Sánchez, delegado de la Generalitat en la Moncloa

La organización territorial es el problema más arduo y longevo de España desde los Reyes Católicos. Si consideramos la fusión de facto de las Coronas de Castilla y Aragón como el momento fundacional de la nación española, no se recuerda un período en que la vertebración de sus territorios haya sido una cuestión pacífica. Y no será porque no se hayan ensayado todo tipo de fórmulas, desde las más férreamente centralistas (siempre sostenidas por regímenes autoritarios) a las más centrifugadoras.

Probablemente ya sea tarde para encontrar un modelo de Estado-nación que resuelva de una vez el eterno contencioso territorial español. Se hizo un esfuerzo meritorio en la Constitución de 1978 y, con todas sus deficiencias, el Estado autonómico ofreció durante algún tiempo un funcionamiento dislocado pero más o menos armónico, aun con el estigma de una organización terrorista que asesinó, secuestró y extorsionó durante casi medio siglo y cuyos herederos son hoy los mejores amigos de quien gobierna España mientras se enorgullecen de lo que hicieron.

"Queda claro que el PNV no pone en cuestión la unidad del Estado. No buscamos en la palabra nacionalidades un trampolín para la secesión" (Xabier Arzalluz en el debate constitucional de 1978).

"Las nacionalidades son naciones sin Estado. Reconocemos una personalidad superior, una personalidad integradora, que es la de la nación española, y no tengo ningún reparo en utilizar esta denominación" (Miquel Roca en el debate constitucional de 1978). Por intervenciones como aquellas, hoy Arzalluz y Roca serían calificados de traidores y expulsados de sus partidos.

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Lo malo fue creerlos. La planta territorial de España estuvo desde el principio llena de ambigüedades y agujeros que han conducido al adefesio cubista en que ha degenerado, precisamente por el hecho de que careció de un diseño inicial y eso nunca se reparó: al revés, cada paso ulterior añadió más desorden. Quizá fue inevitable: se sacrificó la claridad por el consenso. Pero si hoy estamos como estamos es porque al modelo, caótico y confuso de origen, se añadieron dos hechos de gran magnitud política: la mala fe del nacionalismo catalán y la llegada a la Moncloa de un presidente dispuesto a perpetuarse en el poder aunque fuera por la vía de desvertebrar el Estado y traicionar el principio de igualdad, escrito en piedra tanto en la Constitución como en el ideario del partido sobre el que manda.

Fueron los socialistas quienes insistieron en incluir, en la apertura del Título VIII, la interdicción expresa de los privilegios económicos y sociales entre territorios y la declaración de igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte de España. Y es un presidente de esa misma sigla quien lleva siete años ciscándose en ambos principios (y en muchos más) con un propósito apestosamente bastardo.

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Si todo el Título VIII es amorfo y confuso, qué decir del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que la Constitución despachó con apenas 300 palabras y una remisión a una ley orgánica (la LOFCA, que habría que reescribir por completo para encajar el trueque emplastado entre los dos partidos socialistas y el de Junqueras).

Ahora bien, además de dejar claro que la Hacienda es una competencia exclusiva del Estado, los constituyentes al menos dejaron claro que: "Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Una cosa es actuar como delegados o colaboradores del Estado en materia fiscal y otra lo contrario: que una comunidad autónoma se apropie la soberanía fiscal y el Estado actúe como subalterno, no sólo dimitiendo de su competencia sino, además, prestándose a pagar, con el dinero del resto de los españoles, los déficits que ese territorio privilegiado padezca, por ejemplo, en materia de pensiones.

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Desde la primera línea a la última, el cambalache manufacturado en Barcelona está plagado de fraudes políticos, legales y conceptuales. El primero, en cuanto a los firmantes. No se trata de un acuerdo entre el Gobierno de España y un gobierno autonómico en aplicación de una ley existente: más bien es la resulta de una compraventa de votos apañada entre Sánchez y Junqueras para la investidura de Salvador Illa. El mismo método que el que se aplicó con Puigdemont y la amnistía para la del propio Sánchez.

La parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte son conscientes de que el acuerdo es inaplicable en lo que resta de esta legislatura, aunque esta se lleve hasta un final agónico. No hay tiempo ni votos para acomodar el marco legal, ni recursos para llevarlo a la práctica. En realidad, les trae sin cuidado porque lo que aquí interesa no es el huevo, sino el fuero: dejar escrito en un papel oficial que la soberanía fiscal de Cataluña es posible.

La insurrección institucional de 2017 fracasó principalmente por dos motivos: primero, porque el Estado se defendió de la agresión, encabezado por el Rey, con la actuación firme del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y la reacción del Gobierno aplicando el 155, aunque fuera tarde y mal. Segundo, porque la declaración de independencia se hizo en el vacío, sin contar con las famosas "estructuras de Estado" que le dieran soporte.

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Todo el plan posterior del secesionismo se ha orientado desde entonces a neutralizar esos dos factores que convirtieron el primer intento en una farsa. La primera pieza clave de la estrategia es la presencia en la Moncloa de un sujeto dispuesto a vender el Estado a cambio de su poder personal. La segunda, la disposición del PSC a integrarse definitivamente en el espacio nacionalista y usar a fondo su fuerza como último bastión mayoritario del sanchismo para señalar el camino, convirtiendo al PSOE en sucursal del PSC y a la Moncloa en la delegación de la Generalitat en Madrid.

Primero se desmontó poco a poco y por piezas la sentencia del Tribunal Supremo. Luego se aseguró la presidencia y una mayoría militante y obediente en el Tribunal Constitucional. A continuación se hizo desaparecer del Código Penal el delito principal por el que fueron condenados los políticos facciosos de octubre de 2017, impunidad para el pasado y para el futuro. Se puso la investidura de dos presidentes socialistas en las manos de los independentistas catalanes, y se les entregó la facultad de legislar en las Cortes españolas y de permitir o no que cualquier norma apareciera en el BOE. Se les pidió perdón a través de la amnistía.

Y comenzó la entrega de las estructuras de Estado que entonces les faltaron. El control absoluto del orden público, con la desaparición progresiva en Cataluña de la policía y la guardia civil y, pronto, de los escasos efectivos de las Fuerzas Armadas que allí vegetan. El control de la política migratoria y de las fronteras. Ahora, la promesa de una Hacienda soberana (si la cuantía del cupo vasco es un misterio, imaginen lo que sucederá con la presunta "aportación" de Cataluña a la solidaridad). Sólo faltaría el referéndum, que será el precio de la próxima investidura de Sánchez si hay números para ella.

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Financiación singular, federal y generalizable, llaman al engendro. Si las demás comunidades autónomas se creyeran el cuento y generalizaran el modelo, dejaría de ser singular y, por tanto, dejaría de valer a los nacionalistas, cuyo concepto nuclear es precisamente la diferencia. Y llamar federal a un pacto entre dos con el dinero de todos es sencillamente una broma pesada.

Se habla en algunos cenáculos de Salvador Illa como sucesor de Sánchez. No lo necesita: ya manda sobre Sánchez. La novedad de esta legislatura es que Sánchez aceptó ser el delegado del nacionalismo catalán en Madrid. Por eso no mueve un dedo sin pedir permiso. Conviene poner fin a esta pesadilla si queremos que nos quede algo del país.