Las (posibles) elecciones adelantadas como medio de obstrucción a la Justicia

En la democracia parlamentaria, la existencia de un Gobierno se justifica cuando ese Gobierno adquiere y conserva la confianza del Parlamento. Perdida esa confianza y a falta de una mayoría alternativa, la lógica constitucional demanda que los ciudadanos elijan un nuevo Parlamento. Esta fue la primera cosa que me enseñaron en mi primera clase como estudiante de Derecho Constitucional. Parece mentira que en la España de hoy no pueda hilvanarse un análisis político sin comenzar recordando los fundamentos una y otra vez.

Si Pedro Sánchez dispusiera para esta legislatura de algo similar a un programa de gobierno relacionado con el progreso de España y el bienestar de los ciudadanos, su patética situación parlamentaria se habría convertido hace tiempo en un obstáculo infranqueable, lo que debería conducir a sacar al país del coma inducido llamando a las urnas.

Pero no es el caso. Esta legislatura quedó programáticamente amortizada con la investidura de Sánchez y el pago de la factura anexa, que fue la ley de amnistía. A partir de ahí, todo se resume en un mero ejercicio de supervivencia sin otro objetivo que impedir la alternancia en el poder y esperar una coyuntura favorable, sea para intentar repetir la carambola de 2023 o, como plan B, que un hipotético gobierno de la derecha resulte tan frágil e inestable como para tumbarlo cuanto antes y recuperar el poder rápidamente.

En ambos supuestos, la apuesta estratégica del sanchismo se vincula a varios años más de estancamiento del país y, como ha explicado Ramón González Férriz, comporta la corrosión progresiva del sistema en la búsqueda de la mutación de la democracia representativa y parlamentaria en otro tipo de régimen, de naturaleza presidencialista y plebiscitaria.

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Puesto que no existe un programa de gobierno que desarrollar, la duración de la legislatura no se vincula principalmente a lo que suceda en el Parlamento (lo que por sí mismo violenta el espíritu de la Constitución). Descartada una moción de censura, Sánchez puede mantener el Parlamento en estado vegetativo tanto tiempo como le convenga. Le basta con enervar la actividad legislativa, soportar unas cuantas derrotas a manos de sus exsocios de investidura y contar con la obediencia servil de la presidenta de la Cámara.

No sucede lo mismo en el frente judicial. Esa es la pista principal, donde realmente se está jugando la subsistencia del Gobierno y la decisión presidencial sobre la fecha de las elecciones generales. Sánchez puede soportar toda clase de contratiempos parlamentarios y pasar muchos meses ocupando el gobierno sin gobernar. Lo que no soportará fácilmente es la oleada de siniestros judiciales que amenaza abatirse sobre su Gobierno, su partido, su familia -y, en última instancia, su persona- a lo largo del año 2026.

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En este instante, la mayoría de los procedimientos judiciales de corrupción oficialista están en su fase preliminar; pero si se los deja avanzar, uno a uno irán entrando en fases decisorias y crecerá su carga explosiva. A lo largo del año, los sumarios que hoy están instruyéndose desembocarán en autos de procesamiento; después vendrán los juicios, retransmitidos al universo con audiencias millonarias; y, finalmente, las sentencias, que se presienten desagradables.

Tiene razón Bolaños: la acción de la Justicia pondrá a cada uno en su lugar. Y no es precisamente deseable el lugar que espera a esta fórmula de poder cuando los tribunales hayan concluido su trabajo. Para cuando lleguemos a ese punto, el Gobierno sanchista, su partido y el propio Sánchez pueden ser un desecho inútil para competir en unas elecciones… salvo que las elecciones se hayan anticipado al descalabro judicial.

Hasta ahora, hemos asistido a una operación masiva de obstrucción a la Justicia en cada uno de los procedimientos que afectan al régimen. No hay recurso dilatorio o descalificatorio que haya dejado de utilizarse, desde el descarado filibusterismo judicial a la calumnia hacia los jueces en general y hacia algunos de ellos en particular.

