Beneficios y ventajas competitivas de la nueva identidad digital europea

La Comisión Europea propuso a comienzos de junio un marco para una identidad digital europea que permitirá a los ciudadanos demostrar su identidad y compartir documentos electrónicos de forma muy sencilla a través del teléfono móvil. En la práctica será como llevar una cartera digital en el móvil con permisos de conducir, titulaciones, cuentas bancarias, etc. asociadas a la identidad digital nacional, de modo que cualquier ciudadano pueda identificarse frente a administraciones públicas y entidades privadas en toda Europa.

Esta iniciativa presenta una ventaja competitiva para las empresas, ya que la contratación de servicios será mucho más fácil y segura. Por otra parte, los ciudadanos ganaremos en control de los datos, en ahorro de tiempo y en simplificación de trámites. Algunos ejemplos de cómo esta nueva cartera digital puede ayudar a las personas son el almacenamiento y transporte digital de tarjetas y documentos (incluyendo titulaciones, diplomas o certificaciones oficiales) que hasta hoy es necesario llevar físicamente, o poder confirmar determinada información sin necesidad de compartir nuestra identidad, por ejemplo, en la entrada de determinados establecimientos donde no se permite la entrada de menores.

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Otra ventaja es el ahorro de tiempo durante el alquiler de coches en el aeropuerto o el registro en establecimientos turísticos, donde no será necesario aguantar largas colas para escanear el documento de identidad, el permiso de conducir, tarjetas de crédito y la firma de documentación. Desde el punto de vista de movilidad de ciudadanos europeos, si alguien se muda a un estado miembro a trabajar, podría realizar todas las gestiones necesarias como el registro de residente, abrir una cuenta bancaria, contratar una línea de teléfono o adquirir un pase de transporte público de manera digital.

Hoy en día ya existen métodos de autenticación digitales ofrecidos por el sector privado como la banca digital o las administraciones públicas, también las grandes plataformas como buscadores y redes sociales permiten iniciar sesión en varios servicios en línea, si bien todas estas identidades digitales ofrecen diversos grados de confiabilidad y seguridad y no aportan un control total sobre los datos compartidos para identificarse en línea.

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Para llevar a cabo esta iniciativa, la Comisión quiere basarse en el sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas (eIDAS); un Reglamento que establece un conjunto de normas para la identificación electrónica y los servicios de confianza para transacciones electrónicas en el mercado único europeo. Adoptado en el año 2014, proporciona la base para la identificación, autenticación y certificación de sitios web electrónicos transfronterizos dentro de la UE. Sin embargo, no establece ninguna obligación para los Estados miembros de ofrecer a los ciudadanos y empresas un sistema de identificación digital, lo que ha dado lugar a numerosas discrepancias entre países.

La situación vivida este año a raíz de la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las limitaciones que todavía existen en materia digital, por ello es urgente adoptar medidas que agilicen y mejoren los servicios digitales.

Es urgente adoptar medidas que agilicen y mejoren los servicios digitales

En esta línea, publicaba la Comisión Europea el pasado 3 de junio la propuesta de Reglamento que establezca un marco para una identidad digital europea. La propuesta es coherente con otras políticas y normas de la Unión, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos y las políticas relacionadas con la ciberseguridad, ya que establece salvaguardias específicas para evitar que los prestadores de servicios de identificación electrónica combinen datos personales de otros servicios con los servicios que presten de identificación y autenticación digitales. Además, exigirá altos estándares de seguridad durante el tratamiento de los datos (por ejemplo, el uso de datos biométricos en combinación con otros métodos de autenticación).

No hay que obviar los grandes riesgos que este proyecto acarrea para la privacidad y vida privada de los usuarios; riesgos como la suplantación de identidad o el fraude ya han sido previstos por parte de la Comisión, trasladando a los prestadores de servicios la obligación de establecer un proceso para tratar las quejas y disputas de todos los implicados. Los incidentes pueden estar relacionados con el fraude (por ejemplo, si otra persona está utilizando la identidad de un usuario para iniciar sesión en su servicio), la prestación del servicio (por ejemplo, si los usuarios no pueden usar su producto o servicio porque no está disponible temporalmente) o brechas e incidentes de seguridad.

Se trata sin duda de un gran avance para los objetivos marcados por la Comisión para el año 2030, entre los que se encuentra la disponibilidad en línea de todos los servicios públicos clave.

* Paula Garralón es asociada en Bird & Bird.