La vida de un ministro y su relación con el dinero

Tras 40 años en la cocina de la política, puedo atestiguar que, en el siglo XXI, si te pagan en efectivo es porque el dinero entró en la caja en efectivo. La versión contraria no pasa de ser una tomadura de pelo.

Si usted participa en un almuerzo o cena de trabajo organizada por un ministro, comprobará que, al parecer, allí nadie paga. Al terminar, los comensales se levantan sin que se haya visto aparecer una factura. No es que la casa invite (aunque a veces sí). Lo habitual es que la reserva se haya realizado desde la secretaría del ministro; y el restaurante tiene instrucciones de enviar allí la factura, que, en el 100% de los casos "normales", se abona mediante una transferencia y, posteriormente, es revisada y convalidada por los interventores.

Lo que no verán (y si lo ven, sospechen) es que, tras los postres, un asesor del gabinete ministerial saque del bolsillo trasero del pantalón un fajo de chistorras, lechugas u otras figuras monetarias del lenguaje del hampa y pague a tocateja, guardando la factura en otro bolsillo para su propio conteo. Si tal cosa sucediera, pueden dar por seguro que ningún interventor llegará a ver "el tique".

Algo parecido ocurrirá en todas las actividades del ministro en el ejercicio regular de su cargo. Para empezar, jamás irá solo ni usará su propio vehículo: si el viaje es por carretera, se trasladará en coche oficial. Si usa el tren o el avión, los pasajes habrán sido igualmente gestionados y abonados de forma oficial. Lo digo en plural porque siempre lo acompañarán al menos un conductor del parque móvil y dos o tres policías, además de los colaboradores que eventualmente se añadan a la expedición. Ellos también comen, se alojan en el hotel y comparten con el ministro el medio de transporte. Generan gastos legales y transparentes de los que se hace cargo el erario público mediante procedimientos tasados que no contemplan el tráfico de productos de charcutería.

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Los ministros, mientras actúan como tales, no se desplazan en taxi ni en metro, no pagan con chistorras o lechugas en hoteles y restaurantes, no reparten propinas, no gestionan sus billetes de avión o de tren. De hecho, podrían salir de su domicilio cada día de trabajo sin un euro ni una tarjeta de crédito y no lo echarían de menos. Y qué decir del presidente del Gobierno, que afirmó ayer en su emisora de cámara: "Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto". Él mismo matizó que sería como secretario general del PSOE, consciente de que sugerir tal cosa como presidente lo metería en un bonito lío. Añado que debería ser antes de junio de 2018, porque desde entonces no ha tenido que pagar un euro derivado de su actividad política.

¿Qué sucede si un miembro del Gobierno pertenece además a la dirección de su partido? Pues que la confusión es la norma, porque la frontera entre la actividad del ministro de Transportes y la del secretario de Organización del PSOE (o entre la del presidente y el secretario general) resulta sumamente borrosa, y ellos se ocupan de hacerla aún más borrosa mezclando deliberadamente ambos espacios en beneficio de la economía partidaria.

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Nada tan sencillo como montarse un mitin en cualquier lugar y programar en ese mismo día y lugar un encuentro o un acto oficial de diez minutos vagamente relacionado con el ministerio: todos los gastos de la jornada -incluidos los de los escoltas y la comparsa completa- cargarán sobre las cuentas públicas (Sánchez es practicante intensivo de ese timo: se cuentan por decenas los actos de partido -incluso personales- a los que ha viajado en el famoso Falcon con algún pretexto fabricado para la ocasión).

Sugerir que los altos cargos y los dirigentes políticos necesitan ir por el mundo acompañados de un fulano cargado de chistorras y lechugas para pagar sus gastos oficiales es, además de una golfería, un insulto a la inteligencia del personal.

Las llamadas eufemísticamente "liquidaciones de gasto" equivalen a lo que toda la vida se ha conocido como gastos de representación. Pero justamente los miembros del Gobierno son quienes necesitan menos liquidaciones de ese tipo, porque rara vez tienen que ocuparse personalmente de los gastos que genera su actividad.

Opinión

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Cosa bien distinta es cuando un miembro del Gobierno o un alto dirigente político decide que los contribuyentes sufraguen sus adicciones, financien sus vacaciones, los pisos de sus amigas y sus operaciones inmobiliarias, le cubran cuando se mete en un nivel de gastos desaforado o aprovecha su red de influencias para forrarse el lomo amañando contratos públicos.

Si los jueces investigan estas conductas como es su obligación profesional, llamar a eso lawfare o persecución judicial denota una caradura impenetrable o una ignorancia insondable sobre el Estado de derecho. Normalmente, ambas cosas van de la mano.

Si queremos sacar algo en claro de este cenagal, pensemos honestamente en cuestiones como estas:

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1. Ocho de cada diez casos de corrupción política en España brotan de adjudicaciones de obras y servicios por parte de las administraciones públicas. Más allá de la calaña de algunos, quizá tenemos desde hace décadas la asignatura pendiente de revisar nuestro sistema de contratación pública, comprobado que contiene toda clase de invitaciones al latrocinio.

2. Es demasiado frecuente que a los jefes del aparato de los grandes partidos, cuando entran en el Gobierno, se les adjudique precisamente el Ministerio de Fomento (o sus denominaciones alternativas), que es el que mayormente reparte el dinero en grandes obras entre los territorios mientras con la otra gorra, la del aparato, hacen las listas electorales y controlan la disciplina orgánica. Creo poco en las casualidades y no creo en absoluto en esta.

3. Es proverbial la capacidad del oficialismo de marcar las líneas rojas de los adversarios con extraordinaria intransigencia y las propias con indulgencia conmovedora. No hay por qué confundir la higiene política con el Código Penal. Existen prácticas no necesariamente delictivas que resultan políticamente repulsivas: no se necesita la sentencia de un juez para saber que la conducta de Begoña Gómez es impúdica y venal y contiene un clarísimo abuso de poder vicario, conyugalmente consentido. O que pagarse las putas con el dinero del contribuyente no es lo que se espera de un gobernante del primer mundo.

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El juego de trazar la línea de lo admisible en la financiación ilegal de un partido es demasiado obsceno para que el truco no cante. Se trata de hacer creer que todo lo que cae más acá de ese punto resulta legítimo. Es como si un sujeto decidiera para sí mismo que la línea roja es el homicidio y por debajo dispone de barra libre. Además, cuando caiga la imputación por financiación ilegal inventarán cualquier otro artefacto para poner palos obstructivos en las ruedas de la Justicia, que es lo que este Gobierno y su partido llevan haciendo desde el primer instante.

4. El problema histórico de la financiación de los partidos en España no está en la limpieza del gasto, sino en la del ingreso. Por mí, que los partidos inviten a gambas a todos sus militantes si quieren, siempre que me aseguren que el dinero de las gambas no viene contaminado de origen. Pero cuando se plantea el debate, todos los partidos desvían sistemáticamente la conversación hacia los gastos (el de los demás, claro) y se olvidan de los ingresos.

Dicho de otra forma: muestran un celo mucho más intenso en delatar a los corrompidos que en investigar a los corruptores. ¿Saben por qué? Porque los corruptores son prudentes y suelen diversificar sus inversiones. Dan más al que manda hoy y un poco menos al que puede mandar mañana, pero, como los Reyes Magos, no se olvidan de nadie.