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Pero el resultado ha sido paupérrimo, así que ha llegado el momento de prever movimientos preventivos de mayor alcance. Uno de ellos, pero no el único, podría ser el adelanto de las elecciones. Se ganen o se pierdan, siempre será preferible para el sanchismo afrontar la tormenta judicial con las elecciones ya superadas. O si lo prefieren a la inversa, siempre será preferible afrontar las elecciones cuando la tormenta judicial es una amenaza que tras haber desplegado su efecto devastador.

Muy pronto asistiremos al juicio contra el fiscal general del Estado. La causa se realizará con el reo en el ejercicio del cargo, salvo que él mismo impida tal bochorno dimitiendo en el último minuto. Tras el juicio, aún pasarán semanas hasta que aparezca la sentencia. Queda margen de maniobra, aunque ya muy poco. Una sentencia condenatoria destruirá profesionalmente a Álvaro García Ortiz, pero también será un torpedo en el casco de quien lo embarcó en el lío de hurgar en la causa de un particular, que fue el presidente del Gobierno a través de sus edecanes monclovitas.

La esposa y el hermano de Pedro Sánchez están ya muy cerca de cambiar la condición de imputados por la de procesados. Aquí el morbo del proceso aumenta muchos grados. La única ventaja que tiene Pedro en esos dos casos es que, si lo llaman a declarar como testigo, estará libre de la obligación de declarar contra sus familiares, así que podrá mentir sin límite. En todo caso, la secuencia de la esposa del presidente ante un jurado popular competirá en cuota de pantalla con el gol de Iniesta en el Mundial de 2010.

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De lo que está en marcha (aún faltan varios casos por abrirse, entre ellos alguno que afecta a miembros actuales del Gobierno), lo más explosivo políticamente es el llamado caso Koldo, que condensa la corrupción cutre en su grado máximo: ministros y altos dirigentes políticos pringándose por cantidades miserables, con fajos de billetes de dinero sucio para pagarse el puterío nocturno, la mariscada de amigotes o el chalé gratis para el verano. Se dice que Bárcenas llegó a tener 25 millones en un banco suizo: puestos a robar, eso tiene más sentido que esta cosa mugrienta de los sobres circulantes en plena pandemia con el logo del partido.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del sumario, ha citado a Ábalos y Koldo la próxima semana. Quizá sea la última vez que comparecen ante él, porque está cantada la maniobra para sacar esa causa del Supremo y devolverla a la Audiencia Nacional, donde, vistos los precedentes, puede eternizarse durante años. para ello sólo es preciso que José Luis Ábalos deje de ser diputado. Ello puede ocurrir por dos vías: porque le presenten una oferta irrechazable para renunciar al escaño o porque se disuelva el Parlamento.

Lo primero sólo paralizaría y desviaría hacia una vía lateral el proceso de Koldo, Ábalos y Cerdán (lo que no es poco). Lo segundo, convocar elecciones, añadiría el beneficio de que, siguiendo la costumbre establecida, los procedimientos con carga política quedarían detenidos durante el período electoral.. En la campaña, crispación a mansalva y mucho lawfare para que el azufre impida ver y respirar. Y pasada la votación, que llueva lo que tenga que llover sobre el campo de cenizas que dejará la batalla.

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Entre tanta maniobra obstructiva, algo me parece seguro: el Tribunal Supremo no enjuiciará a Cerdán, Ábalos, Koldo y demás componentes de la organización criminal que presuntamente formaron bajo la supervisión del jefe de todos ellos. Es previsible que ese juicio sólo pueda celebrarse cuando ya sea inane políticamente. No se escatimará en argucias para lograrlo.

Se hará también todo lo posible para que lo mismo suceda con los demás procesos que amenazan existencialmente al poder sanchista, dispuesto a ganar por cualquier medio a su alcance la carrera contra el reloj frente al Poder Judicial. En mi opinión, "por cualquier medio" incluye la agenda de las elecciones generales, mucho más atenta al Palacio de las Salesas y a los juzgados de la Plaza de Castilla que a las correrías de Puigdemont, Belarra y compañía.

Ahí cabe presentar los presupuestos para hacer como que esta vez se cumple la Constitución y disponer de un pretexto digno para convocar, sea antes o después de votarlos en el Congreso. En realidad, los presupuestos de España y España misma es lo que menos importa a unos y otros en esta gran merde.