Se hizo lo contrario.

El puto amo (perdón al ministro de Transportes por el plagio) entró en combustión y rompió la baraja con aquella extravagante semana de reflexión que resultó cualquier cosa menos reflexiva, tras la cual salió de la cueva vomitando fuego y declaró la guerra a medio mundo: a la-derecha-y-la-ultraderecha, a los jueces, al Parlamento, a los medios desafectos, al dueño de los medios afectos, a los empresarios insumisos, a los operadores privados, a Estados Unidos, a Argentina, a Israel, a los barones de su partido, a sus ministros "petardos"… y por supuesto, a Ayuso, que tiene la gloria para su clientela de ser quien primero le tomó la medida y quien más lo saca de quicio.

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Los peores escándalos no son los originales sino los subsecuentes, los que el propio Gobierno y su partido han ido provocando en su embestida furiosa. Hoy el fiscal general del Estado está profesionalmente abrasado y a punto de ser procesado porque alguien decidió lanzarlo como perro de presa para contrapesar lo de Begoña con lo del novio de Ayuso. Y naturalmente, porque él se prestó al disparate. Intento inútil: a Begoña Gómez no hay quien la salve del bochorno eterno y quizá de algo peor, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se exhiben en las cloacas como objetos subastables, el ministro de Justicia más parece el de Artes Oscuras legislativas y Ayuso reina en Madrid, imperial, con todos los que compitieron con ella en las elecciones prematuramente jubilados.

La Guardia Civil, específicamente la UCO, se ha convertido en la némesis del Gobierno. El ministro del Interior ya no sabe cómo explicar a su jefe por qué no se la cargó cuando hacerlo aún no habría sido un escándalo universal. Como ya es tarde para eso, el plan B es neutralizarla por la vía de arruinar su reputación.

Resulta esperpéntico el espectáculo de un Gobierno intrigando con hampones para hundir el crédito de una unidad que se limita a cumplir con eficiencia su función de policía judicial. Hacer famosos a sus mandos con nombres y apellidos es una forma singularmente irresponsable de preparar el terreno para cesarlos.

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El magistrado más prestigioso de España presenta un libro titulado 'La Justicia amenazada' (no por los delincuentes convencionales) y debe asegurarse, por higiene, de que no acuda al acto ni un solo político. El Tribunal Constitucional ha perdido lo más valioso que tenía y justifica su existencia: la presunción de imparcialidad. Parece próxima una sentencia sobre la ley de amnistía y la probabilidad de que el TC la desautorice cotiza cero. Entre otras causas, porque alguno de sus miembros más prominentes no fue ajeno a su redacción.

Un Tribunal Constitucional, una Fiscalía y una Abogacía del Estado que aparecen justificadamente como mercenarios y una Justicia que se siente amenazada con motivo representan un desastre nacional. Por no hablar de los medios independientes que padecen el ahogamiento sordo pero implacable del poder, el Banco de España al que su propio presidente quiere mutilar el mejor servicio de estudios económicos que existe en el país o la empresa bajo control gubernamental Red Eléctrica, que hoy lamenta que la única persona en su cúpula que sabe por qué se enciende una bombilla estaba accidentalmente fuera de España el 28 de abril.

En cuanto al plan oficial, el propósito evidente es conseguir por las buenas o por las malas la anulación encadenada de todos los procedimientos judiciales que amenazan al sanchismo. Y en cuanto al numerito chapucero de Leire y sus colegas, a medida que se conocen los detalles me huele más a que alguien en Madrid se pasó de listo o de lista y alguien desde Dubái les dio el timo del siglo.

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Tal como está el patio, lo más cívico que se me ocurre hacer en este momento es aprestarnos a defender al Departamento de Delincuencia Económica de la UCO del acoso programado de sus jefes políticos, incluidos el ministro del Interior y la directora general del Cuerpo.