Para defender a la Justicia, acudir hoy a su sede. Para ayudar al Rey, comportarse como él
El problema no es que García Ortiz participe en la apertura del año judicial: ese es un acto obligado. Lo ofensivo es que un individuo de su jaez alcance la fiscalía general del Estado y que, en la circunstancia en que se encuentra, la siga ocupando
El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que le entrega la Memoria anual de la Fiscalía de 2024. (EFE/Fernando Villar)
En esta España que cabalga, espoleada por sus gobernantes, hacia el populismo plebiscitario y el sacrificio sistemático de la letra y el espíritu de la Constitución, quienes se pregonan defensores de las instituciones parecen no encontrar mejor forma de hacerlo que entrar en el juego siniestro de quienes las subvierten.
Parecería que, para combatir a las fuerzas destituyentes (encabezadas por el Gobierno, su partido y sus aliados), es obligado emplear sus mismas armas y mimetizar sus métodos. Sucede lo contrario: Sánchez y sus acompañantes son imbatibles para hacer sanchismo, igual que nadie puede competir con los nacionalistas de origen en el estímulo de las pulsiones identitarias y centrífugas.
Si se pretende proteger a las instituciones de la democracia del asalto al que están sometidas, no hay arma más eficaz que aplicar sin desviaciones y en cualquier circunstancia la lógica institucional, demostrando su superioridad no sólo en el terreno de los principios sino también en el de la práctica.
Al escribir esta columna, ignoro lo que sucederá en la apertura del año judicial. Pero los medios están repletos de síntomas ominosos: amagos de boicot del acto, magistrados, políticos y opinadores que exigen que no se permita participar en él a quienes deben hacerlo, el primer partido del país que anuncia su ausencia… todo ello, adornado con el propósito de evitar al Rey una situación embarazosa. Menudo dislate: como si sabotear un acto oficial regulado por la ley no fuera embarazoso para quien debe presidirlo. Lo mejor que puede hacerse para ayudar al jefe del Estado en este día es comportarse como él lo hará.
2. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentará en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de Justicia.
3. El fiscal general del Estado leerá también en este acto la Memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.
Puede decirse más alto, pero no más claro. Alterar ese guion es incumplir la ley; y a ese respecto, resulta irrelevante la situación procesal en que se encuentre uno de los cargos mencionados o nuestro criterio sobre su comportamiento.
En mi opinión, Álvaro García Ortiz es un sujeto sin honor ni vergüenza que ensucia el cargo que ocupa cada día que permanece en él. Es el primer fiscal general del Estado que se ocupa personalmente del caso de un ciudadano concreto y lo hace con propósitos bastardos, completamente alejados de la misión de garante de la legalidad que la Constitución atribuye a la fiscalía. Ha demostrado estar poseído por un ánimo sectario y a la vez servil, despreciar la separación de poderes y comportarse como un ultrasur del partido gubernativo. Si su inhabilitación profesional no deriva de una sentencia condenatoria, derivará de la repulsión social.
En mi opinión, hace tiempo que, en su circunstancia actual, un ser decente habría abandonado el puesto voluntariamente. No sé si es peor que se aferre a él por soberbia o por sumisión. Sé que es incomprensible que, en una democracia occidental, una persona procesada permanezca en ese cargo y se permita la obscenidad de actuar en su propio juicio como acusador y como acusado. Al Gobierno le sobran motivos para destituirlo de acuerdo a la previsión del Estatuto del Ministerio Fiscal. Pero no lo hará, porque Sánchez ampara a sus sicarios mientras le son útiles. Si finalmente lo condenan, el paraguas desaparecerá y pasará a ser "esa persona de la que usted me habla". Como Ábalos, como Cerdán, como todos los demás que han conocido la corte y el cadalso.
En realidad, estamos ante una clarísima negligencia legislativa, una más. El legislador debió establecer la suspensión automática de los encargados de administrar la justicia cuando son procesados, especialmente si el presunto delito se cometió en el ejercicio de sus funciones. Así nos ahorraríamos situaciones tan repelentes para la razón como las que han creado los Sánchez, Bolaños, García Ortiz y compañía.
Si de algo puede acusarse a los legisladores de los primeros años de la democracia es de su clamorosa ingenuidad, que les hizo ignorar lo que podría suceder cuando los inescrupulosos llegaran al poder. Una de las lecciones de la era sanchista es que el legislador debe ser pesimista en lo que se refiere a la condición humana.
El problema no es que García Ortiz participe en la apertura del año judicial: ese es un acto obligado y su omisión sería ilegal y arbitraria, por mucho que se nos muevan las tripas al contemplarlo. Lo ofensivo es que un individuo de su jaez alcanzara la Fiscalía General del Estado y que, en la circunstancia en que se encuentra, la siga ocupando.
Pero el remedio no puede ser saltarse la ley ni recurrir al pataleo, y mucho menos al sabotaje institucional. Por desgracia, el malandrín sigue siendo fiscal general del Estado. Leerá su informe: por mí, dado su crédito, como si lee el manual de instrucciones de un microondas. Y la obligación de los responsables políticos e institucionales es respetar la naturaleza oficial y solemne del acto, lo que no implica necesariamente respetar a todos sus protagonistas.
No es la primera vez que el PP cae en el mismo pecado que denuncia. Durante cinco años bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial por motivos igualmente espurios, no compatibles con su autoproclamada condición de guardián de la Constitución ante la deriva sanchista.
El día en que se abre solemnemente el año judicial, el lugar natural del líder de la oposición es la sede del Tribunal Supremo. Si me apuran, este año con más motivo que ningún otro. Puesto que el Gobierno ha declarado la guerra al Poder Judicial, en este día hay que estar en la casa de la Justicia, donde estarán los jueces, los fiscales que realizan honradamente su trabajo; donde estará el jefe del Estado cumpliendo con su deber. No soy capaz de comprender qué beneficio sacarán los ciudadanos del escaqueo del partido al que más españoles votaron. Para parecerse a Podemos, sólo le ha faltado llamar a las masas a rodear el Palacio de las Salesas.
Y si me lo plantean tácticamente, basta imaginar que Abascal se presenta en el acto y ocupa la primera silla que encuentre vacía. Por ejemplo, la de Feijóo. Nunca dejaré de preguntarme por qué en la política hiperbólicaes más habitual exponerse al ridículoque hacer simplemente lo correcto.
En esta España que cabalga, espoleada por sus gobernantes, hacia el populismo plebiscitario y el sacrificio sistemático de la letra y el espíritu de la Constitución, quienes se pregonan defensores de las instituciones parecen no encontrar mejor forma de hacerlo que entrar en el juego siniestro de quienes las subvierten.