El Tribunal Constitucional, la amnistía y las portadas de 'El País'

El antaño prestigioso diario El País abrió su edición del lunes, 1 de junio, con un aparatoso titular a cinco columnas: "El Constitucional avalará la amnistía". Los demás medios se ajustaron más prudentemente a los hechos conocidos e informaron que la ponencia elaborada por la magistrada Inmaculada Montalbán recomienda validar la constitucionalidad de la mayor parte de la ley.

Se supone que el pleno del Tribunal analizará la ponencia dentro de tres semanas. En rigor profesional, cabría pensar que El País se precipitó. Sin embargo, no es así. Cada uno informó a sus lectores de aquello que le consta y suministró información plenamente contrastada. El titular de El País no especuló, dio una noticia. La calidad privilegiada de sus fuentes en el oficialismo le permitió asegurar, sin margen de duda, cuál será el sentido de una sentencia que el Tribunal ni siquiera ha comenzado a examinar colectivamente.

Al hacerlo así, delató otras dos cosas de interés: primera, que la sentencia está decidida y nada de lo que suceda antes o durante su consideración por el pleno la hará cambiar. Segunda, que alguna persona en posesión del texto de la ponencia se consideró autorizada, por su propia iniciativa o siguiendo instrucciones, para violar el secreto judicial y suministrar la exclusiva al diario dependiente de la mañana.

Ambas cosas violentan gravemente el código deontológico del Tribunal, pero no el del periódico. Este disponía de una noticia confirmada al 100% y como tal la transmitió a sus lectores. El hecho de que la noticia se refiera a un futurible no cambia su esencia. El País estaba en condiciones de afirmar que la amnistía será avalada por el TC con la misma certeza con la que aseguraría que tras el día vendrá la noche. De hecho, nadie ha osado poner en duda la información del diario gubernamental (que lo sigue siendo editorialmente pese a la batalla campal por su propiedad).

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En la portada del martes, la cosa se aclaró aún más: "El fallo sobre la amnistía da un respiro a un Gobierno asediado". Gracias por la obviedad, no habíamos caído. De eso vienen las súbitas prisas de Cándido: dar un respiro al patrón y sacar la sentencia a la puerta del verano y con el Parlamento cerrado. Para cualquier persona atenta, anticipar el sentido del voto de cada uno de los magistrados y acertarlos todos es, como dicen los castizos, tan sencillo como disparar a conejo parado.

¿Quiere eso decir que el debate del pleno será inmune a los argumentos y, por tanto, superfluo? Bingo. Esa votación está cantada, nombre por nombre, desde antes de que existiera un texto aprobado por las Cortes. En el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido no deciden el derecho ni la razón, sino el color de la camiseta. La polarización ha llegado a su sede y se ha implantado allí el voto militante. Nada ni nadie impedirá que el resultado de ese simulacro de debate jurídico sea algo distinto a un 6-4. ¡Somos más!, podrá proclamar el presidente del tribunal y, con él, sus conmilitones en la Moncloa. Tratándose de asuntos que interesan al poder político, en nuestro Tribunal de garantías la única garantía es la obediencia a la consigna en ambos lados de la trinchera.

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El problema de esta aberración institucional no es el método de elección de los magistrados. En Estados Unidos todos los miembros del Tribunal Supremo son designados por la Casa Blanca y confirmados por el Senado, hoy de mayoría republicana. No obstante, ante cualquier resolución existe mucha más incertidumbre que en nuestro actual Tribunal Constitucional. Allí también hay progresistas y conservadores, pero el derecho y la dignidad del cargo siguen importando. Lo de aquí es una derivación del sectarismo irrestricto que ha invadido fatalmente todos los espacios de nuestra vida pública. Sus primeras víctimas son la verdad y la razón; también la razón jurídica.

A la certeza sobre la sentencia puede añadirse una presunción fundada. Si el 22 de julio de 2023 se hubiera sometido el texto de esta ley a la consideración jurídica de la ponente Montalbán y el presidente Conde-Pumpido (y probablemente también del resto del grupo ¡Somos más! en el TC), con toda probabilidad habrían afirmado su radical inconstitucionalidad. Hay un extenso reguero de pistas en sus trayectorias anteriores que avalan esta suposición. También ellos cayeron del caballo por el rayo que afectó a todo el espacio sanchista en aquella noche electoral en que se les apareció Puigdemont y los "cambios de opinión" pasaron de lluvia a tempestad.

En esas condiciones, comprenderán la pereza de perder el tiempo disertando sobre el contenido de la ponencia elaborada al dictado por Montalbán. Como se ha hecho costumbre, primero se establece la conclusión y después se construye el aparato retórico que la sostenga. Con igual soltura de cuerpo -y seguramente, con mayor convicción- habría defendido lo contrario de ser esa la conveniencia de la tribu.

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Se dice que la explicación más relevante de la decisión será que todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente debe considerarse campo abierto para el legislador. Me consta que Conde-Pumpido y Montalbán son capaces de ofrecer algo más consistente que esa nadería que a un estudiante de primero de derecho le daría vergüenza poner por escrito. Que yo sepa, la Constitución no prohíbe expresamente el canibalismo, la pornografía infantil, el tráfico de seres humanos, la venta libre de cianuro en las farmacias o tantos hechos inciviles que Conde-Pumpido anularía de forma fulminante… con la Constitución en la mano.

Tras el 23-J, la amnistía pasó de ser unánimemente anticonstitucional (excepto para sus beneficiarios) a ser discutible según la militancia partidaria. Al parecer, en la España actual primero decides si estás con o contra Sánchez y, a continuación, reconstruyes tu pensamiento entero. En el interior del PSOE se han dado casos espectaculares, como el de aquellos que sobrevivieron de milagro a ETA y hoy confraternizan con sus herederos, o quienes renegaron de la dictadura soviética y hoy trabajan para la dictadura china.

La ley de amnistía puede ser o no ser constitucional. Aunque lo fuera, ello no la convertiría en una ley justa, razonable y saludable. En medio siglo de democracia se han aprobado cientos de normas y se han tomado decisiones plenamente constitucionales y, a la vez, detestables por sus propósitos, por sus efectos o por su catadura moral. Hemos caído tan bajo en nuestros estándares de calidad política que se considera admisible, incluso óptima cualquier norma que no sea anticonstitucional o cualquier conducta que no sea delictiva.

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Pueden decir misa los del Somos más: la ley de amnistía, dictada por sus beneficiarios, negociada fuera de España y objeto de un trueque de poder por impunidad, es corrupta por su origen y corruptora por sus consecuencias. Es un desastre legislativo y político por el que pagaremos un alto precio. Además, es irreversible: lo sería aunque el TC la declarara inconstitucional. Los beneficios penales no pueden revocarse, algo que debería conocer también la oposición.

Venimos de desfigurar el Código Penal. Los presupuestos del Estado se han hecho optativos. Se busca enervar los informes del Banco de España. El Gobierno conspira contra la Guardia Civil. El Tribunal Constitucional chapotea en el descrédito. Y si la crónica de tribunales se pone aún más fea de lo que está y apunta a la cumbre, veremos al presidente del Gobierno, que ya ha hecho suya la doctrina kirchnerista del lawfare, denunciando formalmente un golpe de Estado judicial -lo que justificaría cualquier respuesta-.

No pasa una semana sin que se averíe aposta una institución del Estado. El final del sanchismo será infernal.