Por una mayor transparencia en la Abogacía

Una de los problemas de carácter estructural de los colegios profesionales, como son los de la abogacía, es la creciente desafección de los colegiados respecto de las instituciones que les representan, hasta el punto de que, si definitivamente la colegiación terminara por no ser de carácter obligatorio, acabarían por desaparecer estas imprescindibles instituciones para la buena salud de la profesión y para garantizar la calidad del servicio profesional contratado por el ciudadano. Es un problema que aqueja especialmente la profesión de abogado, donde la mayoría de sus colegiados no se sienten representados por su institución colegial, tal como lo demuestra la escasísima participación en los comicios electorales que se van celebrando periódicamente.

Lo más sorprendente de la cuestión es que es un problema que tiene fácil solución. A mayor transparencia de las instituciones colegiales, mayor confianza se genera en el colegiado, percibiendo esta mayor cercanía respecto de la institución que le representa. No hay más secreto que ese.

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¿Por qué existe esta preocupante desafección?

Tan pronto la institución es percibida por el colegiado como un ente ajeno que solamente beneficia a quienes ostentan cargos representativos de dicha institución, a modo de institución no inclusiva, y ante la mínima duda, por pequeña que sea, de sus representantes puedan estar prevaliéndose del cargo institucional para fines personales, la desafección que sobrevuela el ambiente es absoluta, de carácter irreversible y el daño para la profesión irreparable.

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Los colegiados debemos exigir una imagen inmaculada de la institución colegial por parte de quienes representan los más nobles cargos representativos. En este sentido, no es suficiente con que no se produzcan irregularidades en su gestión. No puede existir ningún atisbo de duda en el colegiado sobre la existencia de posibles irregularidades; de ahí la relevancia de hacer un esfuerzo institucional por adoptar todos los mecanismos que estén a su alcance para dotar de la máxima transparencia a la institución. En este sentido, no es suficiente con dar cuenta a los colegiados que la integran anualmente de los resultados económicos de la institución. Deben adoptarse muchos otros mecanismos adicionales que velen por dicha transparencia colegial. Mecanismos que demuestren que estamos ante una institución democrática y participativa, en la que todos somos compañeros de profesión, evitando estructuras orgánicas de carácter jerárquico más propias de partidos políticos.

¿Cómo dotar de mayor transparencia a nuestros colegios profesionales?

Adoptando más mecanismos de representación directa de los colegiados para que se sientan parte activa de dicha institución, instaurando medidas tan elementales como el voto electrónico para una mayor agilidad y eficacia en su funcionamiento ordinario. Por ejemplo, mediante medidas tan elementales como hacer partícipes a los colegiados y colegiadas de los reconocimientos profesionales que concede la institución anualmente, a modo de medallas u otros galardones honoríficos.

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Otro derecho fundamental del colegiado que merece una mayor protección institucional es el derecho de información. El colegiado o colegiada debe poder conocer las tripas de la institución de la que forma parte. Por ejemplo, en cuanto a la formación que se imparta, que constituye una pieza clave en el ejercicio de la abogacía, es elemental que el colegiado pueda conocer cuánto cobra el ponente de turno y que pueda participar activamente en la configuración de dicha formación, garantizando de este modo que se imparta la formación en beneficio exclusivo del colegiado.

Ello revierte también en una formación de calidad que atiende a criterios estrictamente meritocráticos en la elección de los ponentes, prestigiando a su vez a la institución colegial organizadora. En este sentido, es indispensable que existan secciones colegiales especializadas por disciplinas jurídicas que gocen de una autonomía real, garantizando su participación activa en toda la formación impartida, evitando así una concentración de poder en las más altas instancias de gobierno de la corporación que puede generar suspicacias innecesarias entre los colegiados y colegiadas, y garantizando a su vez una participación abierta, dinámica e inclusiva de los compañeros y compañeras. Los órganos de gobierno no deben organizar ni dirigir la formación que se imparte, sino tan solo fiscalizarla para garantizar su calidad.

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Por otro lado, es preciso evitar en la medida de lo posible tratar de ejercer el cargo representativo de forma personalista, dando una apariencia de jerarquía, en vez de la deseable cercanía entre los colegiados y colegiadas. Al final y al cabo, no podemos perder de vista que somos compañeros y compañeras de profesión. El decano o decana no tiene que ser un líder, tiene que ser un buen gestor de los intereses colegiales, no se le exige más que eso. Hay que huir de los personalismos so riesgo de generar mayor desafección. Reitero. Los colegios no son ni deben ser partidos políticos.

En definitiva, se trata de adoptar medidas sencillas y sin coste y de carácter elemental en toda organización de carácter democrático. El problema es por qué no se adoptan si son tan elementales y razonables. Más pronto que tarde lamentaremos no haberlas adoptado y entonces ya será tarde y no tendremos quien vele por la salud de esta noble profesión.

* Alejandro Fuentes-Lojo Rius es abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.