El nuevo protocolo sobre el derecho a comprender: avanzando en la utopía

Para que el derecho de acceso a la Justicia previsto en la Constitución Española sea real y efectivo es un presupuesto imprescindible que los ciudadanos conozcan y entiendan las leyes. No se puede cumplir voluntariamente lo que se desconoce o no se comprende. Por eso, en las democracias siempre se ha criticado el lenguaje oscuro del Derecho.

En la antigua Roma se tenía por cierta esta elocuente historia sobre los motivos que puede haber detrás de un lenguaje jurídico incomprensible. Gneo Flavio, un jurista de procedencia humilde, dio a conocer al pueblo los elementos necesarios para aplicar la ley: el calendario y las acciones. Con ello puso fin al monopolio de los patricios sobre el Derecho. Sin embargo, estos inventaron nuevas leyes y, para evitar que los ciudadanos tuvieran de nuevo acceso a ellas, usaron un lenguaje críptico (solo las iniciales de las palabras) como modo de conservar sus privilegios.

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Esta preocupación sigue de plena actualidad. El 11 de marzo de 2021 se ha firmado el Protocolo General de Colaboración para el Fomento de un Lenguaje Moderno y Accesible para la Ciudadanía, en el cual nuestras principales instituciones jurídicas y académicas (desde el Consejo General de la Abogacía Española a la Real Academia Española, pasando, entre otras, por el Consejo General del Poder Judicial) expresan su voluntad de que se alcance un grado adecuado de claridad y modernidad en el lenguaje jurídico. Este objetivo, como se resalta en el citado protocolo, está vinculado con el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.

No es la primera iniciativa que persigue este loable propósito. En la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, de 2002, ya se reconocía el derecho del ciudadano a una Justicia comprensible. Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Posteriormente, en 2011, la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico emitió un informe en el que también se abogaba por el «derecho a comprender» de los ciudadanos, tras lamentarse de que el 82% de los españoles considerara el lenguaje jurídico complicado.

El 82% de los españoles considera el lenguaje jurídico complicado

Y no estamos solos en esto. Este tipo de proyectos disfrutan de un amplio respaldo en otros países democráticos. Como muestra de los esfuerzos por hacer entendible el derecho pueden citarse el Plain Writing Act de 2010 en Estados Unidos; o la británica Plain English Campaing. Aunque el objetivo es muy ambicioso y avanzar no es fácil, es justo reconocer que, en la última década, en España ha habido significativos progresos.

En el año 2014, el Consejo General del Poder Judicial suscribió un acuerdo con la Real Academia Española que culminó tres obras que hacen más comprensible el Derecho español: el Diccionario del español jurídico, el Diccionario panhispánico del español jurídico y el Libro de estilo de la Justicia.

El Derecho es también más accesible que hace unos años. Hasta no hace mucho, para tener acceso al derecho y a la jurisprudencia era necesario subscribirse a una editorial privada. Actualmente, todo ciudadano puede consultar libre y gratuitamente tanto la base de datos de legislación del Boletín Oficial del Estado como la de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial.

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Pero, en esta aldea global el Derecho es inabarcable y complejo. Las relaciones entre las personas, en las que tienen cada vez más protagonismo las sociedades y otras corporaciones, comprenden múltiples facetas y, además, se han internacionalizado. Ni siquiera los juristas pueden aspirar a conocer en su integridad las leyes: los tribunales tienen que especializarse y los abogados se agrupan en grandes despachos o asociaciones para poder dar una respuesta integral a sus clientes.

Sin duda, debemos avanzar en que el Derecho sea comprensible para todos, lo cual es esencial en un Estado de Derecho; pero siendo conscientes de que alcanzar esta meta, quizá hoy más que nunca, es una hermosa quimera. Tomás Moro hablaba de una sociedad en la que «todos conocen las leyes, pues estas, como he dicho, son pocas y su interpretación más simple pasa por ser la más equitativa». Nos parece que a esa sociedad hay que aspirar; pero sin olvidar que el autor la llamó Utopía.

* Javier Alonso-Morgado Alonso es abogado de Montero Aramburu