Esta amnistía también es corrupción

Una de las acepciones que el diccionario de la RAE ofrece del vocablo corrupción reza así: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores".

El carácter cíclico de los escándalos asociados al robo de dinero público por políticos profesionales ha instalado en nuestra sociedad una concepción demasiado limitada del término corrupción, como si sólo computase como tal el latrocinio económico. No es cierto. Existe una corrupción moral, que se manifiesta en la subversión deliberada -o en el simple olvido- de los códigos éticos exigibles en la actividad pública. Y existe una corrupción política, que consiste en el uso desviado del poder para ponerlo al servicio de la conveniencia de quien lo detenta o tratarlo como un fin en sí mismo: el poder como programa del poder.

La corrupción moral y la política configuran el marco en el que florece la corrupción económica, que nace invariablemente de un engañoso sentimiento de omnipotencia e inmunidad. Si los actos corruptos encajan en un tipo penal, son asunto de la policía y los jueces. Si no, corresponde a los electores sancionarlos. Lo peor es cuando unos y otros quedan jurídica y/o políticamente impunes porque, como los tumores malignos, se reproducen y hacen metástasis, invadiendo el organismo entero.

Con esa óptica, afirmo que esta ley de amnistía es un acto de corrupción política, y también lo es la sentencia del Tribunal Constitucional que la ha convalidado. Con ello no estoy pidiendo una actuación jurisdiccional contra sus autores, pero sí deseo que la sociedad lo tenga en cuenta cuando llegue el momento de expresarse en las urnas.

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La amnistía está corrompida por su gestación. La decisión de impulsarla no nació de ninguna percepción relacionada con el interés público, sino de la coyunda adúltera de un resultado electoral con la pulsión de poder del actual presidente del Gobierno. No se tuvo en cuenta si era buena o mala para España, ni siquiera si era compatible con el orden constitucional: simplemente, se hizo necesaria para que el partido de Sánchez retuviera el poder pese a haber perdido las elecciones. De esa única consideración brotó un fraude manifiesto, puesto que Sánchez se ciscó en todos sus compromisos anteriores al respecto. Pedir el voto prometiendo una cosa para hacer la contraria inmediatamente después es engañar al pueblo, sobre todo sabiéndose -como hoy sabemos- que Sánchez negociaba clandestinamente la amnistía con Puigdemont desde varios meses antes de las elecciones. En el origen, pues, hay una decisión venal acompañada de un fraude político: es decir, corrupción.

La amnistía quedó también corrompida por su elaboración. Se presentó como proposición de ley con el único propósito de eludir los dictámenes preceptivos de órganos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que se presentían desfavorables. Se sustrajo su redacción al Parlamento: la mayoría de los diputados conocieron el texto de la ley el día que tuvieron que votarla. Esa redacción fue sometida a innumerables cambios, todos ellos urdidos fuera de la Cámara (y fuera de España, para mayor oprobio).

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Sus dos redactores y negociadores principales fueron Santos Cerdán y Carles Puigdemont: dos sujetos jurídicamente ignorantes y cuya relación con la legalidad es explosivamente conflictiva. Con la circunstancia agravante de que uno de ellos, fugitivo de la Justicia, resultaría beneficiario directo de la ley, lo que hace pertinente el concepto de autoamnistía que maneja la Comisión Europea. Lo hicieron con la aparición como figurante de un diplomático salvadoreño contratado para servir de pantalla al auténtico intermediario y patrocinador del trato, de apellido Rodríguez Zapatero. Menudo potingue.

Por lo demás, circulan sospechas de que algún miembro destacado del Tribunal Constitucional no fue ajeno a la redacción de la ley, y pudo ejercer en esa fase tareas de asesoría jurídica oficiosa de un texto que sabía que le tocaría evaluar oficialmente.

En ese proceso legislativo adulterado, previamente se hizo desaparecer del Código Penal el delito principal por el que se condenó a los premiados con la amnistía, lo que les otorgó impunidad respecto al pasado y también hacia el futuro. Si hoy se repitieran los actos sediciosos de septiembre y octubre de 2017, la Justicia estaría inerme para exigir responsabilidades a los insurrectos, lo que contiene un salvoconducto para cuando llegue el momento de volver a intentarlo -que llegará con toda seguridad-.

