¿Sigue siendo legítimo este Gobierno?

Los españoles nos hemos vuelto muy creativos en materia política. El sanchismo ha encontrado la fórmula según la cual, en una democracia parlamentaria, es legítimo -incluso progresista- desligar la permanencia de un Gobierno de la de una mayoría parlamentaria que lo sostenga. Pueden ustedes prender fuego a todos los tratados existentes de derecho constitucional, porque el jurisconsulto Sánchez los ha liquidado de raíz.

Es mentira que el pueblo español eligiera presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. El 23 de julio de 2023 había 37,5 millones de electores y el partido de Sánchez obtuvo 7,8 millones de votos. Los 30 millones restantes se abstuvieron o eligieron a otros partidos. De hecho, el PSOE ni siquiera fue el partido más votado: el PP lo superó en votos y en escaños.

Los ciudadanos no votaron ni dejaron de votar al presidente del Gobierno. Sencillamente, eligieron a 350 diputados con la misión, compartida con el Senado, de "representar al pueblo español" (único titular de la soberanía nacional), y de "ejercer la potestad legislativa del Estado". Entre sus funciones figura investir a un presidente, cosa que últimamente requiere varios intentos frustrados.

Así pues, primer dogma violado de una democracia parlamentaria: el Gobierno tiene derecho a existir mientras cuente con la confianza del Parlamento. Si pierde esa confianza, debe ser sustituido por otro que sí la obtenga. Y si el Parlamento no encuentra nadie en quien confiar como parece ser el caso, toca sustituir al propio Parlamento mediante el voto ciudadano.

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Cualquier otro comportamiento debe ser considerado como un acto de subversión constitucional. En ningún caso es admisible que, tras perder la confianza del Parlamento, un Gobierno pretenda mantenerse en el poder por la vía de hecho, simplemente porque no aparezca en la Cámara una alternativa viable.

Pedro Sánchez fue designado presidente porque en su investidura obtuvo 179 votos a favor y 171 en contra. Esa fue su legitimidad de origen. Pero eso se ha evaporado: hoy, este mismo Congreso rechazaría su investidura. Es un hecho que este presidente carece de la confianza de quienes representan al pueblo español; por tanto, su legitimidad de origen está en crisis y su obligación política es comprobarlo mediante una cuestión de confianza o admitirlo de una vez y convocar elecciones generales. Exactamente lo que haría el primer ministro de cualquier democracia parlamentaria que fuera leal a la Constitución de su país.

La deslealtad continuada a la Constitución es uno de los hechos que previamente arruinaron la otra legitimidad de un gobernante, la de ejercicio. De derechas o de izquierdas, aún quedamos en España ciudadanos que no estamos disponibles para respaldar a quien traicione la letra o el espíritu de la Constitución, y Sánchez ha cometido ambas traiciones de modo programado y sistemático. En realidad, ese fue desde el primer día el núcleo rector de su modo de ejercer el poder.

Tras perder las elecciones, fue una muy mala idea entregar a un partido ultraminoritario (1,6% de los votos válidos), antiespañol y reaccionario la potestad de decidir quién gobernaría en España. Por el mismo motivo, es una calamidad que ese grupúsculo posea la potestad de tumbar o sumir en el marasmo al Gobierno que puso en pie. En ambos momentos su objetivo fue igualmente infame: debilitar todo lo posible a un Estado al que detesta para abrir espacio a su despiece, tras fracasar en el primer intento insurreccional.

La culpa no es del grupúsculo disolvente al que se entregó el destino de la Nación por siete monedas, sino de quien cometió semejante disparate histórico llevado por una codicia desordenada de poder personal. Era claro desde el principio que la aventura que así comenzó sólo podía terminar mal. Ahí tienen el resultado: un país dividido como nunca lo estuvo en el último medio siglo, un Parlamento paralizado, un Gobierno arrodillado ante los chantajistas que lo rodean, mendigando unos meses más de vida; y, por si algo faltara, una nueva montaña de corrupción envenenando la atmósfera y provocando una guerra de destrucción mutua asegurada entre los poderes del Estado.

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Protesta Puigdemont porque, según él, el Gobierno ha incumplido el llamado "acuerdo de Bruselas", que firmaron con un tal Santos Cerdán -entre golfos anda el juego- para hacer posible la investidura de Sánchez. Salvemos el hecho de que es de babero sorprenderse de que Pedro Sánchez incumpla sus promesas. En este caso concreto, la queja es inexacta. El texto del tal acuerdo es pura farfolla retórica: dedicada más a recitar las discrepancias entre los firmantes que a señalar sus coincidencias, plagada de guiños y sobreentendidos, de sintaxis deplorable y con un único compromiso concreto: aprobar una ley de amnistía a cambio de los votos de Junts en la investidura.

En realidad, lo que Sánchez ha incumplido sin despeinarse ha sido la retahíla de concesiones que ha ido haciendo durante la legislatura para realquilar los votos de Junts en distintas votaciones. Desnudo de apoyos suficientes, los de Puigdemont le han ido sacando las muelas a plazos y obligándolo a firmar sucesivamente lo que podía y lo que no podía entregar, lo que estaba en sus manos y lo que nunca lo estuvo.

Puigdemont suele presentar pomposamente sus trueques con Cerdán y Zapatero como acuerdos "entre España y Cataluña". Típico juego de pícaros. Ambas partes saben que aplicar la amnistía a los malversadores no depende del Gobierno sino de los tribunales, que hacer oficial el catalán en la Unión Europea era y es misión imposible, que no tiene un pase ceder a una comunidad autónoma la gestión completa de la política migratoria acompañada del control de las fronteras, que renunciar por segunda vez a la soberanía fiscal y reproducir en Cataluña el concierto del País Vasco y Navarra supone la ruina del Estado y una sublevación de los demás territorios, y así hasta el infinito.

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En su plan de cesiones sin límite, Sánchez llegó -tenía que llegar- a las cuestiones que, simplemente, no están a su alcance: las que firmó en barbecho, únicamente por ganar tiempo. En estos dos años el presidente se ha hartado de repartir entre sus aliados pagarés truchos y talones sin fondos, creyendo que los engañaba o, más probablemente, sabiendo que el engaño era recíproco. La bomba de humo tenía que estallar y el numerito escenificado por Míriam Nogueras y sus seis colegas sólo es el principio de la función. A medida que se aproximen sus propias elecciones, veremos a los demás socios mesándose los cabellos y tratando de despellejar electoralmente a las sucursales territoriales del sanchismo.

Si una legislatura es el tiempo en que se legisla, esta legislatura está más muerta que mi abuela. Sus Señorías pueden reservarse los miércoles por la mañana para vociferar en las sesiones de descontrol y pasar de vacaciones el resto del año, hasta que el señorito decida que llegó el momento de poner fin a esta broma pesada. El entierro postrero de una legislatura que nunca debió nacer de esta manera no depende de ningún suceso parlamentario, sino de la crónica de tribunales. En concreto, algo me dice que existe una relación directa de anticipación entre la fecha de las elecciones generales y el juicio contra Begoña. En este régimen, todo puede ponerse a prueba menos el amor.

Mientras, España seguirá perdiendo el tiempo, los españoles la paciencia y las instituciones de la democracia el honor quebrado que, según Zarzalejos (atención a su libro de próxima aparición), es ya irrecuperable.