Campeones mundiales de la discordia

Era la mañana del 11 de marzo de 2004. En cuanto entré por la puerta del comité electoral del PSOE, casi sin saludar me lanzaron a bocajarro la pregunta: ¿qué efecto tendrá esto sobre las elecciones del domingo? Quizá era lógico puesto que yo era experto en elecciones y no en terrorismo, pero habría agradecido que me dieran un minuto para compartir el horror. Además, en ese momento ni siquiera conocía los detalles ni el alcance de la matanza.

Respondí sinceramente: no hay precedentes que conozca. Pero supongo que, a poco que el Gobierno lo maneje con sentido común, le beneficiará. En situaciones traumáticas como esta, lo habitual es agruparse en torno a quien está al mando. Eso, si la situación permite que haya elecciones.

Al parecer, el presidente del Gobierno convocó esa mañana en la Moncloa un peculiar comité de crisis al que fue llamado el asesor electoral del PP y no el director del CNI. La primera pregunta fue exactamente igual: ¿qué efecto tendrá esto sobre las elecciones? La leyenda atribuye al experto de turno una respuesta de este tenor: si el atentado es de ETA, mayoría absoluta para nosotros. Si es yihadista, tendremos problemas. Lo que sucedió después se entiende mejor desde ese punto de partida.

No puede decirse que el mandato de Pedro Sánchez haya estado escaso de hechos traumáticos que merecían tratarse con sentido común -por no hablar de la obsoleta altura de miras-. El hilo común que atraviesa la reacción del Gobierno en todos los casos es actuar siempre como si hubiera elecciones tres días después. Ponerse desde el primer minuto a buscar e imponer el hilo narrativo que le permita no cargar con la responsabilidad política de la desgracia, la tenga o no; y ello antes de que nadie sugiera esa responsabilidad. Como si supiera que más pronto que tarde lo intentarán culpar y diera preferencia absoluta a protegerse de antemano. Como principio de vida, el relato antes que los hechos y la exculpación antes que la solución.

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En contextos de polarización inducida como el que padecemos en España, cualquier calamidad de cualquier naturaleza tiene efectos políticos centrífugos y no centrípetos, como ocurre en las sociedades sanas. Actúa como un incentivo para desencadenar procesos de inculpaciones recíprocas que se convierten en obstáculos objetivos para las tres cosas más necesarias en la gestión de crisis: primero, conocer la verdad de lo sucedido. Segundo, reflexionar en serio sobre sus causas inmediatas y mediatas. Tercero, compartir las soluciones que ayuden a prevenir episodios futuros.

El accidente de Adamuz se conoció el domingo a última hora de la tarde. En cuanto se atisbó la dimensión de la tragedia, más allá de la cautela inicial, todos tuvimos una doble certeza. Que el Gobierno entraría en fase defensiva, promoviendo compulsivamente cualquier versión -por extravagante que sea- que lo aleje de la responsabilidad; y que la oposición tardaría poco en señalar a Sánchez como si él mismo hubiera empujado a los dos trenes a la colisión fatal.

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La tregua duró apenas hasta el lunes, aunque en las fotos conjuntas ya se veían asomar las navajas por los bolsillos de los abrigos. El martes y el miércoles nos enzarzamos en un debate sospechosamente acalorado sobre calidad y cuidado de las vías férreas, materiales de construcción desconocidos para el 99% de la población, filtraciones de conversaciones a los medios adictos, declaraciones y testimonios envenenados para sugerir cosas oscuras, expertos de parte… escribo esto el jueves y la batalla ya está declarada con toda su mugre.

Mientras se siguen buscando cadáveres entre los hierros estrujados, Puente y demás centuriones del sanchismo han recibido licencia para injuriar y la oposición cocina un potaje con el siniestro ferroviario y el caso Ábalos. Nada que no estuviera cantado, pero nada que consuele o evite el vómito. Si hay una sesión parlamentaria sobre esta catástrofe, el combate (que no debate) será tan políticamente criminal y funcionalmente inútil como los anteriores sobre la pandemia, la recesión, la dana, el apagón o cualquier otra desgracia que nos ocurra.

La cuestión es que es imposible que la razón fructifique en atmósferas irracionales. Y si el sanchismo ha impuesto algo en la política española es la irracionalidad como posición, como método y como discurso, arrastrando a sus adversarios a ese terreno.

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No seré yo quien determine por qué un tren descarriló y otro que pasaba por allí se estrelló contra él. Ni siquiera sabría explicar cómo y por qué funciona un tren. Lo que sé es que los españoles sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Este trueno ha sido ruidoso, pero su eco desaparecerá y pronto lo olvidaremos para regresar a nuestros excesos y galbanas. Ni este Gobierno ni el que lo suceda invertirán en infraestructuras ferroviarias, en ciencia y tecnología o en educación avanzada todo lo que se ha desinvertido durante quince años. Es más rentable para los políticos seguir endeudándonos hasta las cejas para comprar el voto de los viejos y soportar de vez en cuando un siniestro evitable con su ración de muertos y heridos. Luego nos quejamos de que aumente el voto impugnatorio.

Un día descubrimos que algunos trenes podían desplazarse a 300 kilómetros por hora y en los fastos del 92 estrenamos uno que nos llevaba de Madrid a Sevilla en dos horas y media. Nos enamoramos del juguete y enloquecimos. El AVE se identificó con la prosperidad: si no pasa por tu territorio, no eres nadie. Se ponían líneas de AVE como se reparten churros.

No sé si es lógico que España sea subcampeona mundial, tras China, en kilómetros de alta velocidad ferroviaria. En un país de orografía escabrosa, construir una red de alta velocidad que cubra todo el territorio nacional es carísimo, y mantenerla en buenas condiciones exige inversiones gigantescas, sobre todo cuando se multiplica el tráfico, como ha ocurrido tras el final del monopolio de Renfe.

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La curva de la inversión ferroviaria en España es como una montaña rusa: una escalada brutal hasta 2010 y un descenso pavoroso desde entonces. El resultado está a la vista: fallos en cadena, retrasos constantes y una sucesión de accidentes no digerible. Lo peor que puede pasar ahora es que nos dé miedo viajar en tren; con todas las falencias derivadas de la incuria de este gobierno y de los anteriores, sigue siendo de lejos el medio de transporte más funcional, más limpio y seguro para moverse por España. Pero la parte onírica del AVE se quedó en Adamuz.

Nos viene pasando en cada calamidad. La pandemia demostró que no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo ni por aproximación. Zapatero se inventó que la solidez de nuestro sistema financiero era la envidia de Occidente y el primer golpe de viento se lo llevó por delante y nos convirtió en candidatos al rescate. Permitimos que se levantaran monstruos urbanísticos en la zona de la costa española más expuesta a inundaciones y desbordamientos: vino la dana y ni siquiera teníamos un plan de contingencia. Al parecer, lo único importante era dónde pasó la tarde el señor Mazón. Sabemos que tenemos un sistema eléctrico descompensado y en gran medida obsoleto y tuvo que apagarse España para caer en la cuenta. Por cierto, seguimos igual.

Con todo ello no sólo el país se hace cada día más inoperante y pierde competitividad a chorros. Cada vez que se derrumba una fantasía colectiva, la autoestima colectiva sufre. Y nuestra respuesta a la frustración suele ser herirnos entre nosotros y nutrirnos de discordia. En eso sí somos campeones mundiales.