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La amnistía es corrupta por su propósito, alejado de pretextos burdos como la pacificación del conflicto de Cataluña o la reconciliación. Sánchez necesitaba siete votos para ganar la investidura y esos votos tenían un precio, que se pagó, punto final. Lo demás es chatarra retórica, aunque resulte funcional como ansiolítico para ciertas conciencias.

Es corrupta por su espíritu y vocación cismáticos. Así como las amnistías de la Transición adquirieron una legitimidad superlativa por el consenso, esta necesitaba el disenso para producir el efecto buscado por quienes la perpetraron. Si la oposición hubiera hecho el menor amago de apoyarla, el negocio político se habría arruinado. Era preciso partir el Parlamento y el país en dos bloques antagónicos, lo que se buscó a conciencia y se consiguió de lleno. La amnistía fue la primera piedra del muro separador que anunció Sánchez en aquel sórdido discurso de investidura. Con esas dos piezas de caza, la investidura y la amnistía, comenzó y concluyó el sentido político de la legislatura.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, no sólo viene contaminada por el fortísimo aroma de que el más importante de sus miembros pudo actuar como juez y parte. El mismo órgano que necesitó 20 años para dictaminar sobre la ley del aborto y que se distingue por el tortuguismo de sus decisiones ha liquidado en menos de una semana su decisión más trascendental en décadas.

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En realidad, le han sobrado cuatro de los cinco días empleados en la deliberación, porque esta quiniela era 100% segura: cualquier persona atenta pudo pronosticar hace meses y sin riesgo de error el resultado exacto de la votación final con precisión de nombres y apellidos. El presidente del Gobierno se marcó la chulería de anunciar el sentido de la sentencia antes de que el Tribunal se reuniera para votarla, mostrando una vez más que la gratitud no es el rasgo más característico de Pedro Sánchez.

La muy disciplinada magistrada ponente se sacó de la manga una tesis involutiva que resultará una bomba de relojería si se establece como doctrina. Según ella, todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución debe considerarse amparado por ella. Da un escalofrío pensar a dónde nos llevaría ese axioma si se aplicara con carácter extensivo a prácticas que la Constitución no previó expresamente pero la historia y la razón humana se encargaron de desterrar, o aquellas que tampoco proscribe el texto de 1978 porque sólo son imaginables en la realidad tecnológica postconstitucional.

Por otro lado, es grotesco aducir que carecen de toda relevancia las motivaciones políticas de la ley para, una líneas más tarde, asegurar que esta respondió a "un fin legítimo, explícito y razonable", entonando a continuación una loa a los beneméritos propósitos del legislador (encarnado en la dupla Cerdán-Puigdemont) que, en su tosquedad, parece extraída de cualquier argumentario manufacturado en Ferraz. O, por no abusar, de la propia exposición de motivos de la ley, que la señora Montalbán y sus cinco colegas hacen suya con entusiasmo digno de mejor causa.

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Basta repasar la colección de sentencias y resoluciones del TC durante el procés de 2017 para comprobar que los magistrados de entonces se hartaron -casi siempre por unanimidad- de considerar decisivos los designios subversivos de los conspiradores.

La sentencia es gratuita en la práctica porque el mal ya está hecho: la amnistía es irreversible cualquiera que hubiera sido el sentido de la resolución. Su efecto más dañino es el descenso en varios peldaños del crédito social del propio Tribunal, cuya presunción de imparcialidad está seriamente dañada y costará reparar en el futuro. En ese sentido, esta ley y esta sentencia son a la vez corruptas y corruptoras.

Compruebo en los titulares que ya se habla del TC de Pumpido igual que del CIS de Tezanos, la Red Eléctrica de Corredor, el Banco de España de Escrivá y tantas otras instituciones del Estado colonizadas, en el entendimiento de que todas ellas pasaron a ser de Sánchez, el puto amo. Qué pena.