Liderados por India y Sudáfrica, varios países han propuesto la suspensión temporal de las patentes de las vacunas de Covid-19, para impulsar la fabricación y el suministro de dosis de vacunas. A esta iniciativa se ha sumado Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y – no sin reticencias- la Comisión Europea ha anunciado su disposición a discutirla, no sin antes reclamar a EE. UU. que autorice las exportaciones de vacunas, que actualmente tiene restringidas. Sin embargo, pretender que las patentes son una barrera para la vacunación es una simplificación que responde al desconocimiento del sistema.
En primer lugar, no existe una única patente para cada vacuna. Por un lado, hay un conjunto de patentes, concedidas o en trámite, que protegen la tecnología en la que se basan las vacunas (como la tecnología del ARN mensajero, presente en las vacunas de BioNTech/Pfizer y Moderna), mientras que por otro existen solicitudes de patente específicas para la formulación de las distintas vacunas. El contenido de estas últimas será secreto durante 18 meses desde su solicitud y no es esperable que se concedan antes de 2023, pues en el examen de patentabilidad deberá demostrarse que tienen novedad y actividad inventiva, con respecto al aluvión de publicaciones científicas y de patentes publicadas anticipadamente (mayoritariamente chinas), que se ha incorporado al estado de la técnica desde que se divulgó el primer genoma del SARS-CoV-2, el 10 de enero de 2020.
En segundo lugar, es improbable que la suspensión temporal de las patentes resuelva la falta de suministro a corto plazo, porque las empresas titulares disponen, además de las patentes, de un 'know-how' confidencial sin el que es imposible la fabricación de las vacunas. Por ejemplo, reactivos, bancos de líneas celulares, protocolos y ensayos utilizados en su desarrollo. Incluso una vez publicadas las patentes, la información técnica descrita en ellas no asegura que un tercero sea capaz de fabricarlas con garantías, cumpliendo los estrictos requisitos de calidad y seguridad, que para su comercialización imponen las autoridades sanitarias.
En efecto, la fabricación de las vacunas de Covid-19 por un tercero, sin la cooperación de la empresa desarrolladora, implica realizar labores de ingeniería inversa tremendamente costosas y complejas y que no siempre acaban con éxito. Aunque en un sector tecnológico bien distinto, es interesante recordar el intento del gobierno chino en los años 80 del siglo XX por desarrollar el avión Yun-10, prácticamente un clon del Boeing B707, partiendo de las patentes ya expiradas a nombre de Boeing. El gobierno chino invirtió una importante cantidad de dinero en su desarrollo y únicamente consiguió construir tres prototipos. El Yun-10 no llegó a realizar vuelos comerciales porque, entre otros problemas, era un avión demasiado pesado para ser eficiente en el consumo de carburante.
En el pasado, los países en vías de desarrollo han utilizado las licencias obligatorias y otros mecanismos habilitados en sus legislaciones al amparo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), por ejemplo, para poner en sus mercados antirretrovirales genéricos para el tratamiento del SIDA a un menor coste. Más recientemente, en el Congreso brasileño se ha tramitado una proposición de ley para conceder licencias obligatorias de patentes en casos de pandemias, como la Covid-19. El problema es cuando desde dichos países, con precios subvencionados o exentos de 'royalty', se exporta a otros – sin la autorización del titular de la patente –compitiendo deslealmente con las empresas innovadoras (las llamadas importaciones paralelas), desincentivando la inversión en I+D+i.
Así pues, frente a la suspensión temporal de las patentes – que solo beneficiaría a los pocos países que disponen de una industria farmacéutica propia- la cooperación entre las empresas involucradas a través de licencias de patentes y de 'know-how', es un mecanismo más eficiente y aseguraría las condiciones necesarias para que la fabricación no acabe en un fracaso o en un riesgo para la salud pública. Por ejemplo, Novartis y Sanofi anunciaron la firma de acuerdos con BioNTech/Pfizer para aumentar la fabricación de dosis de la vacuna. También Merck anunció un acuerdo para suministrar lípidos (uno de los componentes esenciales de la vacuna) a BioNTech/Pfizer. Otro ejemplo es la extensa red de acuerdos a los que ha llegado AstraZeneca para la producción de la vacuna de Oxford/AstraZeneca. El pasado mes de abril ya se contabilizaban más de 270 acuerdos entre farmacéuticas para la fabricación de vacunas.
Más que la liberación de patentes, la cooperación entre farmacéuticas realmente ayudaría a potenciar el suministro
En este contexto, merece una atención especial la iniciativa COVAX, lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo de la Comisión Europea y Francia. COVAX tiene como objetivo garantizar un acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas de Covid-19 en aquellos los países menos desarrollados, junto con el impulso al desarrollo y fabricación de vacunas, herramientas de diagnóstico y tratamientos de Covid-19. Mediante la iniciativa COVAX, se espera disponer de dosis suficientes a lo largo de 2021 para vacunar a la población más vulnerable y al personal sanitario de todos los países menos desarrollados.
En suma, el sistema de patentes que se pretende suspender temporalmente no ha sido un obstáculo para que exista la tecnología y los medios necesarios para que, en un esfuerzo público y privado sin precedentes, se haya podido desarrollar vacunas frente al Covid-19 en un tiempo récord. Y, pensamos, tampoco supone un impedimento para conseguir el suministro del número suficiente de dosis. Es más, los beneficios generados con base en, entre otros factores, la existencia de patentes de vacunas, permitirá seguir perfeccionando las vacunas que actualmente se están administrando para protegernos contra las futuras variantes del virus.
* José Manuel González y Manuel Illescas son abogados en Manuel Illescas y Asociados (MIA Patents)
* Enrique Martín es abogado en Ibidem Abogados
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