Una operación de demolición moral

"Nos enfrentamos a una operación de demolición moral", afirma Pedro Sánchez en su última carta a la militancia. Creo que el redactor no ha elegido el vocabulario más adecuado para la ocasión. Un observador atento más bien diría que el firmante de la carta viene ejecutando una operación de demolición moral de su partido, del Estado y de la sociedad entera. Una tarea para la que eligió con acierto singular los colaboradores y acompañantes más avezados en ese tipo de trabajos.

Es imposible reconocer en el sanchismo una jerarquía de valores que otorgue prioridad a la gestión honesta del interés general, postergado sistemáticamente por el aprovechamiento ventajista de cada situación y cada problema. La búsqueda de la división política y social es el principio estratégico rector que, junto a una sed insaciable de poder expansivo, inspira las decisiones y prevalece incluso en medio de las mayores calamidades.

Hay gobiernos motores y gobiernos tapones. Los primeros, cualquiera que sea su naturaleza ideológica, se mueven impulsados por proyectos, objetivos o aspiraciones colectivas, por una cierta interpretación del interés general. La traducción de esos proyectos en acciones concretas de gobierno vertebra el ejercicio del poder y la gestión se mide por su resultado positivo o negativo para la sociedad.

No es el caso de los gobiernos tapones, que se construyen y están ahí únicamente para impedir que estén otros. Se autoasignan esa función obstructiva y sobre ella justifican su existencia y su vocación de continuidad, sin conexión con la conveniencia del país o con la viabilidad de una agenda reformista que, en el caso español, lleva más de una década estancada en el pantano del sectarismo y la deslealtad institucional.

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Los gobiernos tapones producen parálisis, bloqueos y, como estamos viendo, cosas peores. Cuando entran en descomposición sus incondicionales permanecen aferrados al espíritu de que más vale malo conocido que malo por conocer, y se aferran a él como el náufrago se agarra al palo mayor del barco que se hunde.

El país está escindido y paralizado. El Gobierno y su partido principal, invadidos por una corrupción consentida durante años, si no inspirada desde la cumbre. La crónica política se ha convertido en crónica policial y de tribunales. Todos los poderes del Estado se enfrentan entre sí. El presidente suscita un rechazo tan intenso que no puede salir a la calle sin poner en peligro su integridad física. El Parlamento se ha convertido en un vertedero. Se alardea de que la economía va bien mientras la mayor parte de la población se empobrece. La imagen de España en el mundo se hunde en la mugre. Sujetos patibularios y analfabetos funcionales mandan más que los ministros, o ellos mismos han sido o son ministros. Pero, pero, PERO, PERO… al menos, no gobierna la derecha. ¡Albricias!

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Es la coartada universal para los desafueros: con ese pensamiento balsámico hay quienes se van a la cama con el ánimo preparado para olvidar el escándalo de hoy y resistir el de mañana, y con la conciencia dispuesta a dar por buena cualquier cosa que resulte funcional para el objetivo supremo de cerrar el paso a los Otros.

A ver si he entendido bien el último sermón presidencial: no dimito porque la mayoría quiere mis políticas progresistas. Y no convoco elecciones porque sé que las perdería. Obviamente, una de las dos cosas tiene que ser falsa. Y obviamente, la verdadera es la segunda. La trampa de esta construcción argumental no sólo es intelectualmente grosera: es muy peligrosa para la democracia.

La situación objetiva está a la vista: ni el Gobierno actual tiene fuerza para gobernar ni la oposición la tiene para formar un gobierno alternativo. El diálogo entre las dos mitades del Parlamento está clausurado. El Parlamento sólo sirve como escenario de espectáculos vomitivos mientras la producción legislativa es paupérrima. La proliferación de casos de corrupción que comprometen directamente al entorno inmediato del presidente del Gobierno ha conducido a una guerra sin cuartel entre el poder ejecutivo y el judicial, de la que sólo puede salir vivo uno de los dos: llegados a este punto, o el Gobierno de Sánchez cae por la acción de la Justicia o lo que cae es la independencia del Poder Judicial en España para que Sánchez se salve.

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Lo peor es que se considere que esta situación es sostenible durante dos años más. ¿Quieren llegar al final de 2027 con el Estado convertido en un despojo? La regla constitucional dice que de los atascos políticos se sale de una de estas formas: a) el presidente del Gobierno dimite y se elige otro para que complete la legislatura. b) El presidente presenta una cuestión de confianza y se atiene al resultado, lo que no significa que ganarla abra vía libre para acelerar el avance hacia el madurismo. c) La oposición presenta una moción de censura y se atiene también al resultado. d) Se convocan elecciones generales.

Si me inclino por las elecciones es porque creo que de este Parlamento es ya inútil esperar algo positivo. Ningún Gobierno que saliera de él, ni el actual ni uno alternativo, estaría en condiciones de mejorar la situación. Si la pelotera que han montado los políticos no la resuelven los electores de forma indubitada, nadie la resolverá.

El problema es que todas las soluciones parecen inviables o peores que la enfermedad. Sánchez no dimitirá ni existe nadie en su bloque político que pueda hacerse cargo del país (ya se ha ocupado él de eso). No presentará la cuestión de confianza porque teme perderla, porque el precio de los votos se pondría por las nubes y porque, aunque la ganara, seguiría acosado por la precariedad parlamentaria y los procesos por corrupción. Feijóo no presentará moción de censura porque no es idiota y sabe que su derrota segura sólo serviría para afianzar a Sánchez. Y este presidente no está dispuesto a convocar elecciones porque, como ha reconocido, es muy alta la probabilidad de que gane la derecha, lo que enervaría el único principio fundacional del actual tinglado de poder.

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El plan del sanchismo se orienta íntegramente a lograr que la mitad del país sienta la alternancia democrática en el Gobierno como un suceso traumático, casi insoportable. Me pregunto a dónde nos conduce eso. Si cualquier cosa es admisible para que no gobiernen los Otros, ¿dónde ponemos el límite? Si con ese fin puede soportarse la corrupción de los propios, si el delito del aliado es siempre perdonable, si vale la pena someter a la Justicia para salvar a la familia, si pueden retorcerse las leyes, si sólo son pertinentes las elecciones con garantía de victoria, ¿qué clase de cosas pueden llegar a suceder cuando en 2027 la victoria no esté asegurada, más bien lo contrario?

Tengamos mucho cuidado con lo que validamos. Han metido la democracia en terreno resbaladizo y el capitán, en su última alocución, pronunció 30 veces la palabra "Yo" (si se añaden las demás formas gramaticales formuladas en primera persona del singular, la cifra se multiplica por tres).