Hacia una crisis constitucional

1. Acusador y acusado, la dualidad imposible

Arcadi Espada tiene razón: no se puede privar al ciudadano Álvaro García Ortiz, procesado por un juez instructor del Tribunal Supremo, del derecho a desplegar en su defensa todos los recursos disponibles para cualquier reo en su situación. Tiene derecho a mentir en el juicio, a practicar maniobras dilatorias autorizadas por la ley procesal, a desviar la culpa hacia terceros, incluso a intentar engañar y confundir al tribunal. Recortarle esos derechos sería dejarlo indefenso y podría conducir, eventualmente, a una anulación del proceso y de la probable condena (lo que el oficialismo busca en este y en todos los procedimientos de corrupción que afectan al Gobierno).

Ahora bien: cuando se trata de la misma persona, existe una contradicción insalvable entre el cumplimiento cabal de la misión de la Fiscalía y el ejercicio pleno de los derechos de un acusado. Una cosa es irremediablemente contraria a la otra. Cualquier treta leguleya que se arguya para regatear esa antinomia esencial es un fraude de ley como la copa de un pino.

Si no dimite antes, en ese juicio García Ortiz actuará en ambos lados de la sala, como acusado y acusador de sí mismo. Habrá un fiscal designado por él (sea directamente o por persona interpuesta), obligado a seguir sus órdenes y expuesto a medidas disciplinarias si no obedece. Además de repugnar a la razón, ello desprotege a la fiscal que comparte el banquillo con él. Con la complicidad tramposa entre el fiscal general García Ortiz y el procesado García Ortiz, será un juego de niños lograr que ella cargue con la culpa propia y la ajena.

Mientras el proceso permanezca abierto, García Ortiz no tiene nada más importante que hacer que ocuparse de su defensa personal. Cualquier otra cosa, incluido el desempeño de su alto cargo, pasará a segundo plano. Lo que es humanamente comprensible, pero inadmisible para el interés público.

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Por eso, los partidos políticos convinieron en señalar el procesamiento -no la imputación- como el momento en que, sin perjuicio de la presunción de inocencia, un alto cargo político debe abandonar su puesto. “Ningún jugador es más valioso que el equipo”, se dice en el fútbol. Con más razón, ningún servidor del Estado es más valioso que el Estado mismo. No lo es el jefe del Estado, no lo es el presidente del Gobierno y, desde luego, no lo es el fiscal general.

La conclusión que nace del sentido común es que la permanencia en el cargo de García Ortiz haría de ese juicio un acto conceptualmente imposible e inaceptable para quien crea en el Estado de derecho. Sería un paso más, y no menor, en el camino de la perversión jurídica y la corrosión política que llevamos siete años recorriendo, sin pausa pero con aceleración creciente.

2. Las lealtades suicidas

Si el Gobierno cree que beneficia en algo al fiscal procesado la defensa beligerante de su actuación, está muy equivocado. Cuanto más subraya Bolaños la confianza incondicional del Gobierno en el fiscal, más contribuye a que este pierda a chorros la de la sociedad.

Es absurda la insistencia gubernamental en alardear que puede atarlo al cargo. Sólo se irá si él lo decide. Las dos únicas formas legalmente posibles de que el Gobierno intervenga en su destitución son: a) que el Consejo de Ministros aprecie “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones”, lo que Sánchez no se puede permitir, o b) que cese el propio Gobierno que lo nombró. Si quisieran ayudar a “su” fiscal, los ministros camorristas cerrarían el pico y dejarían de barbarizar.

Bastante daño hizo este Gobierno a la persona y a la institución cuando los embarcó en la aventura temeraria de contraprogramar el escándalo de Begoña Gómez aireando un escándalo paralelo sobre las deudas fiscales del novio de Ayuso. La culpa principal no fue del mentecato monclovita que ideó semejante pifia (la pagará siendo arrollado en las urnas por la propia Ayuso), sino de quien emitió la orden y, sobre todo, del fiscal que la acató con plena consciencia de su carácter delictivo.

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Hay que admitir que Pedro Sánchez posee la propiedad de suscitar en personas más valiosas que él fidelidades próximas al vasallaje que terminan siendo destructivas para ellas. Como explica Pablo Pombo, el sentido de supervivencia de este presidente es tan poderoso que logra anular el sentido de supervivencia de quienes lo rodean y conducirlos a sacrificios inexplicables. Tras pasar por el entorno radiactivo del sanchismo servil muchos, muchas y muches no recuperarán jamás la reputación o el estatus anterior. Son lealtades suicidas. La de Álvaro García Ortiz es una de las más notorias, pero la lista de los kamikazes es sorprendentemente larga. Con este fenómeno paranormal me sucede como con el peronismo: lo reconozco cuando lo veo, pero soy incapaz de explicarlo racionalmente.

Estos días se ha recordado de nuevo aquel galleo de Sánchez espetando a un periodista: “A ver, ¿de quién depende el fiscal? Pues eso”. Nos burlamos de la penosa anécdota en la que uno mostró su prepotencia y el otro su ignorancia; pero los hechos posteriores han demostrado que ambos estaban en la realidad y nosotros, imbéciles creyentes en el imperio de la ley, estábamos entonces en babia y ahí seguimos.

3. Hacia una crisis constitucional

Por un lado, está ya claro que el método sanchista de contrarrestar los escándalos es hacerlos efímeros mediante nuevos escándalos que, en sucesión velocísima, impiden fijar los anteriores en la memoria colectiva y nos habitúan a coexistir con el vértigo del uso arbitrario del poder. Es como algunos jóvenes que aceleran las imágenes en la pantalla para pasar una película de dos horas en 15 minutos y poder presumir de que la vieron.

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Hablar de la ley de amnistía es ya historia antigua. Pronto Leire Díez será un personaje folclórico del pasado y el apagón autoinducido del 28 de abril un mal sueño pasajero. Como sucede con los mensajes borrados del fiscal, quizá un psicoanalista nos ayude a rescatar los malos recuerdos enterrados en el subconsciente cuando ya no sirvan para nada.

Peor es lo que se avecina. Sánchez es muy consciente de que, arruinada cualquier posibilidad de hacer algo útil con la legislatura, la única vía para retener la clientela y mantenerse a flote es suministrar polarización a diario. Pero como sucede con ciertos medicamentos, se necesitan dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. La del año 23 fue fuerte, pero ya no bastaría para el 27 (o cuando se le antoje convocar las elecciones). Así que podemos estar seguros de que la brutalidad política tenderá a crecer. Con ella se elevará también nuestro umbral del dolor.

Por lo demás, a Sánchez no le preocupa gran cosa lo que suceda a Ábalos, a Leire, al golfo Gallardo o incluso a Begoña. Todos sus movimientos son preventivos para preparar la eventualidad de que la crecida del barro alcance la cumbre y haya de hacer frente a un suplicatorio en el Congreso para investigar a Su Persona. Si tal cosa llegara a suceder, entonces sabríamos de verdad en qué consiste una crisis constitucional montada desde el poder.