El fiscal puede ser inocente y corrupto a la vez

Álvaro García Ortiz sólo será condenado por el Tribunal Supremo si este concluye de forma indubitada -es decir, más allá de toda duda razonable- que él, personalmente, filtró u orquestó la filtración de un documento secreto que afectaba a un particular en su relación con la Hacienda pública.

Eso y no otra cosa es lo que dilucida en el juicio que se celebra estos días en las Salesas. La sentencia no tiene por qué pronunciarse -de hecho, no lo hará- sobre la muy controvertida actuación del actual fiscal general en el ejercicio de su cargo, ni sobre su integridad moral o su sumisión instrumental a los dictados del Gobierno. Esas son cuestiones que corresponde establecer a la opinión pública, a quien podría cesarlo (el Gobierno) por incumplimiento grave de sus obligaciones y, en su caso, a la conciencia profesional del sujeto.

Basta que, a la vista de los hechos probados, el tribunal albergue una duda razonable sobre la autoría personal de García Ortiz en la filtración del documento para que deba emitir una sentencia absolutoria, cualquiera que sea la convicción íntima de los magistrados o su opinión sobre el personaje.

En el caso de una sentencia absolutoria, estarán de más las alharacas triunfales del oficialismo considerando moral y políticamente validado el conjunto de la actuación del fiscal. Igual que, en caso de condena, sobrarían los previsibles aspavientos de la oposición atribuyéndose un triunfo global en la polémica que desde hace años lesiona a esa institución.

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Este no es un juicio político a la Fiscalía, sino a un presunto acto concreto de una persona concreta en una muy precisa circunstancia. Todo lo demás -que, por desgracia, se producirá- será hiperbólico, demagógico y contrainstitucional, como casi todo lo que sucede en España desde que el populismo cismático se instaló en el poder.

Aun acotando la sentencia a sus precisos límites, no se olvide que en este (tambaleante) Estado de derecho el acusado de un delito goza de una triple protección: desde el principio, debe ser considerado inocente hasta que una condena firme revierta la presunción. Durante el proceso, la carga de la prueba recae íntegramente sobre los acusadores. Finalmente, goza de la protección adicional del principio 'in dubio pro reo': si el examen de las pruebas disponibles abre un margen de duda sobre su culpabilidad, en la duda debe declararse la inocencia. Los sistemas judiciales de los países civilizados prefieren ver absuelto a un culpable que condenado a un inocente.

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"El fiscal es inocente y más aún tras lo visto en el juicio", afirmó el presidente del Gobierno en la autoentrevista difundida en su periódico favorito. Suplanta doblemente al Tribunal Supremo: le da hechas la valoración de la prueba y el sentido de la sentencia. Un comportamiento mendaz muy característico de este Gobierno abonado a la doctrina totalitaria del uso alternativo del derecho.

Para el sanchismo, si absuelven al fiscal, estaremos ante un triunfo histórico de la justicia progresista frente al fango de la ultraderecha; y si es condenado, ante un escandaloso lawfare que refuerza la urgencia de sofocar el fascismo judicial. Para mí, lo impresionante es que gentes que siempre creyeron en el Estado de derecho y lo defendieron de forma cabal se apunten en su vejez a la cola de los abajofirmantes.

No hablo en términos jurídicos, sino cívicos: si pudiera elegir un desenlace para este caso, lo ideal sería que absolvieran al fiscal general del Estado por falta de pruebas de su presunto delito y, ese mismo día, él dimitiera y desapareciera para siempre de la vida pública como el corrupto que es.

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La absolución sería saludable (insisto, esta no es una opinión jurídica) porque no es plato de gusto ver a una de las instituciones vertebrales del Estado embarrada por una condena judicial por corrupción. El sucio empeño del fiscal de presentarse a su propio juicio ataviado con los atributos de su poder, como si la cosa no fuera con él, ya ha sido suficientemente denigrante. No me habría extrañado verlo en la Venezuela de Maduro o en la Nicaragua de Ortega, pero no esperaba soportar esa impudicia en un país de la Unión Europea.

La dimisión o cese fulminante del fiscal, cualquiera que sea el sentido de la sentencia, es obligatoria en términos de higiene elemental. A estos efectos, me importa un comino lo que sucediera esa noche con el correo pringoso que iba de mano en mano. Álvaro García Ortiz no sólo es inapto para el cargo, también manifiestamente pernicioso para la institución. Ha hecho un uso militante de ella. Ha abierto un cisma en la Fiscalía y entre los fiscales y los jueces. Y sobre todo, carece de todo crédito social. Su presunción de imparcialidad está destruida sin remedio.

Nadie en España, ni el sanchista más furibundo, cree que este fiscal general del Estado sea otra cosa que un comisario político de la Moncloa, un Tezanos en la Fiscalía dispuesto a retorcer la ley para complacer a su jefe (otra cosa es que a algunos esto les parezca un mérito).

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Resulte lo que resulte del juicio, cada día que transcurra con García Ortiz al frente de la Fiscalía es una afrenta a la idea de una justicia independiente. El Consejo General del Poder Judicial ya emitió su opinión cuando lo consideró inadecuado para el cargo, a lo que el Gobierno hizo oídos de mercader. Es evidente que el CGPJ tenía razón.

Hemos caído en la tentación fatal de asimilar el código ético de la política con el Código Penal. Al parecer, todo lo que no sea expresamente delictivo es políticamente lícito, incluso admirable. Así se entiende que hayan suprimido el delito de sedición para hacer de la sedición un timbre de honor y convertir a los sediciosos en demócratas ejemplares.

Pues no. En la gestión de los intereses públicos, el principio 'in dubio pro reo' funciona a la inversa. La mayoría de los puestos de responsabilidad política son incompatibles con una duda fundada sobre la honorabilidad de quien los ocupa. Y en el caso de este fiscal, la duda es casi una certeza negativa.

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Que un fiscal general del Estado se involucre personalmente en la persecución de un particular será o no delictivo, pero es un acto corrupto, especialmente si el motivo de la cacería es que ese particular mantiene una relación singular con una adversaria política del Gobierno.

Que se pisoteen obligaciones constitucionales como la de presentar los presupuestos al Congreso no tiene, por desgracia, ningún tratamiento penal, pero es un acto de corrupción política y un clarísimo desacato a la letra y al espíritu de la Constitución.

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Colocar a analfabetos integrales al frente de órganos cruciales del Estado -incluso de ministerios- por pura búsqueda de obediencia ciega es una traición corrupta al interés general.

Afirmar en una comisión parlamentaria que "no me consta" lo que sí te consta es mentir de forma corrupta a los representantes del pueblo soberano. Además, esa mentira sí está tipificada como delito. En varios de los "no me consta" de Sánchez en el Senado, la falsedad es fácilmente demostrable. Por ejemplo, no se puede sostener que ignorabas algo (la prohibición de pisar suelo europeo a los gobernantes de la tiranía venezolana) que fue aprobado en un Consejo Europeo en tu presencia y con tu voto favorable.

En el derecho penal, los delitos tienen que ser probados más allá de toda duda razonable. Pero en la gobernación de una democracia, una duda razonable puede ser suficiente para invalidar a un responsable público. Que se lo pregunten al director de la BBC.