El futuro de la abogacía a través de su nuevo estatuto

Los profesionales vivimos siempre mirando al futuro. Lo construimos a base de anticiparnos a lo que va a suceder y, de alguna forma, condicionamos lo que finalmente sucede. Tratamos de generar las mejores condiciones para que las cosas salgan bien y normalmente lo conseguimos. De ahí que la palabra profesional tenga en distintas lenguas connotaciones muy positivas.

Pero, para lograrlo, necesitamos como elemento fundamental de nuestro trabajo cotidiano un marco regulatorio no solo claro y estable, sino adaptado a las circunstancias que condicionan la sociedad. Necesitamosun entorno de seguridad jurídicao, expresado de otra forma, unos márgenes razonables de cómo puede evolucionar cualquiera de las opciones que deriven de nuestras iniciativas. Las normas son tan importantes precisamente porque delimitan lo que podemos hacer para continuar creciendo, como profesionales y, a través de la suma de individuos y de colectivos, como sociedad.

El Estatuto General de la Abogacía, que está vigente y que continuará estándolo hasta el próximo 1 de julio, fue aprobado en el año 2001. Debía marcar el paso de la profesión para lanzarnos hacia el recién estrenado siglo XXI. Era una norma moderna y así la percibíamos entonces. Sin embargo, la realidad social la sobrepasó demasiado rápido. Apenas hubo sido aprobada, nos arrolló la primera burbuja de internet; aquella súbita irrupción de nuevas tecnologías con pinchazo bursátil que transformó nuestra visión del mundo a través de las pantallas. Solo unos años después, en 2006, se aprobaba en Bruselas una nueva directiva europea de colegios profesionales. No nos quedó más remedio que ponernos manos a la obra para adaptar aquel estatuto moderno que tan pronto había quedado algo por detrás de los tiempos.

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Trabajamos muchos durante mucho tiempo en ello y, después de un largo debate, logramos que lo aprobase el pleno del Consejo General de la Abogacía Española en el año 2013. Los ocho años siguientes han sido un sinfín de esperas un tanto desesperantes. Y no es que en el mundo de la abogacía creamos que no hubiera nada que hacer más urgente o importante, pero nos costaba entender los porqués de una demora tan injustificada como injustificable.

El pasado día 2 de este mismo mes de marzo, se aprobaba al fin en Consejo de Ministros ese nuevo marco normativo en el que la profesión ha venido trabajando tanto tiempo. Después de tan larga espera, algunos se apresuraron a concluir que el estatuto se habría quedado viejo antes de ver la luz. Y, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Basta una lectura siquiera superficial para darse cuenta de que la inmersión tecnológica fruto de la pandemia ya está contemplada en nuestro nuevo Estatuto General de la Abogacía; de que hace ocho años, los abogados y abogadas españoles debíamos a nuestros compañeros y muy especialmente a la ciudadanía unos servicios de atención a los consumidores accesibles y adaptados a la tecnología de cada momento; de que teníamos que apostar por comprometernos con la calidad de nuestros servicios.

Además, el primer estatuto que dedica uno de sus títulos a reconocer y reforzar el secreto profesional ha venido a llegar precisamente cuando desde Europa se cuestiona un principio de tanta trascendencia, aunque sea ligado únicamente a los delitos económicos. En este sentido, el estatuto refuerza nuestra posición de oponernos a esa tentativa de retroceder en el principio de que el derecho de defensa debe proteger a todos los ciudadanos sin excepción. Sin el secreto profesional, la tutela judicial efectiva pierde una de sus patas de apoyo, desmoronando un derecho esencial de la ciudadanía. Llega, por tanto, este respaldo al secreto profesional en el momento en que más lo necesitamos.

Lo que el estatuto recoge es importante porque nos actualiza como profesión y porque nos ofrece ese marco legal

La nueva norma reafirma nuestros principios y nos sitúa donde creemos que siempre hemos estado y debemos seguir estando. Y de una forma nítida lo expresa el propio estatuto en la primera de sus frases: “La abogacía es una profesión libre e independiente, que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas”. Esa y no otra es la posición que nos corresponde, la que hemos reclamado y la que, con este estatuto, la ley nos reconoce: otorgando a la abogacía un papel indispensable en el funcionamiento cotidiano de nuestra democracia.

En su articulado, podemos encontrar el libre ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional y el conjunto de la Unión Europea, la libertad de publicitar nuestros servicios y sus límites, la obligación de mantener un esfuerzo por formarnos de forma ininterrumpida, nuestro derecho a reclamar una conciliación efectiva y un tratamiento digno en el ejercicio de nuestra profesión... El texto es extenso y en muchos aspectos exhaustivo, por lo que invito a quienes ejercen o se disponen a ejercer la abogacía a leerlo con detenimiento.

Regresando sobre mis primeras palabras, lo que el estatuto recoge es importante porque nos actualiza como profesión y, muy especialmente, porque nos ofrece ese marco legal que nos permite proyectarnos hacia las próximas décadas; porque consolida los renovados cimientos sobre los que podemos impulsar el ejercicio profesional para seguir siendo un motor de transformación de la sociedad. En definitiva, porque sienta unas nuevas y sólidas bases sobre las que seguir edificando la evolución de una de las profesiones esenciales en el futuro de cualquier país democrático.

*Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.